Analiza la ONU el estatus del Vaticano ante el organismo para que responda por los hechos

Documentan 5 mil abusos de sacerdotes contra menores

ALMA E. MUÑOZ

El Comité por los Derechos de la Niñez, de la Organización de Naciones Unidas, recibió la documentación de 5 mil abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra menores de todo el mundo, entre ellos, siete casos habrían ocurrido en México. El paquete fue entregado, durante un encuentro en Ginebra, por la organización internacional Católicas por la Libre Opción (CFFC, por sus siglas en inglés), el pasado 9 de octubre.

Según la información proporcionada, el organismo de la ONU aceptó en esa reunión que el Vaticano viola los derechos de los infantes al proteger a los agresores y, por tanto, abrió la puerta para analizar la posibilidad de cambiar el estatus que ante la ONU tiene el Estado católico para hacerlo rendir cuentas en torno al asunto.

Lo anterior fue dado a conocer por representantes de grupos sociales, entre ellos Católicas por el Derecho a Decidir, y Roberto Blancarte, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, quien además, junto con Jesús Barba Martín, uno de los mexicanos que denunció el presunto abuso de que fue objeto por parte del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, participó en el encuentro de Ginebra.

Blancarte destacó la "serie de violaciones que el propio Vaticano ha tolerado, pese a ser miembro observador permanente de la ONU y firmante de la Convención de los Derechos de la Niñez". Especialmente, en la negativa a brindar informes sobre cómo ha cumplido con tal ordenamiento.

Ello lo hace, sostuvo, porque posee un carácter sui generis en cuanto a su representación ante el organismo internacional. Esto es, se ostenta como Estado cuando quiere incidir en la redacción de documentos o busca la inmunidad diplomática, pero al tiempo se resiste a rendir cuentas, aduciendo que no representa a los católicos, porque lo hacen los países de origen.

Subrayó la contradicción en que incurre el Vaticano, al negarse a dejar en manos de la justicia civil a los clérigos acusados de violación para resolver el caso conforme a los dictados del Código de Derecho Canónico, el cual contempla como sanción máxima la expulsión del cargo. La CFFC pretende que la ONU aclare esta ambigüedad, y así empezar el camino para exigirle la rendición de cuentas en torno a la defensa que hace sobre los derechos de la infancia.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, resaltó que ya se impulsa una campaña denominada "cambio de estatus del Vaticano en Naciones Unidas", para evitar que la Iglesia católica abuse de su poder y cometa violaciones en perjuicio de menores. Se trata, sostuvo, de castigar a quienes sólo reciben como sanción eclesiástica la transferencia de parroquias o la suspensión en sus funciones.

Explicó que esto no es un ataque a la institución, sino la búsqueda de justicia social y defensa a los derechos humanos. No obstante, precisó que el documento de los casos, denominado Informe sombra, la Santa Sede y la Convención de los Derechos de la Niñez, está inconcluso porque presenta casos hasta abril del presente año, debido, entre otras causas, a la negativa de las víctimas de hacer público el abuso de que fueron objeto.

Así ocurre en México, dijo, donde la feligresía se resiste a cuestionar el papel de los sacerdotes por considerarlos una autoridad, al tiempo de hacerse evidente la carencia de una "cultura de la denuncia". Precisó que en el país, a raíz del escándalo suscitado en Estados Unidos al hacerse públicos los abusos de prelados de la diócesis de Boston, la organización que preside tuvo conocimiento de 15 casos, pero en todos ellos, la mayoría mujeres, se niegan a presentar denuncias y les prohibieron hablar en su nombre.

El informe da cuenta de siete hechos sucedidos en el país, uno de ellos referido a la aceptación del cardenal Norberto Rivera sobre la existencia de estos delitos, y los relativos a las acusaciones que en diferentes fechas recibieron algunos prelados.