El próximo jueves el pleno del Senado votará la nueva Ley de la Armada de México

El Congreso regulará las salidas al extranjero de unidades de la Marina

Los legisladores hicieron más de 20 modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo

ANDREA BECERRIL

El proyecto para una nueva Ley de la Armada de México está ya listo en el Senado: el próximo jueves se habrá de votar ante el pleno para dar paso a una legislación que obliga a solicitar el aval del Congreso cuando unidades y oficiales de la Secretaría de Marina salgan al extranjero. Sin embargo, no se precisa si el permiso del Legislativo es sólo en casos de incursiones bélicas o en toda salida de tropas al exterior.

Este era un punto toral por las discrepancias sobre la aplicación del artículo 76 constitucional que se han dado en este sexenio y que derivaron en una controversia entre el Senado y la Secretaría de Marina por el envío de elementos de la Armada a las prácticas continentales conocidas como Unitas sin el permiso del Congreso.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Marina -uno de los órganos dictaminadores-, Antonio Soto, señaló que los legisladores no podían ir más allá de lo establecido en la Constitución. Sin embargo, dijo, el artículo sexto de la Ley de la Armada de México incluye la obligación de solicitar permiso al Senado para la salida de tropas fuera del país.

El dictamen, presentado ayer en primera lectura, advierte que se trata de una nueva ley orgánica de la Armada de México, ya que sustituye por completo a la anterior -que data de diciembre de 1993- y tiene como finalidad adecuar la normatividad para garantizar la seguridad y protección de los mares y litorales mexicanos respecto de amenazas del interior o del exterior.

Los senadores hicieron más de 20 cambios a la iniciativa en la materia que el presidente Vicente Fox remitió a la cámara hace un año. Una de las modificaciones se refiere a los organismos encargados de la disciplina en la Armada, ya que los dota de autonomía para aplicar las sanciones y establece medios de impugnación cuando los marinos castigados consideren que hubo deficiencias en su caso.

Por ello se cambió el término de "apelación" por el de "impugnación", para evitar confusiones con el recurso que con el mismo nombre se prevé en los ordenamientos de la justicia castrense.

La iniciativa establece que las resoluciones de la Junta Naval, la que conoce de las inconformidades en materia escalafonaria, antigüedad en el grado y exclusión en el concurso de selección para ascensos, sean autónomas y obligatorias. Antes quedaban a juicio del alto mando. Se formaliza el Consejo del Almirantazgo, encargado, a partir de la administración foxista, de evaluar los ascensos para el máximo grado en la Armada.

La nueva legislación, que se someterá al pleno del Senado el próximo jueves, redefine el concepto de mando operativo de las fuerzas navales con la creación de órganos colegiados, como la Comisión Coordinadora para la Asignación de Cargos y la Comisión Coordinadora de Ascensos. Desaparecen los tribunales navales, ya que existe un sistema de procuración de justicia debidamente previsto en el Código Militar.

En el capítulo tercero, denominado "del personal", hay un cambio importante en relación con el actual marco jurídico, ya que establece que a aquellos egresados de escuelas militares y que hayan sido contratados por la Armada se les otorgue la jerarquía, desde marinero hasta teniente de navío, de acuerdo con el nivel académico profesional que comprueben.

Igualmente, se determinó fijar plazos para el envío de los paquetes de ratificación al Senado, y así evitar que los retrasos lleven a que los oficiales deban esperar hasta casi un año para su ascenso. Los senadores incluyeron una fracción al artículo 47 de la iniciativa, para que entre los requisitos para ingresar a la Armada esté el de no contar con antecedentes penales por delitos dolosos o intencionales.