Se dispone a establecer alianzas con centrales obreras para la defensa de prestaciones

Advierte el STPRM que no permitirá que "se negocie a la baja" el contrato colectivo

JOSE GUTIERREZ GUILLEN LA JORNADA SAN LUIS

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) abre un nuevo frente de batalla ante el Pemexgate: la defensa del contrato colectivo de trabajo, uno de los mejores del país por el cúmulo de prestaciones que otorga y, en los hechos, herramienta de poder de los dirigentes del gremio.

Luego del acuerdo salarial que evitó la huelga en Petróleos Mexicanos (Pemex), la cúpula del sindicato petrolero se coloca a la defensiva para disminuir los efectos del eventual desafuero de su dirigente, Carlos Romero Deschamps, también diputado federal, señalado como presunto responsable del desvío de recursos de la paraestatal hacia la campaña presidencial priísta.

"Con el embate que encabeza el gobierno del presidente Vicente Fox está en riesgo no sólo nuestro contrato colectivo, que habremos de defender, sino el propio sindicato y todo el movimiento obrero en México", dijo a este diario un cercano colaborador de Romero Deschamps, quien solicitó que no se publicara su nombre.

Reconoció que de los convenios celebrados con Pemex, reconocidos en el contrato colectivo, se derivó el "escándalo" de la Operación Crudo o Pemexgate, "por lo que de ahí parte la alerta que habremos de atender".

La estrategia defensiva del STPRM incluye la consulta interna que ordenó Romero Deschamps como muestra de "apoyo" de los trabajadores a su dirigencia. El siguiente paso es alentar alianzas con otras centrales obreras y reforzar su defensa jurídica ante la Sección Instructora del Congreso, "para avalar la legalidad" de los convenios referidos.

La fuente consultada dejó en claro que no permitirán "se negocie a la baja" lo pactado en el contrato colectivo bajo el pretexto de que la demanda penal tiene como antecedente un acuerdo celebrado con Pemex.

"Es como si un patrón atropellara con el auto a su trabajador y en lugar de levantar la demanda penal se fueran a desahogar el asunto a un tribunal laboral. Eso es un absurdo, de la misma forma que a nadie se le hubiera ocurrido sancionar un convenio laboral en el Ministerio Público", agregó.

En los beneficios del contrato colectivo de trabajo, cuyo reparto está en manos de los dirigentes petroleros (a nivel seccional y nacional) radica el poder y control del STPRM, asunto que se refuerza desde su participación en el consejo de administración de Pemex.

Julio César Rodríguez, cabeza de uno de los tres grupos disidentes al interior del STPRM, coincidió con el líder consultado respecto a las mejores prestaciones con las que cuentan los petroleros.

A saber: pago de mil 300 pesos catorcenales por concepto de gasolina, ayuda para compra de gas doméstico, compensación por productividad y aportación para la canasta básica, lavado de ropa y renta, entre otros beneficios.

Sin embargo, señala el presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (constituida en 1999 como asociación civil), los dirigentes sindicales tienen absoluto control sobre las prestaciones en las que radican los derechos contractuales y estatutarios más significativos y, en especial, sobre el control de las plazas disponibles para los familiares directos de petroleros.

"Si el trabajador quiere gozar de alguna prestación necesariamente deberá pasar por la complacencia de su representante sindical; ahí es justo donde radica el ejercicio de poder y del despliegue de estos beneficios en tiempo de elecciones internas y externas", dijo.

Algunas de las prestaciones que según los disidentes "el sindicato la hace cansada para otorgar" son créditos para la construcción o remodelación de vivienda (superior a 55 mil pesos), hipotecarios (entre 300 y 400 mil pesos), así como otros de menor cuantía, pero de la misma forma importantes, como becas y uniformes deportivos.

La prueba de ello, agregó Rodríguez, es que la mayoría de las demandas -individuales y colectivas- interpuestas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) son por el incumplimiento del contrato colectivo derivado de la "omisión del sindicato".

El contrato actual contiene 258 artículos, anexos, acuerdos y reglamentos para más de 90 mil trabajadores que, a su vez, se clasifican en 664 categorías. La esencia de este documento no se remonta al periodo de Romero Deschamps o de Joaquín Hernández Galicia La Quina, sino a la lucha de este gremio desde la víspera y tras la expropiación petrolera de 1938.

En la obra El sindicato petrolero y el cardenismo, la investigadora Judith Herrera describe la lucha de los petroleros para obtener ayuda para renta de casa, construcción de vivienda, urbanización de colonias, escuelas para los hijos de los obreros, canchas deportivas y servicios médicos.

Tras una larga pelea se logró la participación del sindicato en la administración de la empresa, ascensos por antigüedad y, por supuesto, otras prerrogativas básicas, como semana de 40 horas con pago de 56, vacaciones, casas para los trabajadores, ayuda para renta, pago por riesgos profesionales, indemnización por riesgos profesionales y por incapacidad permanente, un sistema de becas y ayuda para el fomento a deporte, entre muchas otras.

No obstante, 60 años después las luchas históricas del gremio petrolero, que lo colocan en nivel de privilegio respecto a la mayoría de los obreros mexicanos, se convierten en ariete para defender a varios de sus dirigentes en asuntos de tipo penal.