Un ejemplo es su respuesta a la recomendación en caso de la colonia Doctores, dice

El gobierno local "no entiende bien" la función de la CDHDF: Alvarez Icaza

Señala la "errónea percepción" de que el trabajo del ombudsman es contra las autoridades

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La respuesta que el gobierno de la ciudad dio a la recomendación relacionada con la desaparición forzada de un comerciante de autopartes de la colonia Doctores, muestra que "no se entiende bien" la función y el sentido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), de señalar las fallas de los servidores públicos y la comisión de violaciones de las garantías de las víctimas.

Así se expresó el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, quien advirtió que se tiene una errónea percepción de que el trabajo del organismo ataca al gobierno.

En entrevista, Alvarez Icaza señaló que el Gobierno del Distrito Federal, como parte del Estado mexicano, tiene la responsabilidad de aplicar y cumplir las normas internacionales adoptadas mediante la suscripción de convenios y tratados en materia de derechos humanos, sobre todo ahora con la alternancia en el poder, en que tales derechos adquieren otra perspectiva.

En el caso referido, la CDHDF emitió la recomendación por violación a los derechos humanos de integridad, seguridad personal, libertad y expedita procuración de justicia, con base en el apartado de desapariciones forzadas del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 1998, sobre la situación de esos derechos en México.

El documento recomienda al Estado mexicano que "realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desapariciones que queden pendientes por resolver, y sancione a los responsables"; asimismo, que "actúe de manera seria, rápida y eficiente, para asegurar que las denuncias sobre violaciones del derecho a la vida, por parte de miembros de la policía o de las fuerzas armadas mexicanas, sean investigadas de manera inmediata y en forma exhaustiva, y en consecuencia sean debidamente sancionados sus responsables".

Pero la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó aceptar el asunto como un caso de desaparición forzada, señalando que esto se aplica sólo cuando el hecho es ordenado por el Estado mismo.

Para el ombudsman, como señala el mismo organismo internacional, "a los efectos del análisis de la desaparición forzada, es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención".

Arduo camino

Alvarez Icaza refiere que el proceso para incorporar en el país la norma internacional ha sido muy largo, pues "venimos de una cultura política que encontró en el uso de la soberanía uno de los puntales para reafirmarse en sí misma, y durante mucho tiempo tuvimos un discurso basado en el principio de la no intervención y el respeto a la autonomía".

Con esto, agrega, se negaba la injerencia de cualquier instrumento en el país. "México firmaba cualquier cantidad de instrumentos y tratados en materia de derechos humanos, pero no adecuaba su norma respecto de los estándares internacionales", explica.

En contraste, empieza un proceso de apertura muy agresiva en materia comercial y el país se sujeta a los instrumentos internacionales en esta materia, como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC), los cuales crean sus propios mecanismos de regulación.

"Ahí México sí acepta la jurisdicción de todos esos instrumentos. Ese proceso hace más agudo el contraste: Ƒpor qué sí los acepta en materia de comercio, pero no en materia de derechos humanos?"

El ombudsman capitalino considera que el tema de los derechos humanos avanzó en México por las estrategias de sobrevivencia del movimiento social que durante los años 60 y 70 las utilizó para contener la represión. Y en los dos decenios posteriores se afirma con la presencia de organismos civiles que empiezan a apelar a las instancias internacionales ante la poca respuesta que encontraban en el país. "Las organizaciones civiles encontraron en los instrumentos internacionales un campo muy fértil para defender los derechos humanos en México". Además, "el fenómeno de la alternancia hace que la materia de los derechos humanos tenga otra perspectiva, porque los gobiernos y los entonces candidatos a gobernantes retoman la bandera de los derechos humanos como tema de campaña y como ejercicio de gobierno", apunta.

Bajo estas circunstancias, la CDHDF retoma los instrumentos internacionales de derechos humanos, y "prácticamente en todas las recomendaciones (seis en su administración) hemos incorporado ya la norma internacional, donde ya hay una obligación para todos los encargados de la procuración y administración de justicia de atender estos instrumentos".

Más que resistencia a la norma internacional de derechos humanos, lo que el comisionado considera que hay en el país es falta de conocimiento de dicha normatividad. "Nos han tocado casos de recomendaciones donde hemos hecho alusión a ciertos instrumentos que no se conocen, y nos dicen: 'oye, de qué se trata'.

Resalta la importancia de que los tratados y acuerdos suscritos por México abarcan las cinco categorías de derechos fundamentales: civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, declarados inherentes a la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.