El TLC aceleró la caída de la agricultura mexicana: análisis
Creció 77% importación de alimentos, en 6 años
Un documento de la Cámara de Diputados indica que la crisis del sector se agravó por los compromisos con el FMI
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha precipitado la dependencia alimentaria de México respecto de los grandes productores estadunidenses y canadienses, advierte un análisis elaborado en la Cámara de Diputados.
Para 2000 la dependencia en materia de alimentos había crecido 77 por ciento, con un monto de 23 millones de toneladas de cultivos-producto importadas, a diferencia de los 13 millones que ingresaban al país en 1993.
Desde la aprobación en Estados Unidos de la Ley Agrícola de Seguridad de las Granjas -conocida como Farm Bill-, la Cámara de Diputados alertó sobre los riesgos de ese programa para México.
A ese hecho se suma la inminente apertura de la frontera a los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos y Canadá.
En el documento La soberanía alimentaria de México, en riesgo, preparado por la Comisión de Desarrollo Rural, se indica que ''71 por ciento de la población nacional padece pobreza alimentaria'', y ese fenómeno se manifiesta en 90 por ciento de los ciudadanos que habitan en zonas rurales y 65 por ciento de los asentados en localidades urbanas. Aquella situación se sujeta al deterioro de los ingresos de los campesinos y a la caída de la inversión pública y privada.
''En los últimos 20 años se ha dado una caída brutal del gasto público y del crédito privado al sector agropecuario. El gasto actual es apenas de 24 por ciento del de 1980. La caída más pronunciada y reciente del crédito total se inicia en 1995, y apenas hoy es del tercio del crédito otorgado en 1994. Este proceso no ha sido la simple caída de la magnitud total de crédito y de gasto público, sino la caída diferencial por grupos sociales y de tipo de cultivo-producto, afectando mucho más a los pequeños productores (indígenas-campesinos, campesinos-forestales y pescadores artesanales), que a los productores orientados a la producción para la exportación''.
Para 1980, el gasto público en el sector alcanzó 35 mil millones de pesos, y la inversión total se ubicó en 39 mil millones. Diez años después, el gobierno destinó 11 mil millones de pesos, y el crédito total se mantuvo en 39 mil millones. En 1995, las autoridades federales invirtieron 16 mil millones, y el crédito total superó 46 mil millones de pesos. En 2000, los recursos públicos bajaron hasta 9 mil millones, y a esa contracción se sumó la del crédito total, que apenas fue de 19 mil millones de pesos.
De tal forma, a partir de la instrumentación de los compromisos con la banca internacional, sobre todo con la carta de intención ante el FMI, el gobierno inició en 1985 un proceso de reducción de los precios de garantía al productor. El proceso se aceleró a partir de la apertura comercial, incluso antas de entrar en vigor el TLCAN.
''La caída de los precios de los principales cultivos fue drástica. Un ejemplo notable: el precio del maíz, principal cultivo del país, disminuyó 56.7 por ciento entre 1980 y 1999; sin embargo, la caída más severa ocurrió entre 1995 y 1999 (35.1 por ciento). En estos últimos años, la caída no sólo estuvo relacionada con el retiro de los apoyos directos al productor, sino con la entrada masiva de importaciones baratas y subsidiadas de maíz proveniente de los Estados Unidos''.
Algunos de los ejemplos notables de esas reducciones en los precios son los siguientes: el maíz, en 1980, costaba mil ocho pesos la tonelada; en 1990, 941 pesos; en 1995, 731, y en 1999, 474 pesos.
En el caso del trigo, en 1980 se pagaba a 7 mil 328 pesos la tonelada; en 1990, 7 mil 831; en 1995, 6 mil 47; en 1999, 4 mil 440.
Respecto del sorgo, en 1980 costaba 699 pesos la tonelada; en 1990, 527; en 1995, 630, y 1999, 316.
En relación con el frijol: en 1980 se pagaba a 3 mil 36 pesos la tonelada; en 1990, 3 mil 69; en 1995, mil 464, y en 1999, mil 700.
En el documento se manifiesta que la evidente destrucción de la economía campesina y de los productores rurales de alimentos para el mercado interno de México, propiciada por la larga y persistente política de abandono, tanto a la actividad productiva como a la política de desarrollo rural, se ha manifestado aún más a partir de la entrada en vigor del TLCAN, "y uno de sus efectos más peligrosos, en el sentido político y de seguridad nacional, es la destrucción de la soberanía alimentaria del país''.
No obstante, las causas de la problemática no se reducen a las reglas del TLCAN, porque gran parte de ellas se ubican en la aplicación ortodoxa de los programas de ajuste estructural del FMI y del BM, a partir de los ochenta.
''Sin embargo, el abandono creciente de los productores rurales por parte del gobierno y el desmantelamiento de las instituciones políticas de apoyo -por más de tres lustros- crearon las condiciones para que las reglas del TLCAN aceleraran un proceso de dependencia y de crecientes contradicciones sociales, ambientales y políticas en el México rural. De esta manera el TLCAN va adquiriendo una naturaleza geoestratégica o instrumento central del proceso de integración silenciosa en la región de América del Norte. Las reglas negociadas en el tratado, al haber incluido a los granos básicos y otros cultivos sensibles de la agricultura campesina mexicana, han propiciado una creciente dependencia alimentaria de México, respecto de los grandes productores y corporativos estadunidenses y canadienses''.
En términos de las toneladas promedio importadas de 64 productos, éstas crecieron en más de 35 por ciento del total, y de los 22 productos que se redujeron, el decremento significó 12 por ciento en peso.
De los crecimientos más notables destacan, por un lado, los granos para alimento humano (básicos), como para alimentos animal (forrajeros). Sin embargo, el aumento de importaciones se dio incluso en frutas, verduras y legumbres, sectores que el gobierno mexicano ha puesto como ejemplos ganadores de la apertura y desregulación comercial.
