Comisión de diputados dictamina por unanimidad modificaciones a ley orgánica

Aprueban dar autonomía a la CDHDF

Legisladores podrían citar a funcionarios que rechacen o no cumplan recomendaciones

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Por unanimidad de sus integrantes, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer el dictamen para modificar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual establece la obligatoriedad a los diputados locales para llamar a comparecer a aquellos funcionarios que no acepten o incumplan las recomendaciones que se les hagan, además de que se cambia el carácter a la institución defensora de las garantías individuales en la capital de órgano descentralizado a autónomo.

De acuerdo con lo acordado por los diputados de PRD, PAN, PRI, PVEM, PT y Democracia Social -y que será aprobado en el pleno el próximo jueves- se creará la Contraloría Interna de la CDHDF, organismo que deberá contar con traductores para indígenas y para personas sordomudas.

Aunado a ello, se especificaron las facultades que tiene esa entidad pública para poder entrar, sin restricción alguna, a los reclusorios de la capital y a las instituciones donde se atiende a personas con enfermedades mentales, y se puntualizan los requisitos para los que aspiren a ser ombudsman capitalinos, como gozar de amplia honorabilidad y conocimientos amplios del marco jurídico vigente en esta materia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Enoé Uranga, precisó que el dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes de este grupo legislativo de trabajo, toda vez que se logró integrar en él las propuestas que con antelación hicieron los diputados Gilberto Ensástiga, del PRD; la suya propia, así como las del titular de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza.

Por su parte, Gilberto Ensástiga, secretario de esa comisión, dijo que el convertir a la CDHDF en un órgano autónomo no afecta su función y sí le da un mayor margen de maniobra; no obstante, puntualizó que continuará con las limitantes de no atender cuestiones laborales, electorales y jurisdiccionales.

En cuanto al llamado a los funcionarios que desacaten una recomendación de la CDHDF, dijo que cuando la comisión legislativa así lo decida se convocará a los servidores públicos que estén incurriendo en esa situación para que les expliquen el por qué no aceptan las recomendaciones.

"Con esto se busca cerrarle el paso a cualquier discusión de carácter público entre la persona que representa una institución que se le haya señalado, y la CDHDF, como pasó con la PGJDF de Samuel del Villar y el asunto de Francisco Stanley. Esto es importante y no pone contra la pared al gobierno, y nos da a nosotros la oportunidad de revisar el asunto, y aunque nosotros no podríamos obligar a nadie a cumplir una recomendación, sí nos permite ofrecer una opinión ante la sociedad".