Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde al proceso legislativo, en lugar de caer una cascada salió un chorrito.

Se suponía que mientras la SCJN resolvía la controversias constitucionales en materia indígena, el poder legislativo preparaba las iniciativas que reformarían, de arriba a abajo, el sistema legislativo. Se hablaba de decenas de iniciativas acumuladas en el Congreso de la Unión y que irían aterrizando las reformas constitucionales. De hecho, muchas de las consultas que habían preparado los congresos locales se diluyeron conforme tomaban fuerza las controversias constitucionales.

Y es que para que el ciclo de reformas legales en materia indígena iniciado con la reforma constitucional tenga aplicaciones concretas, se requieren cambios en las legislaciones secundarías (leyes como las agrarias, de desarrollo social, ambientales, municipales, educativas, de fomento cultural y otras) y que las Constituciones estatales se adecúen a la reciente reforma de la federal, de tal manera que normen la manera en las que los preceptos generales de la Constitución tendrán una aplicación práctica.

¿Dónde están los preparativos para transformar los treinta cuerpos de ley que calculó Manuel Bartlett deberían reformarse? Nada ha aparecido a la luz pública. Lo que ha trascendido es una serie de declaraciones contradictorias que si algo indican es el grado de incertidumbre en el que se mueven tanto funcionarios públicos, como legisladores federales. Incertidumbre que dejó un proceso legislativo que, justificado como un acto soberano del Congreso de la Unión, comprobó la distancia, si no es que abierta contradicción, entre diputados y senadores y los grupos a los que deberían representar.

Apenas se ha aprobado en el Senado dos disposiciones del Código Federal en materia común y para toda la República en materia federal. El 19 de septiembre el Senado aprobó reformas que facilitan el acceso de los indígenas sujetos a procesos judiciales a la asistencia de intérpretes y abogados conocedores de su lengua, usos y costumbres. El asunto se turnó a la cámara de diputados y aún espera ser tratada. La acción senatorial es más lenta de lo que parece. Desde la reforma constitucional indígena del salinismo, de 1992, se establece el uso de interpretes y traductores: en realidad esta adecuación no tardó doce días, sino diez años.

Héctor Sánchez, que encabeza la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, declaró sobre la reformas legislativas: "En el marco de la reforma al artículo segundo constitucional, no hay un espacio mas que para cosas nimias", y agrega: "Todos conocemos el resultado de esta reforma, incluso el mismo presidente reconoce que no satisfizo a los pueblos indígenas. Tarde o temprano habrá que retomar este asunto. Sin embargo, hoy la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión no es la más adecuada para entrar a rediscutir la reforma constitucional en virtud de que el Partido de Acción Nacional de manera monolítica se opone a cualquier apertura en la discusión de la iniciativa de la Cocopa".

Dos iniciativas se están colando por las rendijas que deja la confrontación partidista en las cámaras: una ley sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y la transformación del Instituto Nacional Indigenista (INI). Con la primera, se reconocerán las lenguas maternas y se creará una institución (otra más): dedicada al desarrollo de gramáticas, diccionarios y diversos textos y materiales en lenguas indígenas, y promoverá la creación de instituciones (otras más) a nivel estatal.

Nadie sabe adónde apunta la transformación del INI. Ni legisladores ni la gente de pueblos indígenas, pues está precedida por una consulta en la que participaron de manera muy limitada los indios, que ignoraba los resultados de la gran consulta que surgió del proceso de los Acuerdos de San Andrés. En estos acuerdos está claramente determinado que la reforma institucional se deriva del reconocimiento de derechos de los pueblos (la autonomía, el territorio y el manejo de sus recursos naturales, principalmente). Sin este reconocimiento surge la pregunta ¿para que una (otra) institución indigenista? En el mismo vacío que cayó la reforma constitucional están cayendo estas leyes secundarias. Donde sí han generado gran expectación es en los grupos de presión que aspiran a manejar esta cascada de instituciones y que manejarán el obligadamente reducido presupuesto. Como han dicho sus promotores: "cosas nimias", frente al reconocimiento de derechos fundamentales.