Felicitan al divisionario; Acosta Chaparro se retiró con muestras de fastidio
Impacta alegato del defensor de Quirós, e irrumpen militares con aplausos
"šBueno nos salió el muchacho!", comentó el general retirado Miguel Angel Godínez
BLANCHE PETRICH
Se cumplían siete horas exactas de una lenta, prolongada esgrima de alegatos entre el fiscal militar y la defensa de los dos acusados, cuando el presidente del consejo de guerra decretó un receso para reanudar el juicio a la mañana siguiente. De la primera hilera de butacas, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que se había visto retador durante el procedimiento, se levantó, estiró las piernas, y con muestras de fastidio se retiró de la sala. Su vecino de celda, el general de división diplomado Francisco Quirós Hermosillo, por el contrario, brincó como movido por un resorte, volteó, y casi eufórico levantó el puño. Saludaba a un nutrido grupo de colegas que se agolpaban a su alrededor: generales en retiro, de civil; generales activos, con sus insignias. Como ganador de un lance incierto, era felicitado.
Al fin volteó a ver a un joven oficial que esperaba a sus espaldas. "šCampeón!", le dijo. Se abrazaron. Era el teniente Fernando Carlos Fernández, su abogado de oficio, jurista al que muchos consideraron poco experimentado para el paquete encomendado, pero que esta mañana, cuando terminó un alegato de hora y media contra las acusaciones del Ministerio Público militar, provocó que algunos presentes en la sala rompieran las reglas y aplaudieran.
Desde luego, el juez, general Domingo Sosa Muñoz, tuvo que regañar a los espectadores, y les recordó que quienes violen el código que prohíbe expresiones de acuerdo o desacuerdo, podrían ser expulsados del recinto e incluso arrestados. Reglas del fuero castrense.
Hasta el general retirado Miguel Angel Godínez Bravo, quien fuera jefe de Estado Mayor en el sexenio lopezportillista, elogia al abogado de oficio: "šBueno nos salió el muchacho!" Godínez no se ha perdido ni un día del proceso. Es evidente que su corazón se inclina en favor de los generales. "Pero ya ve cómo son de diferentes las cosas ahora -comenta al margen-, ya ni podemos recomendar nada".
Fue el cuarto día del consejo de guerra que juzga a dos generales, en primera instancia, por su asociación con El señor de los cielos, un caso que ha tirado los hilos de otros dos juicios, el que condenó en el fuero civil al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, y el conocido como Maxiproceso de Cancún que, entre otros, llevó a la cárcel al ex gobernador quintanarroense Mario Villanueva.
Este viernes posiblemente se juegue el quinto y último round. El jurado verde olivo podrá interrogar por última ocasión a acusadores y acusados, y después de deliberar, deberá emitir su fallo. Se podrá apelar a una segunda instancia e incluso el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y falta, además, otro gran paquete de acusaciones, éstas por el papel que estos dos militares jugaron en los años 70 durante las batidas contrainsurgentes en Guerrero, cuando bajo sus órdenes se violaron masivamente los derechos humanos.
Aun así, lo que sucede esta semana bajo la cúpula roja de los tribunales militares, en el corazón mismo del Campo Militar Número Uno A, mantiene en vilo el estado de ánimo del Ejército, atravesado por su tradicional sentimiento de cuerpo, alérgico a las miradas del mundo civil, pero enfrentado a la necesidad de demostrar que hasta allá han llegado también los aires de la transición.
En la microciudad verde olivo
La puerta siete del campo está abierta para quien se interese. De ahí, a través de las calles arboladas de la microciudad militar, un vehículo Hummer traslada a los visitantes a los juzgados. No está lejos la zona donde, durante décadas, cientos, quizá miles de presos civiles han sido recluidos ilegalmente. En los años 70 muchos entraron ahí... y nunca más se supo de ellos. Es un capítulo de la historia aún abierto. La sesión arranca con exactitud cronométrica. En la pequeña sala oval, con no más de 80 butacas, no cabe un alfiler. La primera hilera es para los acusados, los fiscales y los defensores. Familiares y amigos ocupan los espacios que siguen. Más de la mitad del auditorio es ocupada por militares de alta graduación, hombres taciturnos, testigos de un acto que toca fibras sensibles de su institución.
