Alejandro Nadal

Bioseguridad: regalo para la industria de la biotecnología

Este año la Navidad quiere adelantarse para la industria de la biotecnología. El regalo ya podría estar en el Senado, bajo la forma de una ley de bioseguridad. Y es que la iniciativa presentada por el PRI, el PAN y el PRD está hecha a la medida de las necesidades de la industria de la biotecnología.

La emisión de organismos genéticamente modificados (OGM) al medio ambiente o su uso generalizado en la industria es esencial para la biotecnología. Pero los riesgos que rodean esta liberación son objeto de intenso debate en el seno de la comunidad científica. Además, la percepción de que esos riesgos son inaceptables se ha difundido entre el público y consumidores. Por eso, la industria biotecnológica no puede pasar todavía la prueba del mercado.

El documento sobre bioseguridad que se discute en el Senado afirma que "cumple con los elementos estructurales y de contenido establecidos en el Protocolo de Cartagena". Pero es falso.

La iniciativa desconoce por completo el principio de precaución, quizá el componente más importante del protocolo. Ese principio establece que la falta de certeza científica no justifica postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del medio ambiente cuando hay peligro de daños graves e irreversibles. En el Protocolo de Cartagena el principio tiene un alcance mayor y se aplica también a la importación de OGM.

El principio de precaución ni siquiera es mencionado en la iniciativa. En cambio, destaca en su texto un supuesto principio de "paso a paso" (entrecomillado en el original), según el cual los OGM a ser liberados se someten a pruebas en cada etapa, desde la liberación experimental y a escala piloto, hasta la comercial. Eso es algo muy diferente al principio de precaución y revela que este proyecto de ley es, en realidad, un instrumento para desregular la industria de la biotecnología y alcanzar la liberación generalizada de OGM.

Es normal que los autores de esta iniciativa ignoren el principio de precaución. Para ellos, la premisa fundamental es que la biotecnología será "piedra angular del crecimiento de México en el siglo XXI", clave para "la solución de problemas y demandas de la mayoría de la población" y "palanca del desarrollo por sus aplicaciones en el sector agropecuario, la salud humana, la industria y el medio ambiente", como se dice en la exposición de motivos. Esta demagogia es preocupante, sobre todo si ha sido avalada por investigadores que proclaman su apego a los cánones de la ciencia a diestra y siniestra. Lo cierto es que con esas premisas es normal que la iniciativa de ley busque desregular la biotecnología y hacer más expedita la liberación de OGM al medio ambiente. Pero eso tiene muy poco que ver con la bioseguridad.

Quizá el principal defecto de la iniciativa es que no declara que se trata de una ley de orden público e interés social. Una ley sobre bioseguridad regula bienes que se encuentran en el ámbito del orden público. No se trata de una ley sobre relaciones entre particulares, sino de una ley cuya materia es la salud pública, el medio ambiente, la producción agrícola e industrial y el medio ambiente y los recursos naturales. Por eso es de orden público. Y eso cambia todo.

Los promotores de la biotecnología sostienen que no están obligados a demostrar que sus OGM no causan daños a la salud o al medio ambiente y que la carga de la prueba de que no son inocuos está del lado de sus detractores. Eso podría tener sentido en el caso de una ley sobre relaciones entre particulares, pero no en el caso que nos ocupa. Corresponde claramente a la industria demostrar fehacientemente que sus OGM son inocuos.

Pero el procedimiento contemplado en la iniciativa para obtener permisos de liberación de OGM adolece de varios defectos graves. Las solicitudes de los interesados deben acompañarse de un estudio de los "posibles riesgos" derivados de la liberación experimental. Por supuesto, los involucrados estarán "interesados" en mostrar que todo está bien. Y la iniciativa no dice nada sobre cómo va a llevarse a cabo una contraevaluación para que los estudios no sean simples simulaciones. Tampoco dice cómo se va a dar acceso a esos estudios para abrirlos al escrutinio público, tanto por parte de la comunidad científica, como de las comunidades afectadas y la sociedad en general.

En síntesis, la iniciativa tiene múltiples defectos y omisiones de gran importancia y debe ser desechada. El marco regulatorio que pretende construir es débil y contradictorio. Por momentos parece ser más una ley de fomento de la biotecnología que una regulación de la bioseguridad. Lo que puede ser un buen regalo de Navidad para la industria y sus promotores, sería un obsequio envenenado para México.