Se incluyen los de Romero Deschamps y Espino Arévalo; se les enviará notificación

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados recibió diez expedientes de solicitud de desafuero

Se iniciará formalmente el proceso para determinar si procede o no retirarles la protección constitucional Los señalados tendrán un mes para entregar sus elementos de defensa

CIRO PEREZ SILVA

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados recibió ayer los diez expedientes de solicitud de desafuero, entre los que se incluye uno en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el delito de abuso de autoridad, entre otros, mismo que fue presentado ayer por Dora María Contreras Machado.

Además le fue entregada la que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del diputado federal y secretario general del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por lo que una vez girada la notificación a cada uno de los afectados se iniciará formalmente el proceso para determinar si procede o no retirarles la protección constitucional, que concluirá en 60 días.

El presidente de este órgano colegiado, el perredista Ricardo Moreno Bastida, precisó que en un plazo de 72 horas harán las notificaciones respectivas, con lo que correrá un mes en el que las partes podrán entregar a la Sección Instructora los elementos de defensa que los señalados consideren pertinentes, a efecto de desvanecer las pruebas que se hayan aportado en la solicitud del juicio de procedencia en contra de funcionarios o servidores públicos o bien la autoridad podrá ampliar los ya existentes para sustentar la petición de desafuero.

Al menos cuatro solicitudes podrían ser desechadas

Se adelantó que al menos cuatro de estas solicitudes serán desechadas, ya que no reúnen los elementos suficientes para su análisis, por lo que los diputados se concentrarán en seis casos, que revisarán de manera simultánea, es decir, el término de 60 días correrá al mismo tiempo para todos. Se informó además que serán contratadas entre ocho y diez personas, preferentemente abogados que se hayan desempeñado como agentes del Ministerio Público, para estudiar los expedientes, ya que sólo el que se refiere a los líderes petroleros, Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto y Jesús Olvera rebasa las 60 mil fojas.

De los expedientes, el que envió la PGR para sustanciar las acusaciones de peculado en contra del líder petrolero y otros miembros del sindicato que dirige es el más extenso, por lo que los legisladores que conforman la Sección Instructora hicieron de los legajos sólo una recepción ''virtual'', ya que por su extensión permanecen en la bóveda de seguridad de la Cámara de Diputados, de donde serán extraídos por secciones para su revisión.

Por cuanto al resto de las solicitudes de juicio de procedencia, la Comisión Jurisdiccional, que encabeza el también perredista Arturo Herviz Reyes, entregó siete. La primera es en contra de Ana Teresa Lubbert Gutiérrez, Mario Martínez Velásquez, Rafael González Benavides, José Agustín Antún Cantú, Bibiano Ruiz Polanco y Juan Leobardo Ramos Jasso, magistrados del Pleno Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas.

Fue solicitada por Artero Morales Lara el 30 de abril de 2001 y turnada a la Comisión Jurisdiccional el 9 de mayo de 2001. Ahí se denuncia violación de garantías individuales y el expediente consta de ocho fojas útiles por un solo lado, más seis anexos.

El segundo asunto es en contra del panista Carlos Manuel Cambranis López, diputado local en el Congreso de Campeche. Fue solicitada por Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República, con fecha 3 de agosto de 2001 y ratificada tres días después.

Fue turnada a la Comisión Jurisdiccional el 8 de agosto de 2001. Al legislador se le acusa del delito de homicidio y lesiones por culpa con motivo de responsabilidad profesional, como indica la averiguación previa número 723/FESPLE/2001, que consta en copia certificada en 509 fojas útiles.

Una solicitud más es en contra del perredista Bonifacio Castillo Cruz, diputado federal en la 58 Legislatura. Fue presentada por Pericles Namorado Urrutia, procurador general de Justicia de Veracruz, con fecha 30 de octubre de 2001.

El documento se turnó a la Comisión Jurisdiccional el 5 de noviembre de 2001. Al legislador se le acusa de peculado, incumplimiento del deber legal y uso de documento falso, según consta en la averiguación previa número 174E/2001 y su acumulada PAP3/1129/2000, que viene en dos tomos en un total de 2 mil 94 fojas útiles y 21 carpetas en un total de 3 mil 446 fojas útiles.

A éstas se suma la solicitud de procedencia en contra del panista Sergio Alvarez Mata, del priísta Hugo Manzo Godinez y del perredista José Luis Correa Villanueva, diputados del estado de Morelos, solicitada por Valentín Pobedano Arce el 23 de enero de 2002 y turnada a la Comisión Jurisdiccional el 31 de enero del mismo año.

A los diputados locales se les acusa de haber obstruido la acción de la justicia y la administración y negarse a separar en un acto previo y especial al presidente municipal del ayuntamiento de Temixco, Floriberto Miranda Bahena, del cargo que ocupaba, así como de rendir informes falsos a una autoridad judicial federal. El expediente consta en dos anexos, consistente el primero de ellos en cinco fojas útiles por un solo lado en copia certificada y el segundo en cinco fojas útiles por ambos lados, en copia certificada.

El quinto asunto se refiere a la solicitud de procedencia en contra del priísta Pedro Manterota Sáinz, diputado federal en la 58 Legislatura. Fue presentada por Pericles Namorado Urrutia, procurador de Justicia del estado de Veracruz, el 28 de febrero de 2002 y turnada a la Comisión Jurisdiccional el 6 de marzo de 2002. Se le acusa del delito de peculado e incumplimiento del deber legal, según consta en cuatro tomos en un total de 2 mil 463 fojas útiles y 39 legajos.

Ministros acusados

Una solicitud más, en contra de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan Silva Meza, presentada por Luis de Guerrero Osio y Rivas el 26 de marzo de 2002, que se turnó un día después a la Comisión Jurisdiccional. Los delitos de que se acusa a los ministros es el de terrorismo, genocidio y traición a la patria.

La última solicitud que entregó ayer la Comisión Jurisdiccional es en contra del priísta Fernando Espino Arévalo, diputado a la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y líder de los trabajadores del Metro. Fue presentada por José Luis Flores Tapia, agente del Ministerio Publico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 3 de septiembre de 2002, por los delitos de coalición de servidores públicos y ataques a las vías generales de comunicación. Consta en copia certificada de la averiguación previa numero FACI/50TI/1008/02-08, en un total de 842 fojas útiles debidamente certificadas.

Por otra parte, los documentos que tienen que ver con el líder petrolero y el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Héctor Sánchez López fueron entregados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados.