Presos cumplen 2 días en huelga de hambre; respuesta a familiares en una semana

Custodios de La Palma niegan la entrada al comisionado de la SSP

La CNDH envió un grupo de visitadores al penal y adelanta que hará un pronunciamiento

ISRAEL DAVILA, CLAUDIA HERRERA Y CAROLINA GOMEZX

Las protestas de los presos ya provocaron la primera reacción de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, con el envío ayer de un comisionado para verificar el estado que guardan los reos, quienes desde el jueves pasado iniciaron la huelga de hambre.

De acuerdo con Leonel Lobo, abogado defensor del presunto narcotraficante Oscar Malherbe, el comisionado de la SSP acudió después de cuatro meses de que los internos del módulo 1 mandaron un escrito a Carlos Tornero Díaz, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal, por las condiciones de reclusión en que se encontraban. En este módulo se encuentran los presuntos narcotraficantes Rafael Caro Quintero, los hermanos Pedro y Gerardo Lupercio Serratos, Miguel Angel Félix Gallardo y Gilberto Ontiveros, entre otros. Sin embargo, la visita del funcionario federal fue negada por el personal de custodia del penal de máxima seguridad.

La presencia de familiares en el penal de La Palma disminuyó ayer debido a que varios de ellos acudieron a la SSP para pedir una explicación sobre las nuevas disposiciones del centro penitenciario. En una junta privada -que se extendió por poco más de 40 minutos y tuvo lugar alrededor de las 12:30 horas-, los 30 parientes de los reclusos expusieron ante el director de los penales federales, Carlos Tornero, los argumentos por los cuales se debería retomar el antiguo horario, que contemplaba visitas de 9 de la mañana a 9 de noche.

El funcionario federal escuchó las demandas y solicitó a los inconformes esperar algunos días para que la dependencia les dé una respuesta. Agregó que en los casos extremos, en que se requieran notificaciones judiciales por cuestiones de término judicial, se continuarán brindando las facilidades necesarias a los abogados. En los otros casos, el encargado de los centros penitenciarios se comprometió a estudiar las medidas adoptadas para que en una reunión, que se llevará a cabo la próxima semana, la dependencia cuente con una respuesta a las peticiones. Asimismo, exhortó a los familiares de los reos a hacer sus peticiones particulares en las oficinas del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Los familiares nombraron como sus representantes ante la dependencia a Teresa Hernández y a Cruz Arteaga.

Por otro lado, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudieron ayer al penal de máxima seguridad de La Palma para recabar testimonios de los presos que cumplieron su segundo día en huelga de hambre, en protesta por la reducción de los horarios de visita de familiares y abogados y por los presuntos abusos de que son objeto por parte del personal del centro penitenciario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado que en respuesta a una denuncia telefónica, un grupo de visitadores -entre ellos un perito médico- recabó testimonios de los reos del Centro de Readaptación Social de Alomoloya de Juárez, por lo que se emitirá un pronunciamiento en cuanto concluyan las investigaciones.

La inconformidad de los presos se originó el primero de enero, porque el horario de visita de familiares y abogados se restringió hasta las 3 de la tarde, cuando las visitas se extendían antes hasta las 9 de la noche. Además se prohibió la entrada de alimentos al penal, así como de libros, revistas y periódicos para los internos.

La esposa del presunto jefe del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, Ruth Serrano Corona, confirmó que la huelga de hambre permanece en los ocho módulos, en el área restringida de máxima seguridad y en el Centro de Ordenación y Clasificación.

Varios abogados que visitaron a sus clientes, como Carlos Mateos, defensor de Carlos Palomar Márquez -acusado de delitos contra la salud- indicaron que presentarán amparos ante la justicia federal por las nuevas determinaciones del centro penitenciario de máxima seguridad.

Leonardo Oceguera Jiménez, abogado de los hermanos Francisco y Benjamín Arellano Félix, aseguró que este tipo de recursos caerán "como cascada" a los juzgados de distrito, ya que aunque es una cárcel de máxima seguridad, las nuevas disposiciones violan las garantías individuales de los internos y sus familiares.

"Estas nuevas disposiciones afectan el trabajo de la defensa, y todos los
reos tienen el derecho constitucional a una buena defensa, sin intervenciones de ningún tipo. Ahora los abogados o venimos con nuestros clientes o vamos a los juzgados, porque con la reducción de horario ya no podemos hacer las dos cosas", explicó Silvestre Jasso, defensor de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Otros familiares, quienes pidieron el anonimato, mostraron preocupación por las represalias que puedan sufrir los inte8rnos por esta inconformidad, y apuntaron que en el centro se percibe un ambiente tenso. Ahora, la mayoría de los visitantes tardaron entre una hora y media y dos horas para poder ingresar al penal, cuando regularmente el lapso no es
superior a una hora.

Uno de los abogados, Leonel Lobo, señaló que tardó dos horas en poder ver a su cliente, Pedro Lupercio Serratos, ya que en la aduana le indicaron que todos los locutorios estaban ocupados, "pero mi sorpresa fue que al entrar sólo tres estaban ocupados. Esto es una evidente respuesta a las protestas y aunque no hay represalias directas contra los internos, sí están perjudicándolos con este tipo de actitudes", acotó.