Sólo cuenta con 53% de los fondos que se requieren

Serias dificultades de la Corte para pensionar a funcionarios de alto nivel

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo cuenta con 53 por ciento de los recursos necesarios para cubrir las "obligaciones totales" de las pensiones de sus funcionarios de primer nivel -magistrados, jueces, secretarios ejecutivos y administrativos, tesorero y secretarios de estudio y cuenta-, pero además tiene un "desfinanciamiento" de mil 363 millones 900 mil pesos para afrontar el gasto que generará la jubilación de la actual generación de funcionarios judiciales de primer nivel.

Además "existen limitaciones presupuestales para el financiamiento futuro del plan de pensiones, dado que no existen partidas destinadas al financiamiento de un programa complementario".

Lo anterior forma parte del documento "Presentación a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Adecuaciones al plan de pensiones por jubilación", que la Corte dio a conocer a los magistrados federales en agosto pasado, en vísperas de su congreso nacional.

Dicho análisis, que revela la crítica situación financiera que vive el Poder Judicial Federal, y particularmente la Corte, advierte que se requiere 14 por ciento de la nómina total de los empleados de primer nivel para estar en condiciones de sustentar el pago de las pensiones de quienes están aún en activo.

Agrega el documento, en poder de La Jornada, que además se necesitará 7 por ciento adicional de la nómina actual para cubrir el gasto de la jubilación de la futura generación de funcionarios.

Las "nuevas adecuaciones"

Ante esta crítica situación, el pleno de la Corte propuso una "nueva adecuación" para el pago de pensiones, que consiste en "crear un plan contributorio": el empleado aportaría de manera individual para financiar el pago de su pensión.

Esta iniciativa contrasta con la situación que había prevalecido anteriormente entre jueces y magistrados: gracias a un fideicomiso creado por Miguel de la Madrid, los juzgadores tenían derecho a recibir alrededor de 20 mil pesos mensuales adicionales a su pensión del ISSSTE, que es de 12 mil 400 pesos.

Sin embargo, esta protección con que contaban jueces y magistrados fue modificada unilateralmente durante el periodo de Vicente Aguinaco Alemán al frente de la Corte, e incluso hay quien considera que ese cambio fue inconstitucional porque se desvirtuó el origen de la creación de dicho fideicomiso.

Adicionalmente, el 23 de junio de 2000 el pleno de la Corte aprobó el acuerdo 8/2000 sobre pensiones complementarias a la que otorga el ISSSTE para jueces y magistrados, pero además, para secretario de Finanzas y Servicios Administrativos, secretario de la Contraloría y de Gestión Administrativa, secretario general de Acuerdos, subsecretario general de Acuerdos, coordinador general, director general, tesorero y los más de cien secretarios de estudio y cuenta que tiene la SCJN.

A decir de un magistrado consultado, "el fideicomiso que originalmente estaba destinado únicamente para jueces y magistrados se amplió unilateralmente y con ello el pastel se hizo más chico". Como consecuencia, la Corte le notificó a los magistrados que precisamente dicho fideicomiso estaba prácticamente agotado, por lo que se tenía que desarrollar un nuevo esquema de jubilación.

Ese plan de pensiones que les fue presentado a finales de agosto plantea una "nueva filosofía", la cual consiste en darle viabilidad financiera al plan para participantes actuales y futuros a corto, mediano y largo plazo. La Corte aportará al los fondos actuales, "respetando así las obligaciones por servicios pasados previstas a la fecha en lo referente al beneficio actual del plan de pensiones para la generación actual o de transición".

Sin embargo, fuentes judiciales llamaron la atención sobre el hecho de que el fondo de pensiones de jueces y magistrados debe ser manejado por el Consejo de la Judicatura Federal y no por la Corte, ya que teóricamente el máximo tribunal no tiene ya injerencia alguna en lo que respecta a sueldos, ratificaciones y suspensiones de los juzgadores, sino que a partir de la reforma constitucional de 1994 esas obligaciones pasaron al consejo.