Miguel Concha
Pueblos indígenas y desarrollo sustentable
La protección del medio ambiente en nuestro país, particularmente en las áreas naturales protegidas, se ha vuelto fundamental. La aplicación de un modelo capitalista dio lugar a una acelerada destrucción de ecosistemas y afectó el equilibrio ecológico de numerosas especies. Ese proceso económico trajo consigo desequilibrios sociales que se acentuaron dramáticamente entre las etnias que habitan áreas naturales, sin permitirles participar en los beneficios derivados de su explotación. Su marginación económica y social se acrecentó por decisiones parciales en materia de protección ambiental.
En Baja California existen casi mil 200 habitantes de las cinco etnias originales: cucapás, paipáis, cochimíes, kumiais y kiliwas. La economía de estos grupos se basa en actividades agrícolas y de pesca. Ningún gobierno se interesó por dictar medidas y ofrecer alternativas que permitieran el desarrollo integral de esos mexicanos, asentados en áreas con abundantes recursos naturales, como la sierra de San Pedro Mártir y Santa Catarina, lo que los llevó casi a su extinción. La actual administración no ha superado este problema.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California denunció hace días que esas tribus no fueron tomadas en cuenta en los programas Siglo XXI y Frontera 2012, elaborados por los gobiernos de Estados Unidos y México. Esos acuerdos buscan el desarrollo de la zona fronteriza, y uno de sus objetivos es atraer inversiones que impulsen proyectos de desarrollo sustentable para grupos indígenas. Sin embargo, sus programas excluyen a las etnias que se encuentran en territorio mexicano. Raúl Ramírez, procurador de los Derechos Humanos de Baja California, cita el argumento que dan funcionarios mexicanos para explicar la ausencia de representantes indígenas nacionales en las reuniones sobre estos programas: el estatuto jurídico de autonomía de los grupos indios estadunidenses "traería dificultades al gobierno mexicano, si los grupos indígenas mexicanos reclamaran el mismo estatuto legal".
El procurador explica que esa situación constituye una violación a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como de instrumentos internacionales ratificados por el gobierno mexicano, que prescriben el incremento de los fondos gubernamentales dirigidos a programas y proyectos de las comunidades indígenas, que respondan a sus necesidades.
La exclusión económica de las etnias mexicanas se agrava con presuntas acciones de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), denunciadas por Lorena Rosas, coordinadora del Programa Estatal de Asuntos Migratorios e Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad. La funcionaria indica que la delegación de la Profepa no ha acatado la recomendación 8/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 30 de abril pasado, que considera que los derechos humanos de la comunidad cucapá, en particular su derecho al desarrollo, han sido conculcados por autoridades federales, que les han impedido pescar en una área protegida, la reserva de la biosfera, en la región del alto golfo de California. Según Lorena Rosas, la Profepa ha aplicado diversas sanciones a los indígenas que pescan en dicha zona, y a quienes adquieren el producto de esa actividad, pues considera que la ley que prohíbe la pesca en el núcleo de la reserva debe cumplirse, por lo que los indígenas no deben tener ninguna prerrogativa. La situación se vuelve aún más compleja en el contexto de una campaña que los industriales del camarón mantienen en contra de una disposición ecológica reciente, que prescribe el uso de técnicas de pesca que afectan profundamente los ecosistemas marinos de la reserva y de la desembocadura del río Colorado. El interés de la disposición comentada (como de la Profepa) es proteger especies en peligro de extinción, como la vaquita marina y la totoaba.
Lo que subyace en esta problemática es la contradicción no resuelta entre la conservación del medio ambiente, la explotación sustentable de los recursos naturales y el derecho que tienen nuestras etnias a un desarrollo sustentable. Alentar una vía que permita el aprovechamiento indígena sustentable de sus recursos naturales sólo será posible en la medida en que el Estado mexicano entienda la importancia que tiene para el desarrollo del país la autonomía de los pueblos indígenas y una reforma constitucional basada en los acuerdos de San Andrés. Es por ello también importante acudir los próximos días 19 y 20 a la consulta de prioridades nacionales que convoca un comité ciudadano plural en toda la República.
