Habría inconsistencias en el fallo judicial, dicen
Irregular, sentencia contra Raúl Salinas: defensores
Interpondrán amparo entre diciembre y enero
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Será hasta finales de diciembre o principios de enero cuando la defensa de Raúl Salinas interponga el recurso de amparo contra la sentencia que le dictaron por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Fuentes de la defensa revelaron a La Jornada que ya se tiene un gran avance del estudio jurídico de la sentencia con la cual se le dictaron 27 años de cárcel como presunto responsable del delito de homicidio al hermano del ex presidente Carlos Salinas.
Agregaron que hasta el momento se han detectado muchas inconsistencias en la sentencia emitida en julio de 1999 por el magistrado Tomás Hernández Franco, responsable del primer tribunal unitario del segundo circuito judicial, con sede en Toluca, estado de México.
El juez suprimió en aquel año de la sentencia inicial las calificativas de premeditación y alevosía, con lo que decidió reducir de 50 a 27 años y seis meses de prisión la condena que se le impuso por la autoría intelectual del homicidio contra el ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu, quien fue asesinado en septiembre de 1994.
El nuevo y último recurso que queda por interponer a la defensa de Raúl Salinas buscará demostrar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la sentencia dictada por el entonces juez tercero de distrito, Ricardo Ojeda Bohórquez, y el magistrado Hernández Franco, carece de sustento, ya que ni siquiera se pudo establecer el móvil del homicidio, en caso de que el hermano de Carlos Salinas lo hubiera ordenado.
Como se recordará, Raúl Salinas de Gortari fue detenido el 28 de febrero de 1995, cuando el entonces procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y su fiscal, Pablo Chapa Bezanilla, lo acusaron de ser el autor intelectual del homicidio de Ruiz Massieu.
El mismo día de su captura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en donde posteriormente fue notificado de que la Procuraduría General de la República tenía nuevas acusaciones en su contra, entre ellas enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero.
