Aunque los nexos de esas bandas con soldados son poco claros, se ve la mano del gobierno

Ahora policías apoyan a los paramilitares

Diputados del PRI, quienes financiaban las actividades de los grupos armados: ONG

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 25 de octubre. Los grupos civiles armados que operan y han operado en Chiapas, Ƒson paramilitares o no? Resulta necesario definir el término. De manera ortodoxa, se trata de grupos "que surgen directamente del apoyo, financiamiento y entrenamiento del Ejército", opina el abogado Miguel Angel de los Santos. Menciona los casos "típicos" de Colombia ahora, y Guatemala en el pasado reciente. "Allí no hay duda del vínculo, es explícito".

Otros investigadores escribieron hace poco: "La definición del concepto paramilitar considera que son aquellos que actúan junto a la institución militar, pero al mismo tiempo ejercen una acción desviada, deformada de lo militar, en un doble ambiente".

Cencos, Ciepac y Global Exchange, en su informe sobre las fuerzas armadas (México, 2000), retoman definiciones hechas por grupos de sobrevivientes y de derechos humanos en Santa Fe de Bogotá, Colombia. También consideran los manuales de contrainsurgencia de inspiración estadunidense y la experiencia guatemalteca.

Por un lado, dicen, se da "la desnaturalización de la institución, debido a la ideologización de sus integrantes, donde la institución armada no existe para defender los derechos de la sociedad toda, sino sólo al sector privilegiado dominante".

Por otro lado, resumen Cencos, Ciepac y Global Exchange, ocurre una "abolición de la frontera entre lo civil y lo militar, que utiliza a los civiles en trabajos que contribuyen al restablecimiento de la normalidad, acondicionados a mecanismos de clandestinidad que ocultan la identidad y garantizan la impunidad".

Volviendo a la pregunta inicial, Ƒson paramilitares los grupos armados que han operado y operan en Chiapas? Según las organizaciones no gubernamentales mencionadas, los grupos existentes: 1) actúan en las regiones indígenas; 2) en los municipios con mayor marginación y pobreza; 3) donde se concentra la mayor parte de los cuerpos policiacos y militares, por medio de retenes y campamentos; 4) en municipios gobernados por el Partido Revolucionario Institucional; 5) están integrados y organizados por "ex miliares" o "ex policías"; 6) coinciden con la presencia del EZLN (municipios autónomos o bases de apoyo); 7) se adhieren a ellos presidentes o ex presidentes municipales o personas con cargo de autoridad; 8) han sido acusados de recibir sueldo para entrenarse; 9) las comunidades los identifican por poseer armamento de alto calibre.

"Sobreviven inmersos en un círculo vicioso de apoyos, empezando por el gobierno vía diputados federales y estatales priístas, que funcionan como correas de transmisión de recursos", agregaban los estudiosos a finales del sexenio zedillista. A cambio, los paramilitares y sus bases han obtenido privilegios: presidencias municipales, poder caciquil, la oportunidad de adueñarse de los bienes de la población expulsada (tierras, casas, animales, bienes, café, etcétera) y ventajas políticas y económicas.

ƑEstos grupos están o no ligados al Ejército?, se pregunta, a su vez, Miguel Angel de los Santos, miembro de la Red Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. "Eso los haría propiamente paramilitares. Ahora, no resulta evidente, es difícil obtener pruebas directas, mientras se han desarrollado otras formas de motivar sus acciones y mostrarles que son impunes. Tolerar sus actos es una forma de negarlos, para que esas formas de violencia se sigan generando".

Considera que en el caso de Paz y Justicia, la liga con los soldados "ha sido evidente". En otros casos, "los militares involucrados (pues siempre los hay) lo hacen a título individual".

A partir de la ofensiva contrainsurgente en Chenalhó "cambió la estrategia". Ahí se ve la mano de la policía (algo parecido a lo que se ha suscitado en Los Plátanos, municipio de El Bosque). "No queda clara la actuación del Ejército. Sí es clara, en cambio, la participación gubernamental. El Estado es responsable de crear estos grupos o de tolerarlos y darles impunidad".

El gobierno federal "se beneficia de las acciones de dichos grupos; contener a los inconformes le conviene".

Ante el encarcelamiento de varios miembros de Paz y Justicia, De los Santos reitera: "No es suficiente detener a un solo grupo. Esos ni siquiera son los dirigentes. No están los funcionarios ni los militares que respaldaron la creación de Paz y Justicia. Ni siquiera se les menciona".

Afirma que "cuando hay una política decidida a combatir crímenes del pasado no se comienza capturando a las bases, sino a las cabezas. Pero los dirigentes de Paz y Justicia se ríen ahora de la justicia", dice, y menciona a los ex diputados priístas Samuel Sánchez Sánchez y Raymundo Hernández Trujillo. "Siempre hay un diputado detrás de estos grupos", apunta.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas logró identificar como participante en ataques contra indígenas de la zona norte al comandante Onésimo Angel Herrera, del "grupo Maya" de Seguridad Pública del estado, y a Samuel Sánchez como "general" de la banda armada (en su informe sobre desplazados de guerra en Chiapas, mayo de 2002).

Para entender cómo ha madurado la estrategia contrainsurgente, ayudaría un repaso de lo ocurrido (denunciado y documentado en su momento) durante 1997 en Chenalhó, antes de la matanza de Acteal: el trasiego de armas por las carreteras y a través de retenes militares y policiacos; la formación de campos de entrenamiento (para)militar en Santa Martha y luego en Los Chorros y Puebla, los operativos de provocación en los que encapuchados priístas mataban priístas y pudrían la convivencia en todo el municipio.

Con ese candor, que le costó ser expulsado del país, el padre Miguel Chanteau, párroco de Chenalhó entonces, ha dicho: "antes de la llegada de la policía de Seguridad Pública a la colonia Puebla, a finales de mayo de 1997, no se oía hablar de paramilitares en el municipio".