El peor precedente en la historia política estatal: diputado

Presentará el sol azteca recurso contra veto del gobierno de BC a dos decretos

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 3 de enero. El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, anunció que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el veto que el gobernador del estado, el panista Eugenio Elorduy Walther, aplicó ayer a dos reformas legales aprobadas por mayoría en el Poder Legislativo.

Dijo que "el Ejecutivo estatal no mostró su talante democrático al intervenir en la labor del Congreso; además ha dejado el peor precedente en la historia política del estado''. Apuntó que la decisión del Ejecutivo estatal es inconstitucional, ya que representa la intromisión de un poder en la vida de otro.

El jueves, el gobernador vetó dos decretos aprobados por mayoría en el Congreso local relativos a reformas a la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo y a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar para el estado.

El secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez Aguirre, señaló que la administración estatal informó que con relación al decreto 124 emitido por la 17 Legislatura de fecha 26 de noviembre de 2002 y recibido por el Poder Ejecutivo el 24 de diciembre del mismo año, mediante el cual se aprueban reformas, derogaciones y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, "se observó el proyecto que fuera aprobado por el Congreso, por lo cual se negó su sanción y se devolvió para examinarlo y discutirlo".

Lo anterior, toda vez que, según el gobierno estatal, se advirtió en su contenido la contravención a lo dispuesto por la Constitución local, al pretender eliminar la facultad del Congreso en pleno, para nombrar y remover al contador mayor de Hacienda, al violentar el orden constitucional para cuya salvaguarda debe atenderse en primer término a lo dispuesto por la carta magna de Baja California.

Asimismo, el Ejecutivo estatal observó el proyecto de ley de prevención y atención de la violencia familiar para el estado en virtud de que, alega, contraviene los lineamientos y directrices que establece la Constitución local con relación a la autonomía de los municipios, toda vez que en el referido proyecto se prevé la estructura orgánica de aplicación de la propia ley, cuya determinación corresponde a cada ayuntamiento de acuerdo con la Constitución política estatal y a la Ley de Régimen Municipal.

Sobre el veto a Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar para el estado de Baja California, el diputado perredista dijo que en este caso el gobernador ha dejado en claro su compromiso con los grupos ultraconservadores, además de que es reflejo de su política gubernamental.