La iniciativa irá al Parlamento, que
daría luz verde
Aprueban en España anteproyecto de ley que aumenta
penas a etarras
PL Y DPA
Madrid, 3 de enero. El Consejo de Ministros de
España aprobó hoy un anteproyecto de ley que reforma el Código
Civil, con lo que busca hacer cumplir íntegramente las condenas
por terrorismo y otros delitos graves y aumenta las penas máximas
de prisión de 30 a 40 años.
El presidente del gobierno español, José
María Aznar, había anunciado a principio de semana la intención
de reformar el Código Penal para elevar la pena máxima de
prisión que deberán cumplir los miembros de la organización
separatista vasca ETA.
Ademas, la medida establece un "periodo de seguridad"
que los condenados a más de cinco años tendrán que
cumplir para acceder a una reducción de penas o condiciones carcelarias
menos severas.
Esta iniciativa deberá pasar ahora el trámite
en el Parlamento, donde se da por descontada su aprobación, pues
además de contar con el respaldo de la mayoritaria bancada del Partido
Popular tiene apoyo del opositor Partido Socialista Obrero Español
y otras formaciones menores, y sólo es rechazada por Izquierda Unida
y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
En conferencia de prensa al término de la reunión
del Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Justicia, José
María Michavila, señaló que con esta disposición
"el Estado democrático tendrá un nuevo instrumento" para
luchar contra ETA.
Los terroristas del grupo armado cumplen una media de
40 por ciento de sus condenas, añadió Michavila. "Ni un solo
terrorista ha cumplido íntegramente su condena por asesinato", agregó
para justificar la iniciativa del Ejecutivo.
Añadió que las condenas se cumplirán
de manera "íntegra y efectiva" para los casos de terrorismo y los
delitos más graves vincula el patrimonio personal de los acusados
a la indemnización de los daños provocados a las víctimas.
Eso quiere decir que los terroristas presos deberán
indemnizar directamente a sus víctimas.
Dirigentes del PNV han calificado la iniciativa de electoralista
y de intento por desviar la atención de la opinión pública
sobre los problemas más importantes de la actualidad.
Algunas organizaciones de juristas han hecho también
observaciones a este proyecto de ley; advirtieron, sobre todo, que no aporta
novedades a lo que ya establecen los instrumentos jurídicos existentes.