Nora Patricia Jara
Pronósticos
En días pasados el gobierno federal trazó lineamientos para una nueva relación con los sindicatos, bajo la premisa de hacer de éstos el motor de una economía humanista, favorecer espacios de inclusión y diálogo, así como promover con respeto su modernización. Sin embargo, entre lo dicho por el Ejecutivo y la realidad hay una gran diferencia, como en el caso de Pronósticos para la Asistencia Pública, donde los trabajadores enfrentan una política de cambio neocorporativa y excluyente.
Con la promesa de más oportunidades para ganar una bolsa millonaria garantizada en el premio de los concursos Melate y Revancha, se presentó su flamante rostro publicitario y se exhibió el conjunto de cambios que se ejecutan en la institución. Para ello, la administración ordenó desde julio pasado el cierre de 37 oficinas regionales, de un total de 40 en todo el país, manteniendo las de Mérida, Guadalajara y Monterrey -la central está en el Distrito Federal-, y otorgó los servicios y operaciones a particulares, causando inconformidad entre los empleados sindicalizados, ante la Secodam.
Asimismo, el pasado 2 de octubre, los trabajadores al servicio del Estado hicieron un pedido de juicio político ante la oficialía mayor de la Cámara de Diputados en contra del director de Pronósticos, Héctor Andreu Chapa, por supuestas violaciones a los derechos constitutivos del organismo y a la Ley Federal del Trabajo. El expediente se sumó a los cerca de 80 casos recibidos en San Lázaro contra servidores públicos de la actual administración. Aunque este asunto pudiera ser menor ante los desafueros pendientes que ocupan hoy a los diputados, la asistencia pública es una fuente de generación de dinero muy importante, cuyas ganancias se depositan en la Tesorería de la Federación, y es la Secretaría de Hacienda la que las canaliza en asistencia pública o social. Las utilidades registradas por la institución el año pasado alcanzaron los 340 millones de pesos.
Pronósticos se creó mediante decreto presidencial en febrero de 1978 y sus relaciones de trabajo están regidas por la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, lo que significa que su administración y operación deben cumplir con los requisitos legales correspondientes. Es sin duda una empresa estatal que tiene ganancias, no recibe subsidios o transferencias ni dinero de los contribuyentes, y su pilar fundamental es la confianza de quien participa en sus sorteos, que gozan de credibilidad porque ha mantenido sus beneficios lejos de fraudes o escándalos, a diferencia de la Lotería Nacional, que fue utilizada como caja chica para amigos y funcionarios de pasados gobiernos.
Pero los programas de reducción de estructuras han hecho que operaciones como la mensajería o la venta de boletaje y entrega de premios de más de 500 pesos se realice ahora con empresas privadas, en bancos y con agentes asegurados mediante convenios mercantiles para la prestación de servicios, que amenazan con desplazar o sustituir a parte de la actual planta laboral, de 632 trabajadores. En la denuncia de hechos presentada por Johnny Islas, secretario general del Sindicato Nacional de Pronósticos, se establece que el también ex director comercial del área latinoamericana de la empresa Mattel, Héctor Andreu, implanta una política corporativa en la que la administración de la empresa no reconoce los derechos o las prestaciones económicas de los trabajadores, y se adiciona a la demanda de juicio político que se hacen diferencias de género en materia laboral, porque la dirección general argumenta que la mujer es menos eficiente en el trabajo, sobre todo si tiene obligaciones familiares que atender.
El modelo de la lotería estadunidense es, al parecer, la regla a seguir, y la posibilidad de fusionar bajo el mismo esquema a las instituciones de asistencia pública nacionales, significa dejarla también en manos privadas o de grupos que sólo buscan hacerse de los bienes y activos públicos.
