Alma Rosa Alva de la Selva

La Reforma del Estado y los medios ƑPor qué el Congreso?

El 16 de octubre pasado, días después del decretazo mediante el cual el gobierno foxista retrocedió un paso más ante el poder de los industriales de la radio y la televisión, las organizaciones ciudadanas que habían venido participando por año y medio en la mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación en medios electrónicos -convocada por la Secretaría de Gobernación-, hicieron acto de presencia en el sitio donde, ahora se ve, tal reforma debió haberse impulsado desde el principio: el Congreso.

El asunto ha cambiado ahora de interlocutor para encontrarse con la instancia que le es propia, la de los legisladores, que ante la solicitud explícita de grupos sociales habrán de dar cauce a un tema que ya rebasó el nivel de las propuestas y el cual, con mesa de diálogo o sin ella, constituye ya una demanda social que el Poder Legislativo no puede soslayar.

La reforma está ahora en manos del Congreso, que tiene todas las facultades para asumir dicho asunto partiendo de las diferentes propuestas de las organizaciones ciudadanas, académicas, y de las agrupaciones políticas que participaron en la fallida mesa de diálogo, pero también de las propuestas históricas que, en diferentes momentos y foros, han vertido éstos y otros actores y que han enriquecido la visión social sobre el tema, cada vez más precisa y documentada. Las propuestas existen; ideas para reformar el marco legal de radio y televisión las hay, y de sobra.

ƑCuál es la trascendencia de la reforma legal de la radio y la TV para el Congreso? ƑPor qué en estos momentos su intervención resulta particularmente crucial? En un primer momento, responder a esta pregunta remite al próximo escenario electoral de 2003, de frente al cual surge de nuevo el temor recurrente de los partidos políticos de que cualquier fricción con los medios -fortalecido su poder aún más desde el 10 de octubre- se traduzca en el cierre de micrófonos y pantallas para candidatos y partidos.

Sin embargo, hoy, a partir de la puesta en vigor del reglamento del 10 de octubre, que como se sabe, conlleva la drástica reducción de los espacios mediáticos con los que, vía los recursos estatales, tenían los partidos (puestos ahora en buena medida en la necesidad de pagar los tiempos), tal temor se ha cumplido: el cierre de micrófonos y pantallas se dará, independientemente de la intervención de los partidos políticos en la reforma del marco legal de la radio y la televisión.

Por ello, ahora más que nunca, ante la consumada restricción de los tiempos del Estado en la radio y la TV para un sinnúmero de organismos y agrupaciones sociales, pero también para dependencias de gobierno -con la significativa excepción del Ejecutivo, que gracias a su alianza política con los concesionarios de la radio y TV contará con amplios espacios en los medios electrónicos- y los propios partidos; restricción que es necesario revertir. Conviene a los partidos políticos ir a la reforma.

Desde luego, la reforma también le conviene al Congreso. Le conviene no sólo para lograr mayores espacios para cumplir con la obligación de dar a conocer mayormente a la ciudadanía su trabajo (hasta ahora escasamente tocado en el flujo informativo de los medios y con apenas una frecuencia televisiva de insuficiente alcance, el Canal del Congreso, aunque con un valioso desempeño), sino también para poner los puntos sobre las íes sobre la imagen de denostación que intencionalmente los medios electrónicos han venido asociando al Poder Legislativo.

Mas no son éstas , entre otras, las únicas razones para que el Congreso empuje la reforma. Está también otra muy importante para tomar ese paso y que trasciende cuestiones de coyuntura: la Reforma del Estado.

Uno de los mayores retos que desde años atrás se ha marcado el Poder Legislativo ha sido el de la Reforma del Estado, una tarea tan ardua como necesaria para la búsqueda democrática a la que se han abocado diversos sectores sociales y políticos y que, ante las condiciones actuales de la República y del contexto internacional, esencialmente pretende un cambio, si se quiere gradual pero profundo, de carácter estructural, en las instituciones que resultan fundamentales para la existencia de la democracia en el país.

Se requiere reformar al Estado para hacerlo más democrático, para dejar atrás las experiencias autoritarias que ha vivido y todavía vive, y acercarlo a un orden de cosas que haga posible que la voz del ciudadano trascienda y se refleje en el rumbo del país. La Reforma del Estado debe ser, entonces, un proceso que implique la transformación de diversas instituciones de relevancia para la vida nacional, al ritmo de las nuevas necesidades que va marcando la marcha del país. Es pues, una tarea de grandes dimensiones y salto de obstáculos que sólo puede estar a cargo de estructuras políticas y de gobierno donde concurran pluralidad de visiones, de fuerzas políticas y perspectivas diversas que garanticen el arribo a objetivos comunes de interés para la sociedad nacional.

