El proceso relacionado con la guerra sucia en Guerrero, en riesgo de no integrarse
La justicia castrense cuestiona el poco apoyo de familiares de desaparecidos Los testimonios de los deudos son considerados fundamentales para la investigación
JESUS ARANDA
El proceso penal en contra de Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro está en riesgo de no integrarse adecuadamente debido a que no se han presentado a declarar familiares de las víctimas de la guerra sucia cuyos testimonios son fundamentales para integrar la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) sobre los asesinatos de decenas de campesinos, ocurridos entre 1975 y 1979 en el estado de Guerrero.
Hasta la fecha, trascendió, las pruebas que ha conseguido el Ministerio Público Militar para lograr la consignación y el auto de formal prisión por homicidio calificado contra Quirós y Acosta son de personal militar, que los acusa directamente de haber asesinado y tirado cadáveres de campesinos al mar, pero falta completar dichas demandas con testimonios de familiares de las víctimas que aporten mayores elementos a la indagatoria.
Fuentes castrenses revelaron lo anterior y cuestionaron la actitud que ha asumido la Asociación de Familiares y Desaparecidos en México (Afadem), la cual no ha colaborado para lograr que familiares de las víctimas de la represión durante la guerra sucia se presenten ante el Ministerio Público Militar a rendir testimonio en el contexto del proceso penal en el que Quirós y Acosta recibieron auto de formal prisión por el homicidio calificado de 143 campesinos.
Se informó que elementos de la procuraduría militar se reunieron hace aproximadamente cuatro semanas con integrantes de la Afadem, a quienes les solicitaron su apoyo para que los familiares rindan testimonio ante la fiscalía castrense, pero también con el ofrecimiento de que los declarantes se conviertan también en "coadyuvantes" de la indagatoria, es decir, que además de rendir testimonio tengan pleno acceso al expediente de la causa y estén en posibilidades de plantear propuestas de indagatorias o interrogatorios de personas que pudieran aportar datos a la investigación.
De ahí el interés en que los miembros de la Afadem apoyen el esfuerzo de la procuraduría militar en cuanto a facilitar que los afectados rindan su testimonio. Incluso se aseguró que la PGJM, que encabeza el general Jaime Antonio López Portillo, está dispuesta a enviar al estado de Guerrero a un grupo de agentes ministeriales para que ahí tomen declaraciones y testimonios correspondientes.
Sin embargo, hasta la fecha la procuraduría sigue a la espera de que le proporcionen los nombres de los posibles testigos, o bien de que se le indique la forma como podría entrevistarse con ellos para fortalecer la investigación en contra de Quirós y Acosta.
Cabe recordar que estos dos últimos, junto con el mayor retirado Javier Barquín Alonso, recibieron auto de formal prisión por presunto homicidio calificado y su proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo.
La denuncia en su contra se inició con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los años de la guerra sucia; la declaración de un testigo protegido que reconoció haber participado en la muerte de las víctimas y cuando sus cuerpos fueron tirados al mar frente a las costas de Guerrero, así como las acusaciones de organizaciones de desaparecidos, lo que permitió a la procuraduría militar reunir elementos de prueba en su contra.
En su momento, el procurador López Portillo afirmó que aun cuando no hay evidencia material de que los cuerpos de las 143 víctimas fueron tirados al mar, el Ministerio Público Militar cuenta con pruebas de que la última vez que las víctimas fueron vistas con vida habían sido detenidas por militares, además de testimonios, pruebas documentales y periciales de los lugares en los que ocurrieron los hechos.
La procuraduría militar ha insistido en que esos delitos fueron cometidos en actos de servicio, por lo que Quirós y Acosta serán juzgados en el fuero de guerra, porque "no estaban francos ni tampoco llevaban a cabo actividades particulares". Según la misma fuente, las indagaciones siguen abiertas y no se descarta que otros militares resulten involucrados.
