Con la imposición del Paquete de Ajuste Estructural de la economía mexicana por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en agosto de 1982, comienza la guerra contra la agricultura mexicana.

La primera andanada de medidas de ajuste en la agricultura liberó los precios de los insumos agrícolas, la maquinaria y los energéticos. Se controlan los precios de garantía y se reducen la inversión y el gasto públicos en el campo. En 1986, con el ingreso de México al GATT, se abre la economía nacional a las importaciones agroalimentarias.

Con Salinas en el poder, se inicia la segunda andanada de medidas. Uno de los altos representantes del salinismo resume la postura al decir: "En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 millones". Todo está dicho. La estrategia salinista hacia el campo se centra en dos políticas: privatización del agro mediante la contrarreforma de 1992 y negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Sólo las organizaciones campesinas independientes, y luego la rebelión del EZLN en Chiapas se atreven a criticar la utopía librecambista de Salinas.

Zedillo continúa la guerra. Desaparece los pocos precios de garantía que quedaban, continúa la apertura comercial, tolera las importaciones más allá de los cupos permitidos, reduce más el presupuesto agrícola y cierra Conasupo. Entre 1982 y 2001 la inversión en fomento agropecuario se reduce en 95.5%, el gasto público en un 73.3%, el crédito agropecuario en un 64.4%.
 

Los daños

Si nuestros políticos se hubieran propuesto explícita e intencionalmente acabar con la agricultura nacional, no lo habrían hecho con más eficacia. Según José Luis Calva, la producción de alimentos per cápita se ha derrumbado ostensiblemente desde la puesta en marcha de las políticas de ajuste: entre 1981 y el 2001, el producto interno bruto agropecuario y forestal per cápita disminuyó en 14.3%.

El tTLCAN significó incrementar las importaciones agroalimentarias. En 1995, importamos de Estados Unidos 3 254 millones de dólares y exportamos 3 835 millones. En 2001, nuestras importaciones se dispararon a 7 415 millones de dólares y nuestras exportaciones a 5 267 millones.

México ya no tiene soberanía alimentaria. Importa 95% de la soya de consumo y la dependencia en arroz llega a 58.5%, en trigo al 49%, en maíz a 25%. Importamos el 40% de la carne que consumimos.

El valor real de los productos del campo se ha derrumbado. Entre 1985 y 1999 el maíz perdió 64% de su valor y el fríjol 46%, sin que esto significara de ninguna manera un abaratamiento de la comida.

Los habitantes del campo mexicano se han empobrecido aún más. De los 8.2 millones de mexicanos que trabajan en él la mayoría está en pobreza extrema, según Sedesol. En 1992, el 41.8% estaba en pobreza de capacidades, ahora el 50%.

Según Sedesol, un promedio de 600 campesinos dejan su tierra cada día, expulsados hacia las ciudades y Estados Unidos. Un campo sin campesinos, el sueño salinista cumplido.

Ofensiva final y resistencia

La contundencia de estas cifras no ha mellado el blindaje cerebral de Fox y su secretario de Agricultura. Siguen reciclando las mismas políticas de Salinas y de Zedillo hacia el campo. Piensan que su llamado a que los productores actúen como empresarios competitivos será suficiente.

El 13 de mayo se promulga en Estados Unidos la Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Agrícola (Farm Bill) que eleva hasta en un 80% los subsidios, sobre todo a la exportación. Las corporaciones del agronegocio tendrán un sustantivo apoyo para invadirnos con sus productos. El presupuesto neto de Washington para su sector agropecuario ascenderá a 118 mil millones de dólares en 2002 contra sólo 3 500 que ejercerá el gobierno de Fox. Más de 20 veces más cuando nuestra agricultura sólo es un sexto de la estadunidense.

El primero de enero próximo se desgravarán por completo todas las importaciones agroalimentarias procedentes de los países del TLCAN, salvo el frijol, el maíz y la leche en polvo que lo harán en 2008. Cero cuotas y cero aranceles para lácteos, carnes, frutas, verduras, granos, oleaginosas.