Es claro que un proyecto de esta naturaleza, que busca la modernización política, la democracia participativa y el fortalecimiento de las instituciones del Estado a partir de un respeto absoluto a la legalidad, no puede lograrse con la es-tructura de concentración de los medios electrónicos que está a la vista, con la forma en que funcionan éstos, alejados por completo de la construcción de una cultura democrática y con la marginación de la sociedad en un sector donde justamente ésta debiera ser el eje.

No puede hablarse de transición democrática ni de Reforma del Estado cuando se mantiene la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones para la explotación de los recursos de la nación; cuando los espacios para la participación ciudadana en los medios comerciales se reducen drásticamente; cuando el proyecto de los medios sociales, culturales o educativos es desestimulado y desatendido históricamente; cuando en una entidad como el Consejo Nacional para la Radio y la TV se da un sitio de convidado de piedra a la sociedad, o cuando se deja el derecho de réplica a decisión de los propios medios, convertidos, como bien se sabe y se advierte, en enclaves de poder, en lugar de potentes recursos al servicio de la sociedad y en formidables impulsores de una cultura democrática que brilla por su ausencia en micrófonos y pantallas.

Es necesario reformar a los medios, esos nervios que cruzan la cultura y la vida nacional, que, como lo ha mostrado el episodio del 10 de octubre, ya no sólo fijan la agenda pública, sino que, peligrosamente, rescriben la historia y hasta legislan. Es necesario reformar la estructura jurídica que regula el funcionamiento de los medios porque, como bien señala una consigna ya común en el ambiente académico, la radio y la televisión son demasiado importantes como para dejarlos en manos de quienes los manejan, con el agravante de buscar ampararse en un discurso de la autoregulación que se convierte en riesgoso privilegio de un sector que, como ninguno, por la naturaleza de los recursos que le son concesionados y por su influencia en la sociedad, debe ser regulado y encaminado a funcionar en un sistema de equilibrios.

Aunque no con la velocidad que se quisiera, el proceso de la Reforma del Estado en México ha ido tocando varios entornos, entre los cuales sobresale el electoral. Sin embargo, faltan muchos otros en los que existen grandes resistencias. Es el caso del sector de los medios, al cual como integrante de la elite del poder, no se ha podido o no se ha querido tocar, y ni siquiera anteponer exigencias ni contrapesos. A cambio, se han ofrecido acuerdos privados, pactos políticos de mutuo beneficio que parecían parte del pasado y hoy se reeditan desde la mismísima cúpula del Poder Ejecutivo.

ƑPuede hablarse de democracia en México cuando justamente una de sus instituciones más legítimas, el Poder Legislativo, es desacreditado cotidianamente por la radio y la televisión? ƑPuede hablarse de democracia en los medios cuando en la pantalla chica una sola cadena, Televisa, detenta 80 por ciento del mercado televisivo; cuando la radio es manejada por unos cuantos grupos y cuando los medios ciudadanos son ignorados y empujados a la ilegalidad? Es claro que la reforma legal de los medios electrónicos es hoy indispensable para la democratización del país y de un auténtico avance en este sentido para la sociedad . Ante la proximidad de un año electoral, es tarea difícil para los partidos políticos por los riesgos que entraña para la difusión en el plano informativo de sus campañas, como también para el Congreso en su tarea de transformación. Sin embargo, el tema es al mismo tiempo que un riesgo, una gran oportunidad para que el Poder Legislativo actúe como el poder auténtico y legítimo que es e impulse una verdadera reforma en la materia, que democratice y modifique la relación entre el Estado, los medios y la sociedad.

Hoy, el Congreso tiene la oportunidad de demostrar que es posible "encontrarle la cuadratura al círculo" haciendo lo que es suyo, trabajo legislativo, y respondiendo con compromiso al requerimiento que las organizaciones sociales le han entregado para impulsar un cambio en el orden legal donde verdaderamente se necesita.

El Congreso es pues, el espacio crucial que puede dar cauce a un asunto que desde hace tiempo dejó de ser inquietud ciudadana para convertirse en demanda social: la reforma legal de los medios electrónicos.