La base de adiestramiento El Caracol se localiza
en Guerrero, productor de enervantes
En plena sierra surge un moderno centro de combate
al narcotráfico
Las instalaciones, cuya construcción costará
$30 millones, cuentan con espacios de recreación, plataforma aérea
y equipo de terapia intensiva
Es punto de partida de fuerzas de reacción en
busca de cosechas
ALMA E. MUÑOZ ENVIADA
Sierra Madre de Guerrero. Desde el corazón
mismo de la sierra sur de esta entidad, donde prolifera el cultivo de la
mariguana, la Procuraduría General de República (PGR) apuesta
a ejercer de manera frontal la lucha contra el crimen organizado. El desafío
lo lanza a partir de la creación de la base de operaciones denominada
El Caracol, que lo mismo es empleada como centro de capacitación
y adiestramiento para agentes federales de investigación, policías
o militares, que como zona de cultivos controlados de amapola y mariguana,
para hacer investigaciones genéticas de las plantas e ir en contra
de la tecnología que hoy usan los capos de la droga para
optimizar las cosechas.
El centro no es sólo el punto de partida para la
destrucción de plantíos, también se convirtió,
para la PGR, en el prototipo de lo que deberían ser las instalaciones
judiciales para atacar incluso secuestro, terrorismo, grupos armados y
delincuencia "potenciada". Los sueldos y condiciones mismas en que se desenvuelven
quienes llegan al lugar lo demuestran: el que menos, gana 15 mil pesos
mensuales y goza de espacios de recreación -mesas de billar, de
futbol, de ping pong, televisión por cable, alberca, canchas de
squash,
basquetbol y otros.
Aunado a ello, cuentan con seguros de vida hasta por 140
meses de salario base, más 250 mil dólares, en caso de muerte
durante la acción, gastos funerarios, aparte de un seguro base de
250 mil pesos. De tal suerte que si un piloto -con ingresos de 25 mil pesos
mensuales- fallece, deja a sus deudos alrededor de seis millones. A ello
suman gastos médicos hasta por 500 mil pesos.
Tan
agradables consideran los agentes las instalaciones que incluso el comandante
de la zona militar, Audomaro Martínez, pidió al oficial mayor
de la PGR, Germán Gallegos Gutiérrez, "no malacostumbrar"
a sus tropas con tanta comodidad.
No obstante que el riesgo de sufrir un ataque a las instalaciones
es alto, la dependencia lo minimiza porque confía en el esquema
de seguridad implantado hasta el momento, basado en la combinación
de fuerzas judiciales y del Ejército. Con todo, en 2001 fue derribado,
con cables, un helicóptero Bell 2-12, y a lo largo de ese año
se dieron 32 enfrentamientos con campesinos productores de enervantes,
con saldos negativos para ambas partes.
Como el resto de las dependencias gubernamentales, la
PGR sufrió restricciones presupuestarias que le impiden multiplicar
bases con estos alcances en el país. Gallegos Gutiérrez presume
que el truco para contar con este tipo de montaje se cifra en un
buen manejo administrativo, pero, sobre todo, en el poder de negociación
con la cual la Comisión Federal de Electricidad donó 93 hectáreas
del terreno en el que hoy se asienta el centro de adiestramiento -después
de abandonar las instalaciones construidas ex profeso para la hidroeléctrica
de la zona, entre 1992 y 1996.
Y gracias, también, al ahorro de un millón
100 mil pesos mensuales que les redituó dejar de movilizar material
y equipo humano para luchar contra la siembra de enervantes. Economizar
permitió que de marzo de 2001 a la fecha prácticamente se
"pagara sola" la primera etapa de construcción de El Caracol -lo
cual incluye la plataforma aérea de donde parten las avionetas Cessna
que se encargan de sobrevolar la zona en busca de plantíos, y los
helicópteros, de los años 50, que inclusive fueron utilizados
en Vietnam, para fumigar- calculada en 14 millones de pesos.
"Resultados a la vista"
Concluir el proyecto, en diciembre próximo, no
obstante que fue inaugurado por el presidente Vicente Fox en abril pasado,
significará una erogación de 30 millones de pesos. Sin embargo,
los resultados ya están a la vista, de acuerdo con el funcionario
judicial: al principio del sexenio, las actividades de erradicación
se daban en 31 por ciento, hoy alcanzan 70 y "con esto pretendemos subir
a 80 por ciento".
El director general de Servicios Aéreos de la PGR,
general José Rubén Rivas, explicó que El Caracol,
por su ubicación geográfica -en la sierra madre del sur de
Guerrero, sobre la vertiente del río Balsas, con salida directa
únicamente a Iguala por vía terrestre, en un lapso de tres
horas- tiene la importancia estratégica de cumplir con cinco misiones
básicas: erradicar toda clase de cultivo de drogas; efectuar reconocimientos
de zona, destrucción de plantíos -al estar dentro de la principal
entidad productora de enervantes, seguida de Michoacán y Oaxaca-,
servir como centro de transmisiones y operación logística,
así como realizar las investigaciones genéticas de los estupefacientes
con clima controlado, a sabiendas de que la mariguana se da en tiempos
de agua, y la amapola en invierno.
