Acorralada por su propia ineficiencia para resolver las historias delictivas más escandalosas de la presente coyuntura, la Procuraduría General de la República (PGR) del "gobierno del cambio", dirigida por el general Rafael Macedo de la Concha, ha optado por hostigar a los informadores que dan cuenta a la sociedad de tales historias. Enfrentados a pesquisas como las relacionadas con el llamado Pemexgate y los procesos judiciales contra Raúl Salinas de Gortari,

los empleados públicos que, al menos en teoría, tendrían que estar a cargo de la procuración de justicia -agentes del Ministerio Público, fiscales especiales, comandantes, agentes policiales-, pretenden abreviar su trabajo presionando a los periodistas de esta casa editorial y de otras entidades informativas para que revelen sus fuentes y traicionen el secreto profesional, que es una de las obligaciones -y también uno de los derechos- esenciales en el desempeño de su tarea.

De esa manera, funcionarios y empleados de la PGR no sólo ponen de manifiesto su ineptitud, sino que atropellan derechos y garantías consagrados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales -Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-, así como las libertades de expresión y opinión, además del derecho al trabajo.

Adicionalmente, los servidores públicos referidos dejan en evidencia su deplorable ignorancia sobre las respectivas funciones sociales de periodistas y policías. El trabajo de los primeros no consiste en ayudar a los segundos, sino en ofrecer al país una relación de su propio acontecer. Cabría esperar que un funcionario de primer nivel, como Macedo de la Concha, tuviera clara la diferencia entre un informador y un informante.

Ante la frecuencia, el tono y la impertinencia con que han ocurrido los hostigamientos referidos, los reporteros de La Jornada que han sido víctimas de tales abusos han presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por José Luis Soberanes, quejas contra el procurador, contra varios de sus colaboradores cercanos y contra otros funcionarios y empleados de la PGR.

En una respuesta inicial, el ombudsman señaló que los abusos mencionados coartan el derecho profesional de los periodistas y ponen al descubierto investigaciones deficientes y carentes de medios para obtener las pruebas y evidencias requeridas. Asimismo, el titular de la CNDH destacó que "si conductas como las referidas las comete una autoridad, llevan una carga de intimidación y acoso" y se comprometió a "hacer uso de todas las facultades que la ley le confiere para evitar que se afecten de esa manera los derechos humanos" de los informadores.

Es deseable que la CNDH emita una recomendación formal a la PGR para que sancione a sus empleados intimidadores y prepotentes, y se abstenga, en lo sucesivo, de acosar a periodistas; no se trata sólo de preservar la vigencia de los derechos humanos: también de restituir el sentido común en el desempeño de una institución que no fue concebida para molestar a los informadores, sino para contener, detener e inculpar correctamente, y con apego a derecho, a los delincuentes.