La política de Fox para el servicio público de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento, es privatizarla, respondiendo a compromisos con organismos internacionales. Desde el servicio se controlará el aprovechamiento y manejo del agua en los afluentes y acuíferos. Es la misma política de Salinas y Zedillo.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se basa en la economía de oportunidades, donde la actividad financiera internacional y la inversión extranjera son los motores del cambio. El gobierno se obliga a profundizar la desregulación y simplificación administrativa para asegurar la inversión. El Plan Nacional Hidráulico de Fox y su Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua), parten de la participación de la iniciativa privada en el abasto de los servicios del agua mediante contratos, empresas mixtas o títulos de concesión.

Las autoridades estatales y municipales, junto con sus organismos operadores, firman convenio con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y Banobras, comprometiéndose a modificar su marco jurídico para asegurar la participación del sector privado. Deben además subir las tarifas para incluir costos de operación, mantenimiento y recuperación de la inversión. Se hacen entonces acreedores de apoyos del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), de Banobras, y de los recursos de fondo perdido del CNA, que en algunos casos es del 75%.

Estos cambios estructurales siguen los lineamientos de los organismos de crédito multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Japonés (JBID), con la visión al año 2015 y 2025 del 2º Foro Mundial del Agua de la Haya de marzo del 2000, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de la Cumbre de Johannesburgo.

Los cambios de Salinas en 1992 al artículo 27 constitucional, en el párrafo sexto y fracción I, posibilitaron la concesión a particulares y extranjeros, para el uso o aprovechamiento de los recursos.

La Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 20, 24 y 102 considera de interés publico la participación de particulares: la CNA les puede otorgar concesiones por 5 a 50 años para operar la infraestructura construida por el gobierno, o construirla y en ambos casos prestar el servicio de agua (artículos 160 y 161 del Reglamento).

En el PND 1995-2000 de Zedillo se propuso la descentralización de funciones y recursos, y fueron las Comisiones Estatales de Agua quienes los asumieron con la obligación de adecuar sus leyes estatales, según la propuesta genérica de ley de agua proporcionada por la CNA, que para septiembre del 2000 la había promovido en 22 estados, fortaleciendo las Juntas Municipales de Agua Potable y sus organismos operadores, con una visión del agua al año 2025. Así se coló el sector privado en el servicio del agua.

En 1991 Naciones Unidas crea el Secretariado Internacional del Agua, con políticas de descentralización y desregulación. En 1992 en la Cumbre de Río nacen el Foro Paralelo sobre el Agua y los Foros de la Red Internacional de Organismos de Cuenca, que en el Capitulo 18 de la Agenda 21 acordaron retomar la Declaración de Nueva Delhi de 1990 sobre el agua, la ordenación global basada en las cuencas, y que para el año 2000 se establecieran las nuevas estructuras institucionales y jurídicas con miras de alcanzar sus objetivos y metas para el año 2025.

Qué se pretende con estos cambios

La privatización del agua se inicia a finales de los ochenta en Francia, y a principios de los noventa en Inglaterra (y otros países desarrollados). Sus empresas y capitales emigran a varios países como Chile, en donde las empresas ESVALy ESSEL pertenecen a la Anglian Water, operan con recursos de la estructura de bancos de fomento y multilaterales (BM y BID), dineros del gobierno y del sector privado nacional y extranjero, y desde luego desregulan las leyes nacionales. Inglaterra llegó a estimar el mercado global del servicio de agua en 440 billones de libras esterlinas para el año 1995 a 2005.

El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 1994, estima el lucrativo mercado mundial de servicios en 3.5 trillones de dólares en salud, 2 trillones en educación y 1 trillón de dólares en el servicio de agua. Lo anterior significa que el 15% de la población (países desarrollados) consume el 56% del agua total; el 40% de la población mundial más pobre consume el 11% del agua total. En otras palabras, 800 millones de personas contaron con agua potable, 1 100 millones no disponen del servicio, pero 2 mil millones de personas carecen de agua. La falta de servicio, la carencia de agua, se han convertido en el lucrativo negocio mundial, ubicado en los países subdesarrollados y el ex-bloque soviético. Por esta razón, el BM prestó 1 300 millones de dólares para el servicio del agua en América Latina y el Caribe, bajo la estructura de BM+gobiernos+sector privado+reforma regulatoria.

En 1994 Colombia decreta su Ley 142/94 y en 1995, en Cartagena, se inicia la privatización del servicio de agua; para 2001 ya existían 50 empresas privadas.

En Argentina el BM y BID inician una transferencia sin control del servicio de agua al sector privado. Empezó en Buenos Aires y actualmente el 3.25% de las empresas concesionadas proveen el 61% del servicio.

En varios países como Venezuela, los créditos internacionales tienen 5 años de gracia y 20 años de amortización. Entonces la "visión 2025" responde a los intereses financieros y no a la demanda social del servicio de agua.
 
 

Lo que nos espera

En marzo de 1999 en Antigua, Guatemala, el SELA, el BM, la agencia española AECI y 16 países entre ellos México, acordaron la privatización y adecuación de los marcos regulatorios de los sectores: infraestructura de autopistas, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones y agua potable. Cualquier acuerdo bilateral se aplica a todos los países de la OMC con trato de nación más favorecida. Las regulaciones sociales y ambientales de los países se tomarán como obstáculos al libre mercado.

En 2000 la empresa holandesa Bechtel, demandó a Bolivia por 25 millones de dólares por la pérdida de la concesión de agua, debido a que un levantamiento popular la echó abajo. La empresa Metalclad demandó al gobierno mexicano por 16 millones de dólares por suspenderle un confinamiento de residuos en San Luis Potosí. Lo más peligroso son las negociaciones de Fox para que entren al libre mercado todos los servicios: salud, educación, agua, ambientales y otros, en el ALCA, y el GATS en los acuerdos de la OMC, que se tendrán en Cancún en septiembre del 2003.

En México, del año 1990 al 2000, 24 estados reformaron sus leyes estatales de agua potable, otros tres las volvieron a cambiar. Hay un nuevo reglamento y una ley para el municipio de Acapulco, con el consiguiente incremento de tarifas, y seis casos de participación del sector privado.

El acueducto de Cancún lo construyeron con capital argentino Desarrollos Hidráulicos y Aguakan del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y el gobierno estatal, mediante Asociación en Participación. En 1993 al GMD se le otorgó la concesión integral del agua potable de Cancún por 30 años. GMD tiene los desarrollos turísticos de Islas Mujeres, las licitaciones de la autopista Venta de Carpio. Con Tribasa controla el Ecotren y como Protur el megadesarrollo turístico y residencial de Punta Diamante en Guerrero, entre otros. En 1999 gmd vende el 49.9% de su participación a la empresa Azurix.

Roberto González y Jim Cason (La Jornada, 25 de enero de 2002), afirman que Enron es propietaria del 50% de Azurix, y que también Enron adquirió el 49% de Holdings Industrias del Agua que abastece de agua a la ciudad de México. Lo cierto es que desde 1999 cuatro empresas --francesa, inglesa, canadiense y estadunidense--, trabajan en la Comisión de Aguas del DF facturando y cambiando redes. Estas mismas empresas negociaron con el actual gobierno y los diputados, y ya existen 4 iniciativas de Ley de Aguas para el DF para que participe de lleno el sector privado.