Emilio Pradilla Cobos

Reforma política congelada

Con su voto mayoritario, los senadores del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados de ocasión del Partido Verde Ecologista rechazaron la minuta de reforma política para el Distrito Federal, devolviéndola a la Cámara de Diputados, donde había sido aprobada por mayoría de votos de todos los partidos políticos. El pretexto fue que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que la generó con el consenso unánime de sus miembros, carece de facultades para proponer reformas constitucionales. Así, uno de los aspectos que justifican la reforma se volvió el argumento para congelarla.

El PRI, que durante años se ha opuesto a la democratización de la capital y sólo aceptó cambios parciales y a cuentagotas, mostró así su fragmentación interna entre los seguidores de Roberto Madrazo, enemigo del actual gobierno capitalino, y los de Beatriz Paredes más complacientes con éste los dos últimos años, o su cambio de rumbo por la cercanía de las elecciones del año venidero y sus intereses coyunturales. El PVEM evidenció el oportunismo político de sus alianzas coyunturales con el PAN en 2000 y con el PRI para 2003. La ciudad y sus habitantes fueron otra vez rehenes del electorerismo de los partidos políticos.

Sorprende el rechazo de la reforma, pues sólo modificaba aspectos secundarios -significativos sobre todo en temas presupuestales- del estatuto de excepción que rige al DF, sin enfrentar los problemas sustantivos. No convertía a la entidad en un estado de la Federación, ni daba a la ALDF funciones plenas de congreso estatal, ni permitía la aprobación de una Constitución local, lo que mantenía a sus poderes Legislativo y Ejecutivo en una condición de soberanía restringida, sin capacidad para participar igualitariamente en las decisiones federales, y perpetuaba la situación de ciudadanos de segunda clase para los capitalinos.

No convertía a las delegaciones en municipios, lo que impide la formación de ayuntamientos como órganos colegiados plurales, conservando el centralismo actual en aspectos presupuestales, de planeación y gestión urbana y de seguridad pública. Se perdía la oportunidad de superar el mito, heredado del conflictivo periodo posrevolucionario, del obligado carácter especial del territorio donde se asientan los poderes federales, y no se resolvían los problemas financieros que generan al DF las restricciones fiscales y los sobrecostos debidos a su presencia -los costos de la capitalidad-, los cuales deben resolverse estructuralmente.

Otro aspecto que no tocaba la abortada reforma era el del gobierno -o al menos la coordinación de la planeación, la gestión y la inversión- de la zona metropolitana del valle de México, que se ha convertido en carencia mayor y fuente de contradicción importante para el funcionamiento eficaz y eficiente de la metrópoli, según lo han mostrado temas como el nuevo aeropuerto regional, el segundo piso en Periférico y Viaducto, los trenes suburbanos y el transporte público concesionado.

Llegó el momento de enfrentar la problemática de las grandes metrópolis y las ciudades región actuales, y de poner al día la estructura gubernamental para atenderla mediante reformas constitucionales que permitan la formación de gobiernos, empresas públicas y fondos metropolitanos de inversión y desarrollo.

Estas limitaciones explican quizás el poco interés mostrado por la ciudadanía en la reforma, lo cual permite que, como ocurrió en esta ocasión, todo se decida mediante acuerdos o desacuerdos de las cúpulas gubernamentales o partidarias, al margen de la participación ciudadana. El rechazo de la reforma y la cercanía del proceso electoral permiten y exigen que se reabra el debate público sobre una reforma política integral y estructural para la capital; éste sería un tema sustantivo para que las mayorías electorales, legislativas y gubernamentales se construyan sobre plataformas que aborden temas centrales, y no sobre imágenes, popularidades, inercias o clientelismos efímeros.

Llamamos a las fuerzas democráticas y de izquierda, en particular al Partido de la Revolución Democrática, a abrir el debate sobre este tema trascendente, cuya respuesta puede ser una diferencia concreta con la de la derecha neoliberal y autoritaria en el próximo proceso electoral. Así pasaríamos de una política reactiva y defensiva, a una propositiva, con visión de futuro. El PRD-DF tendría la posibilidad de dejar atrás el método deplorable de los enfrentamientos y exclusiones por problemas de "obediencia" a las decisiones cupulares de gobierno o partido, de la lucha entre facciones por el control de candidaturas y puestos, al de la política que interesa a los ciudadanos: la construcción de un proyecto democrático, incluyente y equitativo de ciudad. Estos son los temas que ameritan referendos y plebiscitos que pueden interesar a los ciudadanos de la urbe. El tiempo es corto; que no se desperdicie como en el pasado.