Se detectó que la siembra se modernizó,
al grado de que los fertilizantes utilizados permiten a las plantas de
amapola, por ejemplo, tengan entre 60 y 70 bulbos, cuando antes eran entre
20 y 25, además de terminar con la cadena infinita de destruir un
plantío y a los 15 días contar con otro en el mismo lugar.
De esta parte de la sierra parten las fuerzas de reacción
en busca de cosechas. Su alcance permite traspasar las fronteras del estado
para abarcar incluso Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Durango.
Al momento de visitar la base, se encontraba en acción
la fuerza de trabajo Zorro, que labora desde finales de octubre.
Tan sólo en 10 días quemó 110 toneladas de mariguana,
decomisó unos 379 kilos de semilla de la yerba, más 5.5 de
semilla de amapola en 92 secadores de las plantas, donde se localizaron
23 campamentos. Hubo siete detenidos, se incautaron nueve armas de fuego,
mil 306 cartuchos, 13 cargadores y dos radios de comunicación.
Recursos humanos
Los equipos de trabajo en El Caracol incluyen, además
de 60 técnicos, con todo y pilotos, tres agentes del Ministerio
Público, 15 elementos de reacción, seis integrantes de la
Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos
y una ambulancia aérea con equipo de terapia intensiva, suficiente
para tratar a dos pacientes.
Tanto productores como combatientes conocen bien a sus
enemigos. Los primeros, en su mayoría, abandonan las cosechas porque
detectan y se avisan, en plena sierra, cuando hay reconocimientos; los
segundos, porque saben que de entrada deben estar atentos a los cables
-desde plástico hasta alambre de púas- que de cerro a cerro
colocan los campesinos, a tres metros encima de los plantíos, e
intentar derribar las aeronaves.
Conscientes de las inquietudes que provoca el uso del
paraquat, herbicida que utilizan para terminar con siembras ilícitas,
las autoridades ordenaron estudios científicos sobre el mismo para
dejar en claro, inclusive ante personal de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, que no es dañino bajo ningún concepto.
Es considerado como no residual, de efectos rápidos y por tanto
se inactiva con la arcilla del suelo y sufre degradación con los
rayos ultravioletas y la acción de microrganismos. Se aplica después
de diluirlo en agua y una carga de helicóptero (siete litros) es
suficiente para abarcar una hectárea.
La base de adiestramiento El Caracol tiene capacidad para
albergar a 600 personas. Los arreglos permiten a los elementos de seguridad,
después de cumplir con sus actividades "desestresarse por completo",
al grado de que el director general del centro, general Eduardo Bonifaz
Sánchez, ha escuchado negativas del personal para abandonar el lugar
después de cumplir con los 15 días de trabajo reglamentario
-con horarios de nueve de la mañana, aproximadamente, a 17 horas-
por una cantidad similar de descanso.
Cuentan con servicios médicos -de los cuales hacen
más uso los pobladores de lugares aledaños-, incluida área
de terapia intensiva; habitaciones para dos personas, con baño propio,
clima artificial y calefacción; áreas de esparcimiento, gimnasio,
teléfono satelital -para estar en contacto permanente con la central
de la PGR-, aulas para recibir instrucciones, transformadores de luz, dos
pozos de agua, tortilladora, horno de pan, lavandería y, próximamente,
biblioteca.
También tienen simuladores de vuelo -tanto para
avionetas como para helicópteros- y de tiro, que les permiten economizar
cartuchos, pues cada bala, al menos calibre 45 mm, tiene un costo de entre
25 y 30 pesos. El simulador funciona con base en un tanque de gas, cuyo
precio es de 150 pesos y alcanza hasta para 5 mil impactos. Fueron adquiridos
en Estados Unidos por 300 mil dólares cada uno.
En fase terminal se encuentra el área del Instituto
de Capacitación Policial (Icap) que albergará a 240 aspirantes
a agentes federales de investigación, que como parte de su adiestramiento
deberán hacer de manera obligatoria trabajo de campo durante un
mes.
Atrás de sus instalaciones, el Ejército
Mexicano contará con un área particular, no obstante que
siempre pertenecerá a la PGR. Incluye, como en el caso del Icap,
dormitorios, comedores, oficinas, aulas y cocina.
Durante la visita, Gallegos Gutiérrez fue interceptado
por el agente Ociel Araujo Mendoza, quien externó la queja de que
el sol afecta a quienes laboran en la torre de control y, por lo tanto,
es necesario reacondicionar el lugar, orden que de inmediato recibió
el director de obras y proyectos de la dependencia, José Antonio
González, para cumplimentar.
La PGR cuenta con bases de operaciones en Sinaloa (San
José del Llano, Choix, Cosalá, Culiacán), Jalisco
(Magdalena, Tuxpan, Guadalajara), Michoacán (Uruapan, Cualcomán,
Tacámbaro), Guerrero (Chilpancingo, Caracol, Atoyac, Tlapa, Zihuatanejo)
y Oaxaca (Miahuatlán, Oaxaca). Todas se incluyen dentro del proceso
de modernización de la dependencia, en el cual prevalece la intención
de brindar condiciones óptimas para obtener un buen adiestramiento
de los agentes. Una frase del oficial mayor redondea la medida: "Sin un
buen servicio de comedor, el desempeño baja, y ese -insistió-
es uno de los puntos en donde ponemos mayor énfasis".