Víctor Quintana se dice perseguido político; lo acusan de un bloqueo

Asedia la PGR a líderes de protestas campesinas en Morelos y Chihuahua

La manifestación en la frontera fue pacífica y no impidió el tránsito, alega

ANGELES CRUZ, MIROSLAVA BREACH Y RUBEN VILLALPANDO REPORTERA Y CORRESPONSALES

Líderes campesinos que participaron en las protestas efectuadas en el Puente Internacional de Córdoba, en Ciudad Juárez, y en la carretera Cuernavaca-México son acosados por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este mediodía, en la línea fronteriza, a unas horas de que se levantara el ayuno organizado por el movimiento El campo no aguanta más, dos agentes del Ministerio Público pretendieron entregar un citatorio al dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), Víctor Quintana, a quien se acusa de bloqueo a las vías federales de comunicación.

Presuntamente, la denuncia contra el líder fue interpuesta por Jorge Centeno Solorio, comandante de la Policía Federal Preventiva. Héctor Espinoza Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal (MPF), advirtió a Víctor Quintana que, junto con él, los dirigentes Víctor Suárez (de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras); Pedro Torres (del FDCCh); Alfonso Valenzuela (de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas), y Miguel Colunga (del FDCCh), recibirían en breve los citatorios para responder a la acusación, "grave", según el propio miembro del MPF.

A esta situación se agregan las denuncias interpuestas en contra de los dirigentes campesinos de Morelos que piden indemnización por los siniestros naturales que terminaron con sus cosechas.

El Comité pro Mejoramiento del Agro Nacional (CMAN) denunció en Ciudad Juárez que la PGR y la Agencia Federal de Investigaciones son responsables de la persecución política contra más de 100 líderes y campesinos que han participado en movilizaciones de protesta. Sergio Conde Varela, defensor del representante del CMAN, Armando Villarreal Marta, preso desde hace seis meses por los delitos de motín, robo y daños, expresó que el MPF está integrando las averiguaciones de "manera soterrada" para amenazar a los agricultores y evitar las protestas. A la fecha, 16 comisariados ejidales han sido acusados del delito de motín político.

En entrevista con este diario, Víctor Quintana dijo que la acusación en su contra es una cuestión política: "yo soy un perseguido político", afirmó. El dirigente aseguró que la protesta fue pacífica y en ningún momento se impidió el tránsito de vehículos y personas. El bloqueo, según pudieron constatar los presentes en la línea fronteriza, se originó del lado estadunidense, cuando la policía de aquel país detuvo preventivamente el tráfico durante un par de horas.

"Esto es un acto de represión, de incongruencia total del gobierno, ya que por un lado dice que está dialogando y negociando por el bien del campo, y por otro manda un citatorio", declararon agricultores que se manifestaron en el puente internacional.

Ante la negativa de Quintana a recibir el citatorio, los agentes de la PGR procedieron a filmarlo y amenazarlo. Aunque el líder consideró la posibilidad de salir del país mientras su abogada, Lucha Castro, tramita un amparo, finalmente decidió quedarse y asistir hoy a la reunión nacional del movimiento El campo no aguanta más, en la ciudad de México.

Según Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, el día que comenzó el plantón el comandante de la PFP que supuestamente levantó la denuncia contra Víctor Quintana se presentó en el puente de Córdoba en estado de ebriedad y "tuvo una actitud prepotente hacia los manifestantes, e incluso hacia la policía de Estados Unidos".