La reducción de aportaciones patronales obligó a recurrir al endeudamiento externo

Una política errónea en materia de seguridad social llevó a Argentina a la debacle, asegura especialista

ANGELES CRUZ

Argentina es el ejemplo de lo que no se debe hacer en seguridad social. Las reformas aplicadas en 1994 fueron el principal factor del endeudamiento externo del país, que hoy enfrenta la peor crisis económica del mundo, aseguró Jorge Isaac D'Angelo, experto en el tema y participante en la reunión anual de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Señaló que el sistema de cuentas individualizadas de pensiones, la reducción de las aportaciones patronales en aras del pleno empleo y la transferencia del control de los recursos a las autoridades económicas sólo sirvieron para que 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA) esté fuera del sistema y que el Estado se descapitalizara.

Entre 1994 y 2002, detalló, el sistema de seguridad social dejó de percibir cerca de 65 mil millones de dólares. Debido a que el gobierno argentino dejó de recibir estos recursos por las medidas adoptadas, se recurrió al crédito externo. En el mismo periodo la deuda pública pasó de 95 mil millones de dólares a 170 mil millones. El pago de intereses por dicha deuda aumentó 105.8 por ciento.

Ante los expertos en seguridad social que asisten a la reunión de la CISS, D'Angelo resaltó que contrario a lo que se esperaba, el empleo no creció y el nivel de desocupación subió de 9 a 25 por ciento de la PEA. En tanto, la informalidad laboral, que prácticamente no existía hasta antes de la reforma, actualmente supera 30 por ciento de la población en edad de trabajar.

Sin duda el sector informal es una respuesta ante el lento crecimiento de las economías y la falta de empleos formales, indicó.

En seguida, el especialista mencionó que la modificación del esquema de seguridad social no tomó en cuenta las opiniones de nadie, principalmente de quienes eran calificados como "opositores a la modernización de los regímenes". Así, las decisiones tomadas por el Ejecutivo federal fueron "recetas no probadas ni aplicables a nuestra realidad", añadió.

Hasta antes de la reforma de 1994, el sistema de seguridad social argentino se financiaba por sí solo, cubría un amplio margen de la PEA, no se permitían los contratos de tiempo parcial y otros elementos nocivos para los sistemas de recaudación. Además, reseñó D'Angelo, la evasión era muy baja y las cuotas obrero-patronales se mantenían en los valores históricos. En suma, indicó el experto, la seguridad social era equilibrada y controlada.

Actualmente, 60 por ciento de la PEA está fuera del sistema debido a la informalidad o el desempleo, mientras que la mitad de los trabajadores formales no realizan sus aportaciones al régimen.

En el mejor de los casos

Por otra parte, debido a la insuficiencia económica gubernamental, 80 por ciento de los fondos de los sistemas privados de jubilaciones y pensiones fueron tomados por el Estado para invertirlos en títulos públicos. Por la crisis que atraviesa Argentina, dichos títulos cotizan, en el mejor de los casos, a 25 por ciento de su valor nominal.

A su vez, las administradoras de jubilaciones y pensiones retuvieron, entre seguros y costos administrativos, más de 30 por ciento de la aportación individual de los empleados. Es decir, aseguró D'Angelo, los potenciales jubilados y pensionados "no pueden ni suponer cuánto van a obtener de su cuenta individual previsional".

Por todo lo anterior, concluyó el especialista, quien se desempeña como presidente de la Comisión Americana de los Adultos Mayores y de la Asociación Mutual de los Agentes para los Organismos de la Tercera Edad, los países de América Latina deben tomar el caso argentino como un ejemplo de lo que no se debe hacer, e impulsar sólo aquello que esté acorde con su realidad.

Las naciones también debieran tener la precaución de garantizar en todo momento que el Estado no se desligue de su responsabilidad fundamental dentro de la seguridad social.

Por el contrario, debe asumir su obligación de supervisor del comportamiento de los prestadores privados.

Además, apuntó, el componente estatal es el único que garantiza el elemento redistributivo y solidario de cualquier esquema de seguridad social. Incluso que éste sea obligatorio puede ser la solución a los problemas de selección adversa de la población.