Fuera del recinto, unas bocinas reproducen lo que ocurre en el interior, para ser retransmitido a todos los medios de comunicación que abarrotan la zona.
Al centro, en el pódium, el presidente del jurado, general Tomás Angeles Dauahare, el juez general Sosa Muñoz y los vocales. En virtud de que los dos enjuiciados ostentan la máxima jerarquía, y uno de ellos es de división, varios de los oficiales del jurado fueron habilitados como divisionarios, ya que, por norma, un mando no puede ser juzgado por otro de rango menor. Cosas de la cultura castrense.
Frente a ellos, a la derecha, el fiscal militar, teniente coronel Alfonso Méndez Valencia, resume la causa. Grandes torres de papel con tapas verdes -los tomos del proceso- lo flanqueaban. Sostuvo, en esencia, que Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro mantuvieron al menos cinco encuentros con el extinto capo del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Y que estas reuniones no fueron "para platicar dulcemente", sino para concertar de manera premeditada acciones relacionadas con el narcotráfico.
Sustituto de una titular del Ministerio Público con grado de mayor, María Guadalupe Anguiano, que llevó la primera etapa de la causa, el nuevo fiscal desglosa una intrincada trama de contactos revelados por testigos, unos ya muertos, otros presos, y otros bajo protección de la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense o del sistema judicial mexicano: entre 1994, reuniones del fantasmal Señor de los cielos con los generales en los departamentos de Sierra Chalchihui, en Las Lomas, en un auto café, en el restaurante La Cañada, en la "casa del periódico", en la zona céntrica de avenida Reforma. Algunos elementos de prueba, como un Mercedes Benz 1982 que Carrillo habría obsequiado al hijo de Quirós, una Suburban azul turquesa para Acosta, relojes finos para ambos, montos de dinero que no son presentados, sofisticados aparatos de comunicación que no se materializan.
Sigue en uso de la palabra el defensor de oficio de Quirós. Se apoya en documentos proyectados en una pantalla. Rebate las pruebas, la falta de los cuerpos del delito y de acreditación de responsabilidad. Sostiene que la testimonial del ex coordinador de Seguridad Pública en el sexenio salinista, Arsenio Farell Cubillas, no acreditó que los generales procesados tuvieran acceso a información calificada sobre operativos antinarcóticos. Y cuestiona que al testigo Jaime Olvera Olvera, al servicio de Amado Carrillo, ya muerto, no se le aceptó como prueba una acusación contra el ex asesor presidencial Liébano Sáenz. "ƑPor qué lo que no valió contra ese funcionario sí se acepta como válido contra el general Quirós?"
Después habla el defensor de Acosta Chaparro, el abogado Mariano Flores Arciniega, único civil participante ayer. Dramatizando, sobreactuando por momentos, lleva el asunto al terreno de la política. Pide al jurado tomar conciencia "del momento histórico" y lo conmina a "frenar a delincuentes que actúan como testigos protegidos, a reivindicar a los dos generales y a detener a la prensa, que está diciendo que el Ejército es corrupto".
Su alegato no resulta convincente en términos jurídicos, pero una veintena de generales se remueven en sus butacas, levantan las cejas, intercambian miradas. El argumento les llega.
Mientras hablan los defensores, a unas hileras de distancia, dos jóvenes -las hijas del general Quirós- sostienen un rosario entre los dedos. En la siguiente fila, cuatro muchachos, taciturnos, no pierden detalle. A su lado, una mujer muerde la punta de un abanico. Es la familia de Acosta Chaparro.
Cuando se levanta la sesión y la tensión se libera, para estos familiares de los generales procesados por narcotraficantes la duda permanece. Este viernes se despejaría. Pero es apenas el primer capítulo de un proceso que aún tiene mucho camino por recorrer y mucho qué demostrar sobre los alcances de la justicia en el fuero castrense.