José Blanco

UNAM: contradicciones e indefiniciones

El pasado 30 de julio escribí en este espacio que la escasísima participación de los universitarios en la jornada de conferencias y debates organizada la semana anterior a esa fecha por la CECU (Comisión Especial para el Congreso Universitario) era uno más de los síntomas que indicaban el bajísimo interés de los unamitas por el congreso. Aunque ello era así, apuntaba, por razones harto diferentes, según se tratara de los investigadores de las ciencias duras o los de las ciencias sociales y humanidades, o los profesores de licenciatura o los profesores del bachillerato, o los estudiantes comunes o el CGH.

El pasado viernes 4, en la primera sesión del nuevo Consejo Universitario (CU), el rector, la CECU y el propio CU coincidieron en lo que tantos universitarios han repetido: "un problema que se afronta actualmente es el limitado interés de la comunidad en actividades referentes al congreso" (El Universal, 5/10/02). En entrevista previa, además, el rector De la Fuente había dicho que para la realización del congreso "no hay plazos fatales".

Como era previsible, el CU y la rectoría tomaron decisiones en dicha sesión apoyándose en la encuesta de opinión que organizó la CECU entre el 26 de julio y el 18 de agosto pasados. Como se verá, hay algunas contradicciones, al menos aparentes, entre el amplio consenso acerca del bajo interés de los universitarios por el congreso y lo que dice la encuesta. Los datos más relevantes son: 1) 80 por ciento de los universitarios (académicos, estudiantes y trabajadores) dicen sí a una reforma universitaria para mejorar el nivel académico y responder a las necesidades del país y para mejorar los aspectos administrativos de la institución; 2) 25 por ciento no sabe que actualmente se discute la organización de un congreso; 3) 88 por ciento piensa que es conveniente realizar un congreso; 4) 74 por ciento considera que conviene realizarlo en este año; 5) 68 por ciento cree que la forma adecuada para realizar el congreso es por etapas y no un congreso general a través de representantes; 6) 74 por ciento dice estar dispuesto a participar; pero como representante, sólo 16 por ciento de los estudiantes, 23 por ciento de los académicos y 21 por ciento de los trabajadores; 7) los tres problemas principales de la UNAM son, según los encuestados, financiamiento y falta de recursos, burocracia y administración, y nivel académico y planes de estudio.

Que medio mundo mire una baja participación y escaso interés de los universitarios en el congreso y la encuesta diga que 88 por ciento dicen sí al congreso no tiene una fácil explicación. En un espacio donde la desconfianza entre los universitarios es muy alta, según ocurre en gran medida hoy en la UNAM como efecto de la huelga (el profesor emérito Luis de la Peña se extendió sobre este tema en el CU y añadió el incumplimiento de acuerdos del congreso de 1990), no es difícil que sotto voce se diga una cosa y en una consulta pública otra. De otra parte, véase que la mayoría quiere un congreso "por etapas" (sin que el cuestionario dijera en qué consistían) y, además, muy bajo porcentaje dijo estar dispuesto a participar como representante. Estos datos ayudan a entender el alto porcentaje de quienes dijeron sí al congreso: en realidad las indefinidas "etapas" vuelven indefinida la realización del congreso. Como dijo el rector: para la realización del congreso no hay plazos fatales.

Pero todo eso es, justamente, lo que quiere la mayoría de los universitarios. Es decir, han decidido marchar por una vía sumamente precavida o extremadamente conservadora, como usted prefiera, y cada uno, como se apuntó, tiene sus razones (tendremos ocasión de hablar de ellas).

Para reafirmar aún más la indefinición de la vía de la reforma, el CU aprobó que la CECU "considere la pertinencia de una primera fase del congreso que incluya, entre otros elementos, una consulta abierta a la comunidad (los medios no informaron sobre qué), la elaboración de un diagnóstico institucional (no se sabe quiénes lo harán) y el análisis de los acuerdos derivados del Congreso de 1990 que no se cumplieron" (La Jornada, 5/10/02). El tiempo que sólo esta primera fase absorberá ya es de suyo indefinido, pero, con seguridad, muy largo.

Otro efecto, por demás interesante, de estas decisiones del CU es que el rector ha logrado desvincular la sucesión de la rectoría, el año que entra, de la realización del congreso. Como se recordará, la huelga fue levantada mediada por un referéndum propuesto por el rector, en el que 180 mil universitarios aprobaron realizar un congreso. Ahora ese compromiso ha quedado, en la práctica, sin efecto. Como en el pasado, después de un primer periodo de un rector, la sucesión estará gobernada principalmente por el grado de influencia del rector en turno sobre el Colegio de Directores y sobre la Junta de Gobierno.

Conviene examinar si, con esas vías y decisiones, hay un futuro prometedor para la UNAM.