Entrega pruebas de descargo en favor de Romero Deschamps, Aldana y Olvera
La defensa de líderes petroleros pide que comparezcan Labastida y otros
El abogado Juan Velázquez demanda el testimonio de Barrio y diversos funcionarios
CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO
La defensa del diputado federal Carlos Romero Deschamps, del senador Ricardo Aldana y del diputado local por Tamaulipas Jesús Olvera Méndez, presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados cinco legajos con las pruebas documentales que consideraron convenientes para sustentar la inocencia de sus clientes y evitar su eventual desafuero, además de demandar 93 comparecencias de diversos funcionarios públicos, entre otros la del ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa; la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes; el ex presidente Miguel de la Madrid; el senador Manuel Bartlett, y el actual titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas.
Este último porque, aseguró el abogado Juan Velázquez, no sólo avaló la auditoría a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que se encuentran los convenios por los cuales le fueron transferidos al sindicato recursos, sino que sugirió al nuevo consejo de administración que también los aprobara.
En la lista están también el titular de Pemex, Raúl Muñoz Leos; Rodolfo Echeverría Ruiz, Rogelio Montemayor, el ex diputado César Nava, Manuel Gómezperalta Damirón, Jorge Díaz Serrano, Mario Gabriel Budebo, así como el ex titular de la Secretaría de Energía en el sexenio de Carlos Salinas, Luis Téllez; el actual titular del IMSS, Santiago Levy, y el ex titular de la Secodam Arsenio Farell Cubillas, así como Enrique Provencio. Se habla de 500 pruebas por indiciado, es decir, mil 500 en total.
El abogado pide además que se lleven a cabo los careos que resulten del desahogo de las declaraciones o ampliaciones de éstas de los 93 mencionados, además de solicitar una ampliación del plazo para el desahogo de pruebas "en la medida que resulte necesaria" y permita la defensa adecuada de los tres implicados.
Las pruebas documentales y los nombres de las personas que de acuerdo con la defensa deberán ser citados para sustentar los argumentos en favor de los líderes petroleros fueron recibidos por la Sección Instructora alrededor de las 18 horas. A partir de ahora deberán determinar si serán aceptadas o no, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente que proponga al pleno el desafuero o no de Romero Deschamps, Aldana y Olvera.
La Sección Instructora no tendría la obligación de citar a las personas sugeridas por la defensa ni éstas tendrían la obligación de asistir a un eventual citatorio, por lo que la ampliación del plazo solicitada por la defensa podría no concederse.
En conferencia de prensa, el abogado Juan Velázquez afirmó que la acusación en contra de sus defendidos, contenida en más de 80 mil fojas, "es la más pobre -y me atrevería a calificarla de miserable- que yo he conocido. Lamentaría que la decisión de desaforar a mis clientes se basara exclusivamente en condicionantes de orden político. Lo hicieron ya con Jorge Díaz Serrano, un hombre honorable, porque entonces el PRI tenía la mayoría; hoy lo quieren hacer en contra de mis defendidos porque juntos PAN y PRD tienen mayoría, pero habría que preguntarse si esto mismo no se lo harán en un futuro al PAN y al PRD", dijo.
Acompañado de la abogada del sindicato petrolero, Odette Mobarak, Velázquez explicó que la acusación en contra de los líderes petroleros pretende trasladar una eventual falta de carácter laboral al terreno de lo judicial, y sostuvo que está absolutamente convencido de que no hay delito ni responsabilidad penal de sus defendidos.
Condenó el hecho de que la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado haya utilizado un "criterio tan rígido" y pretenda convertir el acuerdo entre el sindicato de Pemex y la empresa en un delito bajo el argumento de que los recursos que ésta entregó a los trabajadores "no estaban comprendidos dentro del contrato colectivo de trabajo".
El abogado dijo que la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos suscritos por México permiten la negociación para que los empleados consigan mejores condiciones de trabajo en cualquier momento del año, de tal suerte que un minuto después de haberse firmado el contrato cualquier trabajador está en condiciones de pedir a la empresa algún tipo de incremento o beneficio adicional.
Mencionó que en este supuesto se encuentran los convenios mediante los cuales Pemex entregó al sindicato más de mil millones de pesos y que las autoridades judiciales señalan como un delito por no encontrarse dentro del contrato colectivo de trabajo.
"Esto es un asunto por demás grave, ya que cualquier negociación que cualquier empresa y cualquier sindicato lleven a cabo al margen de su contrato podrá ser calificada por la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada como delito, convirtiendo al trabajador, por pedir, y al empleador, por otorgar, en delincuentes."
A su vez, Odette Mobarak intentó explicar que los recursos pagados por Pemex para resarcir diversos incumplimientos al contracto colectivo de trabajo y como parte de préstamos solicitados por el sindicato no son recursos públicos, por lo que son operaciones entre particulares que la ley protege.
"Existe jurisprudencia que sostiene que los recursos de Petróleos Mexicanos no son públicos hasta en tanto la paraestatal no los entere a la Secretaría de Hacienda como impuestos", aseguró, aunque haya opiniones en la Sección Instructora que contradicen a la abogada del sindicato.
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