Según datos del Instituto Nacional Agrario y la Procuraduría Agraria, del total del territorio nacional, le pertenecen a los núcleos agrarios (ejidos y comunidades), el 58% de las tierras rústicas, el 50% de las tierras de labor y el 80% de las superficies forestales. Cerca de 8 mil núcleos agrarios (del total de 29 mil) cuentan con recursos forestales. Por otra parte, el 71.5% del territorio nacional es forestal. En términos madereros, 56.8 millones de hectáreas son arboladas, y de ellas, 21 millones tienen potencial comercial pero sólo 7 millones se aprovechan. Todas ellas cuentan con biodiversidad y recursos genéticos.

En México, de las grandes concesiones y latifundios forestales de la época porfirista a la primera parte del siglo XX, se pasó a las grandes concesiones forestales de los años cuarenta a los ochenta que beneficiaron a las industrias privadas y paraestatales y descapitalizaron social, económica y ambientalmente a los núcleos agrarios y a pequeños propietarios.

Por la inconformidad social, a partir de los años ochenta se inició el reconocimiento legal a los ejidos y comunidades para otorgarles autorizaciones forestales. La contraofensiva oficial e industrial se instrumentó en no reconocer sus demandas de unidades propias de manejo forestal, en privatizar los servicios técnicos forestales, impulsar manejos intensivos ("silvícolas") para la extracción de grandes volúmenes de madera, abrir la aduana a la importación de madera a precios dumping, todo con la finalidad de asegurar altos volúmenes de madera a precios bajos para la industria.

Hoy predomina el sistema rentista en la mayoría de los núcleos agrarios, y pocos aprovechan, transforman e industrializan su madera. Se importa madera con subsidios de su país de origen, y en México se subsidian las inversiones privadas para las plantaciones forestales comerciales. La producción forestal nacional está en crisis.

¿Existe una política forestal nacionalista que beneficie económicamente a los núcleos agrarios del sector forestal, que conserven la biodiversidad y los ecosistemas forestales? ¿Ocurren cambios forestales originados en México para México?

Los países industrializados son responsables del mayor consumo de combustibles fósiles, y de la mayor contaminación (una es la de gases que producen el efecto invernadero y cambios climáticos). Se buscaron acuerdos y mecanismos para solucionar este problema que no dieron resultados, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 1990. En 1992 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se obtuvieron acuerdos regionales no vinculantes jurídicamente, como la Agenda 21, criterios e indicadores de la ordenación forestal y la certificación forestal; acuerdos y convenios como el de Diversidad Biológica (CBD) y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC).

Así se comenzó a articular una instrumentación global copada y dirigida por los organismos internacionales de desarrollo y comercio que operan en función de los intereses de las grandes corporaciones.

En la adopción del Protocolo de Kyoto de la CNUMAD en 1997, se propuso un compromiso vinculante que comprometía a los países industrializados a reducir el consumo de combustibles y la emisión de sus gases, pero se acompañó con la propuesta de reducir las actividades en el sector forestal, entre ellas los cambios de uso del suelo, para que los bosques funcionaran como retenedores y fijadores de carbono, otorgando incentivos a los países industriales si invertían en la actividad forestal con bonos de carbono.

En la práctica los países del norte encontraron la forma de trasladar la responsabilidad del cambio climático a los países forestales del sur.

En la aplicación del CDB, el CMCC y otros instrumentos de la Cuarta Conferencia de las Partes en 1998 en Argentina, se le asignó a los bosques su nuevo papel: uso de la madera como fuente de energía (biomasa=bionergía) para la industria, cubrir la demanda de madera a través de plantaciones, incrementar el comercio de productos no maderables (plantas medicinales y biodiversidad), y otros servicios ambientales (agua y fijar y retener carbono). Esta es la llamada Ordenación Forestal para el Manejo Forestal Sustentable, "útil" para equilibrar objetivos sociales, económicos y ambientales.

Al robo y el comercio de los conocimientos y recursos genéticos de los pueblos indígenas, a la privatización de los servicios ambientales como el agua, al "ecoturismo" de las cadenas internacionales, ahora se les llama "útiles y equilibrados". Los países del norte pueden seguir contaminando y saqueando el sur en un nuevo modelo.

Según la fao, más de 150 países han elaborado criterios e indicadores para la ordenación forestal. Se reforman las políticas forestales, lo que incluye privatizar empresas forestales estatales, Áreas Naturales Protegidas (ANP) y estructuras de investigación, impulsar legalmente la ordenación y planificación forestal, los servicios ambientales para el comercio, descentralizar funciones y transparentar la gestión.

Sandra Brown, de la Agencia de Protección Ambiental estadunidense, menciona que los bosques mundiales pueden fijar en el mismo lapso de tiempo, apenas un 11 a un 15% de carbono que emiten los combustibles fósiles. Su propuesta es planeación a 50 años, ordenación forestal, control de la deforestación e incendios, sobre todo en las zonas tropicales, manejos intensivos en los aprovechamientos y ANP. La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, en septiembre de 2000, plantea lo mismo, y apoya a los países en sus Programas Forestales Nacionales.

En febrero de 1999, el gobierno de México --con el apoyo de Finlandia y del BID-- inició la formulación del Plan Estratégico Forestal para México 2025. A mediados de 2001, la Comisión Nacional Forestal lo adoptó como su propuesta básica, y con ella construyó su Programa Nacional Forestal 2001-2006. En abril de este año, legisladores del PRI a través del Senador Germán Sierra, presentaron en el Senado la Iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En mayo, el Diputado Miguel Barbosa del PRD, presentó la iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley Forestal en Materia de Valoración y Retribución por los Servicios Ambientales.

Todas estas propuestas e iniciativas aplican las políticas, estrategias e instrumentos de los organismos internacionales. A partir de agosto, el ingeniero Alberto Cárdenas de Conafor, cuenta ya con un propuesta de Ley Forestal que espera se apruebe. Estas iniciativas se presentaron sin la información previa y sin el acuerdo de los ejidos y las comunidades forestales.

Sus características son: planeación a largo plazo, ordenación forestal, manejo intensivo del bosque natural, plantaciones forestales, bioprospección de 4 mil especies medicinales tomando como referencia los casos de ICBG-Maya y UNAM-Diversa, mercado cinegético, captura de agua y carbono, ecoturismo, privatización de anp con el ejemplo de "Servidumbres Ecológicas" de Pronatura y cadenas productivas. Además de tasa cero del IVA, no se gravan dividendos y ganancias de capital, hay depreciación inmediata de maquinaria y equipo, más reintegro del 65% del costo de las plantaciones y otros. En la Ley habrá autorizaciones para biotecnología, colecta, uso y comercialización de recursos genéticos, las plantaciones de 800 hectáreas en "terrenos forestales temporales" sólo requieren de un aviso. Se autorizan plantaciones sustituyendo vegetación natural si se demuestra que no tiene valor comercial, se autorizan aprovechamientos en habitats de especies con estatus.

No debemos aceptar estos graves cambios coincidentes con la globalización.