Hay que crear una esfera de protección, exige ministro argentino en cumbre de cortes
Piden mejor defensa del Poder Judicial
Demandó incluir en la Declaración de Cancún un mecanismo de acciones conjuntas
JESUS ARANDA Y DAVID SOSA ENVIADO Y CORRESPONSAL
Cancun, QR, 29 de noviembre. Los acuerdos, proyectos y buenos deseos adoptados en la séptima Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas se toparon con el reclamo del presidente de la Corte Suprema de Argentina, que solicitaba a sus colegas que en la Declaratoria de Cancún se aprobara la creación de un mecanismo que promoviera acciones conjuntas, cuando algún tribunal supremo sea sujeto de presiones políticas, hostigamiento y agravios de parte de otros poderes del Estado que minen su independencia:
"Las consideraciones solidarias no sirven, hay que crear una esfera de protección; nosotros estamos con el prurito de no comprometernos, a ver si nos empezamos a preocupar por defender al poder judicial, si no vamos a seguir siendo el más débil y el más tonto de los poderes.
"Para esto están las cumbres, para la autodefensa...", dijo molesto Julio Salvador Nazareno, quien se levantó de la mesa en que se encontraban los 21 asistentes al encuentro, encendió su puro se dirigió a la puerta de salida y tuvo a bien regresar a su lugar hasta después de un receso.
Los ministros quedaron impávidos y con sentimientos encontrados, porque el ministro argentino consideró que era insuficiente el llamado oficial que hizo la séptima cumbre que denunció "los agravios llevados a cabo contra las supremas cortes de algunos estados de Iberoamérica (Argentina, Guatemala, Honduras y Paraguay),y actos de descrédito intencionados, fincamiento de juicios políticos y amago de modificaciones constitucionales para controlarlos o acotarlos que constituyen un grave menoscabo a la independencia de los poderes judiciales, afectando el orden jurídico y constitucional".
La falta de consenso surgió cuando al redactar la declaratoria final, el presidente de la Corte de Chile, Mario Garrido Montt, cuestionó el siguiente párrafo que decía que en caso de que se produjeran situaciones como las expresadas por los presidentes de las cortes -el de Argentina se refirió a la intención gubernamental de enjuiciar a los ministros-, para que las instituciones afectadas recurrieran a la Secretaría Pro tempore de la cumbre para que ésta a su vez informara al resto de las cortes y fijaran una posición al respecto.
El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, se sumó abiertamente a la petición del chileno de eliminar de la resolución dicho párrafo. Tuvo lugar un breve intercambio de opiniones y el ministro argentino le recordó a los presentes que la persecución al Poder Judicial no es un asunto nuevo y que precisamente Chile tenía experiencia de ello.
Sin fijar una postura, el presidente de la Suprema Corte de México, ministro Genaro Góngora Pimentel, indicó que si la mayoría lo aprobaba él apoyaría la supresión del segundo párrafo, y que mejor quedara el tema a discusión para la octava Cumbre de Cortes Supremas de Iberoamérica, que se realizará en El Salvador. Sin embargo, un ministro reconoció que en México también se dan situaciones de presiones contra la judicatura federal y confió a este diario que hay una insistente versión en el sentido de que los legisladores panistas impulsan reformas legales para acotar la labor de la Suprema Corte, porque están molestos por las recientes resoluciones en las que le han negado la razón al Presidente de la República.
En lo que sí hubo consenso fue en la aprobación de la "Carta de derechos de las personas ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano", la cual señala que todas las personas tienen derecho a recibir información general actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los procedimientos judiciales; el derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes en los órganos judiciales; los interesados tendrán acceso a los documentos y archivos judiciales que no tengan carácter reservado; el derecho a que las sentencias y resoluciones se redacten de forma comprensible para sus destinatarios.
El juez competente deberá informar a todas las personas sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier situación procesal a la que estuviera convocado; darle preferencia y celeridad a las indemnizaciones económicas de que tengan conocimiento; reconocer el derecho a la persona que hable una lengua indígena a utilizar su idioma como lengua oficial si se encuentra en un órgano jurisdiccional de su comunidad.
Los poderes judiciales se comprometieron también a elaborar un programa de "previsiones con la duración debida de los procedimientos" que conozcan,
Los ministros asistentes resolvieron también que las Secretarías Pro Tempore y Permanente de la Cumbre llevarán a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la Carta.
