Emplazan al partido a que alegue "lo que a su derecho convenga" sobre el Pemexgate

Acusa el PRI a consejeros electorales de filtrar información sin sustento

Debaten la conveniencia de que las sesiones de fiscalización sean públicas

MIREYA CUELLAR

Los miembros de la Comisión de Fiscalización firmaron ya el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional (PRI) -según fuentes de la comisión le será entregado hoy- para que en un plazo de cinco días (a partir del momento en que lo reciba) alegue "lo que a su derecho convenga" en la investigación administrativa que lleva adelante el IFE en torno al supuesto desvío de recursos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida en 2000.

Algunos problemas de carácter jurídico en la redacción del emplazamiento imposibilitaron que fuera entregado desde el martes pasado. Redactado por el consejero Alonso Lujambio y su equipo técnico, el documento fue impugnado por el consejero José Barragán, quien hizo varias observaciones de carácter jurídico. Por ejemplo, se pretendía que el emplazamiento lo hiciera el secretario técnico de la comisión, Arturo Sánchez, cuando debe hacerlo el secretario ejecutivo del IFE, en su carácter de representante legal del instituto.

El consejero Barragán dijo que no tenía inconveniente en que se emplazara al PRI, pero que había errores elementales que debían ser subsanados porque, de lo contrario, el partido podría descalificar el procedimiento por esos "detalles".

El representante priísta ante el IFE, el senador Fidel Herrera Beltrán, señaló que está "deseoso" de que llegue el emplazamiento para responder que "no hay sustento" en la investigación del IFE porque se basa en el dicho de testigos protegidos "que dicen que escucharon decir mientras estaban en un baño". Además, señaló, el instituto no puede resolver sobre un asunto que está todavía por calificar un juez.

El Pemexgate fue llevado ayer a la mesa de debates del Consejo General del IFE por el PRI, quien pidió, por conducto de Rafael Ortiz, su representante suplente, que se le permita asistir con voz y sin voto a las sesiones de la Comisión de Fiscalización, dado que ello ayudaría a "transparentar el manejo de la información que se produce" sobre ese tema.

El PRI dijo que los consejeros "filtran información a los medios de comunicación en la que se hacen señalamientos y juicios a priori de lo que aún no se ha sustanciado y probado fehacientemente". El enojo de los priístas es porque los medios de comunicación han publicado que la multa a la que se podría hacer acreedor el PRI por este caso sería de mil millones de pesos.

El tema de la probable multa no ha sido tratado en las sesiones de la Comisión de Fiscalización y no hay un solo documento que lo soporte, pero se comenta en las reuniones informales y comidas, en las que se da por hecho que el PRI es culpable y la lógica del razonamiento es que la multa sería de mil millones en función de que es el doble de lo presuntamente recibido ilegalmente. La Comisión de Fiscalización incluye en su normatividad el principio de que la multa o sanción es por el doble de la suma involucrada en el acto ilícito.

La propuesta priísta generó polémica. El consejero Jaime Cárdenas se manifestó por abrir las sesiones de las comisiones del IFE al público interesado -los partidos y la prensa-porque, dijo, una democracia sin transparencia "es una democracia de poca calidad". El consejero Barragán señaló que a él le gustaría que la comisión estudiara la posibilidad de abrir sus expedientes a los interesados. Consideró que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tanto se invoca como argumento para mantener la reserva de los temas que se discuten en las comisiones, "es limitativa, represiva e inaceptable".

La intervención y el tono del consejero Barragán se dieron con motivo de que Alonso Lujambio respondió de entrada al PRI con un rotundo no. Argumentó que los asuntos que el órgano maneja son de naturaleza "adversarial y, por tanto, la ausencia de los partidos es especialmente virtuosa porque ahí se discuten asuntos que tienden a enfrentar a los institutos políticos". Incluso presumió de que la nueva modalidad de la comisión es que en sus reuniones sólo participen los consejeros y el secretario técnico (sin asesores), "para proteger la secrecía" de lo que ahí se trata.

Pablo Gómez, el representante del PRD, dijo que quizá la participación de los partidos con derecho a voz haría difícil, "complicadísimo", el trabajo de la comisión, pero eso no quiere decir que no pudieran ser públicas. "ƑCuál es la diferencia de que se nos permita participar como observadores o se nos entregue posteriormente -como ocurre- la versión estenográfica de la sesión", planteó. Pidió a los consejeros "quitarse algunos pajarracos" de la cabeza y permitirles el acceso a las reuniones de la Comisión de Fiscalización.