Antonio Gershenson
Pemexgate: ¿hacia dónde?
La situación es compleja. Por un lado, lo que hubiera
sido un emplazamiento a huelga por revisión salarial, se cruza con
una acusación penal y con un procedimiento de desafuero en la Cámara
de Diputados. La sola posibilidad de que la huelga estalle trae a flote
una serie de cuestiones que, en revisiones salariales pasadas o en otro
lado, no se habían considerado seriamente. ¿Quiénes,
de los trabajadores, votan a favor o en contra de la huelga?
Esas preguntas conducían a otras. ¿Se atreverán
los líderes del sindicato petrolero a decretar la huelga? Y, si
eso sucede, ¿osará el gobierno federal utilizar la fuerza
pública? Y es que no está planteada, en la práctica,
una huelga en la que los trabajadores suspenden las labores y ya. Está
de por medio la ocupación de los centros de trabajo, o por lo menos
de algunos puntos estratégicos.
Vimos ya esto en el Metro de la ciudad de México.
Se suspendió la actividad de una línea a partir del hecho
de que un grupo organizado ocupó lugares estratégicos. Cuando
se amenazó con un segundo paro, la autoridad citadina tomó
medidas para prevenir que eso no sucediera, y los líderes en cuestión
tuvieron que dejar sin efecto sus amenazas y entrar a negociar ya sin ese
elemento de por medio.
Regresando al asunto de Pemex, en estos días se
ha notado una presencia militar no usual. En algunos casos, como la refinería
de Salina Cruz, la presencia militar es abierta. En esta ciudad, por ejemplo,
ha sido una presencia más discreta, pero no por eso menos real.
Es claro que los preparativos existen, está por verse si se concretarán
en algún tipo de acción.
Por lo pronto, estamos en un periodo de negociación
en el que las partes tratan de mostrar fuerza. La negociación también
es compleja, dado que el problema tiene planos muy diferentes entre sí.
El porcentaje de aumento de salario es un asunto a definir que es real,
no es sólo un pretexto, sino que los trabajadores lo necesitan.
No menos real es el aspecto penal, que no es sino una cara de lo que se
ha llamado Pemexgate: volúmenes importantes de dinero de
la paraestatal, transferidos a la dirección sindical y que estarían
finalmente destinados a apoyar la etapa terminal de la campaña del
candidato presidencial del PRI, aunque al parecer una buena parte se fue
quedando "por el camino".
Un cuadro tan complejo no admite ningún esquema
de "buenos y malos". Sí al aumento salarial, pero no a la impunidad
que impediría que, en un juicio imparcial, se determinen los posibles
delitos y se aplique la ley. Y, en el plano de fondo, el fortalecimiento
que requiere Pemex, que implica que tenga autonomía de gestión
y que pueda usar en inversión propia una parte de sus ingresos,
también incluye necesariamente una permanente y enérgica
lucha contra la corrupción.
Además, estos sucesos no deben relegar a un segundo
plano la solución a las cuestiones medulares de las industrias de
la energía. Estas deben salir adelante, con inversión propia
y autonomía de gestión, y contribuir, como ya lo han hecho
en otros momentos, al desarrollo nacional.