Comparecen en la ALDF
Magistrados presentan proyectos de presupuesto
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Mientras los titulares del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitan un incremento a su presupuesto de 8 y 11 por ciento respectivamente para 2003, la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF pide alrededor de 30 por ciento.
La solicitud generó críticas de las diputadas Iris Santacruz, del PRD, e Irina del Castillo, del PRI, así como de sus homólogos Marcos Morales, del PRD, y Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia por la Democracia, quienes coincidieron en que era excesivo.
Al comparecer, por separado, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesta y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los magistrados subrayaron la necesidad de adquirir inmuebles propios y dejar así de rentar.
El primero en explicar su proyecto fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien precisó que para el primer órgano se estima un gasto de 2 mil 272.5 millones de pesos, y para el segundo de 105.8 millones. "En términos nominales representa un incremento de 8 por ciento con respecto de la asignación original del presente ejercicio fiscal".
La magistrada Victoria Quiroz Pesquera, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dijo que prevé tener un gasto de 211 millones 800.494 mil pesos; es decir, un aumento de casi 30 por ciento. Ante los comentarios de las legisladoras Santacruz y Del Castillo, respondió: "estamos conscientes de que deberíamos ser más austeros, pero el tribunal tiene 31 años de establecido y nunca se le ha dejado crecer. Siempre operamos con rezago en relación con otros tribunales". Sobre la necesidad de contar con un inmueble propio, dijo que "pagamos un millón de pesos al mes de renta, y no sé ni a quién le pagamos".
Cerró la jornada de tres horas y media Jesús Campos Linas, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien solicitó 197.1 millones de pesos, es decir, un incremento de 11 por ciento en relación con lo aprobado en 2002.
