Podrían detectarse créditos irregulares por $38 mil millones, según un reporte

Las revisiones a los bancos no se detendrán, advierte el IPAB

Funcionarios públicos desviarían la investigación en favor de banqueros, dicen consultores privados

La decisión del juez noveno no cancela el análisis de documentos de la auditoría de Michael Mackey

ANTONIO CASTELLANOS

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no frenará la revisión documental de la auditoría ordenada por la Cámara de Diputados al auditor canadiense Michael Mackey. De acuerdo con un reporte interno del contralor del instituto, Banamex, Bancomer, Bital y Banorte tendrían que asumir un costo adicional de 38 mil millones de pesos correspondientes a créditos irregulares.

Sin embargo, según investigaciones de consultores privados, el hecho de que funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hayan sido empleados de Banamex, podría desviar la investigación a favor de los banqueros, sus ex jefes.

El IPAB aclaró que la decisión del juez noveno no detiene la revisión de los documentos de la auditoría, que se puede hacer sin que los representantes del instituto trabajen de manera directa en los bancos.

Los banqueros, según analistas privados, se oponen a los arqueos porque quieren trasladar un mayor costo del rescate bancario a los contribuyentes. Buscan mejorar sus utilidades con la reducción al mínimo del costo inherente a las revisiones que lleva a cabo el IPAB.

Otro motivo de su oposición a las auditorías del IPAB es que implicarían mayores necesidades de capitalización. Por esa razón las intermediarias financieras, que son poderosas también en el ámbito político, han movido sus influencias para convencer a las autoridades y ganar juicios.

Los expertos, sin embargo, advierten que al final del proceso el IPAB tendrá que revisar todos los documentos, porque es un mandato de la Auditoría Fiscal de la Federación, precisamente en busca de créditos chatarra, préstamos cruzados, autofinanciamientos u operaciones que no contaron con las garantías que exige la ley.

De acuerdo con un informe especial realizado por analistas privados, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados han dado muestras de interés en las revisiones y en sus términos de referencia.

Sin embargo, sus análisis y objeciones son pasajeras, porque ninguno de los dos órganos ha propiciado efectos económicos relevantes. Lo más que han hecho por medio de la Contaduría Mayor de Hacienda (hoy Auditoría Superior de la Federación) fue promover las revisiones a los bancos que le ordenaron al IPAB.

Según los expertos, el esfuerzo de los legisladores está orientado a obtener victorias presupuestales, pero una vez concluida la discusión del presupuesto de egresos, entrarán en receso y con ello darán carpetazo a las revisiones a los bancos y a sus temas de fondo, porque no tienen interés o conocimiento para llegar al fondo del asunto.

El IPAB solicitó una partida por 23 mil millones de pesos para servir su deuda. Esta partida permitirá que el débito del instituto no aumente en términos reales.

Y advierten: "si los diputados autorizan una partida menor, el IPAB tendrá que salir al mercado a emitir más deuda que el Congreso tendrá que honrar. Lo peor es que será a una tasa mayor a la actual".

Además, las deudas del IPAB no pueden dejar de pagarse, porque el artículo 47 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario obliga a la Cámara de Diputados a otorgar presupuesto suficiente al instituto para el pago de sus compromisos.