Ante esta ofensiva y después de mucho hablar, el gobierno de Fox propuso el 18 de noviembre un blindaje agropecuario. Pueden ser medidas interesantes, pero nada que de verdad proteja nuestra agricultura. Se manejan mañosamente partidas presupuestales, no hay un sólo centavo de recursos frescos. Todo lo contrario. El presupuesto de la Secretaría de Agricultura se reduce en términos reales cuando menos en un 7%.

Por eso, doce organizaciones campesinas proponen un verdadero blindaje desde abajo. Es un plan de Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano.

Parten de que no es posible reconstruir nuestra agricultura y nuestra economía sin una tregua en esta terrible guerra.

La primera propuesta es la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Esto implica que el Senado declare una emergencia social, económica y ambiental para el campo mexicano y de acuerdo con el capítulo viii del tlcan decrete su suspensión provisional durante tres años, tiempo para reconstruir las cadenas productivas alimentarias básicas. Simultáneamente el Senado deberá instruir al presidente de la República para que inicie la renegociación del tlcan en materia agropecuaria en términos que no afecte nuestra soberanía alimentaria ni las condiciones de vida de las familias campesinas.

Debe instrumentarse una serie de medidas de fomento para reconstruir nuestra devastada agricultura: organizar una Comisión de Estado, con participación del Ejecutivo, el Legislativo, los productores, las universidades y centros de investigación y planear el desarrollo del sector agropecuario con carácter de emergente para 2003 y su reforma estructural para 2020. Se requiere incrementar sustancialmente el presupuesto destinado al sector, del 0.6% al 1% del pib. También demandan una nueva financiera rural, una verdadera banca social de fomento.

Se exige también implementar políticas que garanticen a los consumidores mexicanos la inocuidad y la calidad en sus alimentos y el cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura de los pueblos indios.

Las Seis propuestas las firman UNORCA, CIOAC, CNPA, FNDAM, CODUC,ANEC,AMUCCS, MOCAF, FDC, CNOC, CEPCO Y UNOFOC.  El 2 de diciembre dan a conocer las jornadas de lucha El campo no aguanta más, junto con otras dos organizaciones: El Barzón y UNTA. El mismo día se manifiestan en el Monumento a la Revolución. En la asamblea anual de ANEC presentan sus planteamientos a los presidentes de comisiones legislativas relacionadas con el campo y al subsecretario de Sagarpa, Antonio Ruiz.

El 3 de diciembre más de 2 500 productores son recibidos en la Cámara de Diputados por los legisladores del PRI y el PRD, quienes escuchan las seis propuestas. Los campesinos marchan a la Embajada de los Estados Unidos, donde entregan un documento que declara la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Productores de Chihuahua y de Veracruz se quedan tres días más en San Lázaro en un campamento con 20 vacas.

Las organizaciones del movimiento El campo no aguanta más evaluarán continuamente la respuesta a sus demandas. Si el Senado no declara al campo en situación de emergencia para que proceda la declaración de moratoria al capítulo agropecuario del tlcan piensan bloquear carreteras y puertos.

La resistencia apenas comienza. Estamos en tiempos de guerra. No en vano Bush le llama a su nueva ley agrícola Ley de Seguridad para las Granjas. Y declara al promulgarla: "Un país es fuerte cuando produce sus propios alimentos". Desde 1982 Los diferentes gobiernos de México han traicionado a la patria entregando el arma alimentaria al extranjero. Ahora los campesinos hacen un llamado a defenderla. El Ejecutivo sigue ciego y sordo como en tiempos de Salinas. Veremos qué hacen el Legislativo y la sociedad civil. Que nuestra patria produzca sus propios alimentos y ofrezca condiciones de existencia digna a quienes los producen es el principio de la paz.