Temen en la comunidad que se repita la violencia, sostienen abogados de campesinos

El conflicto en Atenco sigue vigente, advierten

La posible reaprehensión de dirigentes crearía un escenario similar al de julio, expresan

MARIA RIVERA

Pese a la anulación del decreto expropiatorio, el conflicto en San Salvador Atenco no ha terminado. Sigue vigente debido a las causas penales que existen contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los abogados de los labriegos explican que de prosperar la apelación del Ministerio Público, los dirigentes Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza podrían ser reaprehendidos, con lo cual se crearía un escenario similar al del 11 de julio, cuando ocurrió el enfrentamiento entre campesinos y fuerzas policíacas.

Los defensores Damián Camacho y Leonel Rivero señalan que tras la celebración por el triunfo del movimiento, la opinión pública perdió de vista la parte de los procesos penales y las órdenes de aprehensión, pese a que el gobierno del estado de México se encarga de recordar que sigue vigente esta amenaza, como parte del hostigamiento contra esa comunidad.

"Contra San Salvador Atenco se ha ejercido una violencia política sistemática -puntualiza Damián Camacho-, y esto se refleja dentro de la comunidad. Viven con el temor de que se repita una experiencia como la de julio. Han acompañado a los procesados en sus diligencias en los juzgados y eso los ha afectado. Muchos ni siquiera conocían un penal y ahora saben que cualquiera que participe en un movimiento totalmente legítimo, como éste, donde lo único que hacían era defender lo suyo, podría tener un destino similar."

Adán Espinoza, uno de los líderes que podría ser detenido, sostiene que hay que ir al origen del problema para entender el proceder de los ejidatarios: "Los que propiciaron la violencia fueron los que lanzaron el decreto del 22 de octubre de 2001, que nos expropiaba la mayor parte de nuestras tierras de cultivo. Ahora que se revocó el decreto la justicia dice que cometimos ilícitos y que tenemos que pagar. Que estuvimos al margen de la ley en algunas ocasiones, no lo vamos a negar, pero nos vimos obligados a ello. Si no hacíamos nada nos iban a quitar todo lo que teníamos.

"Sabemos que legalmente ellos pueden encarcelarnos, que la justicia nunca está del lado de los pobres; por eso vamos a seguir en resistencia y unidos, para decirle al gobierno que tenga cuidado si vuelve a meterse con nosotros."

En la misma línea los abogados argumentan que la violencia provino en primer lugar del gobierno federal que emitió el decreto, y que las acciones de los campesinos no pueden considerarse conductas delictuosas aisladas, sino parte de una lucha social y política por la defensa de la tierra.

También apuntan que muchos de los detenidos en julio ni siquiera fueron quienes propiciaron los enfrentamientos, ya que las autoridades mexiquenses montaron un operativo en la carretera a Acolman, donde intervinieron cientos de granaderos. Fue la fuerza pública la que golpeó a los manifestantes, y por tanto, señalan, no puede admitirse que éstos pasen de agredidos a agresores.

Además, agregan, consta en los mismos expedientes y en las declaraciones de los policías asignados a las fuerzas de choque que muchos de ellos iban vestidos de civil, con lo que se demostraría que la acción fue preparada y se actuó fuera de todo reglamento.

Una lección que ha dejado el conflicto de Atenco, destacan los defensores, es que los movimientos sociales todavía no han sido capaces de generar sus propias estructuras jurídicas de defensa, pese a que se ha vuelto común que las movilizaciones populares terminen en represión.

Desde el 22 de octubre de 2001, cuando el gobierno federal dio a conocer el decreto expropiatorio para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, los campesinos de San Salvador Atenco iniciaron una serie de actos de resistencia por los que recibieron diversas acusaciones por parte de las autoridades mexiquenses.

El mayor enfrentamiento ocurrió el pasado 11 de julio, cuando los campesinos fueron interceptados en Acolman, mientras se dirigían a un acto donde intervendría el gobernador Arturo Montiel.

Tras el enfrentamiento entre policías estatales y ejidatarios, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo a 14 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, entre ellos a los dirigentes Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza. Sobre éstos pesaban órdenes de aprehensión giradas por un juez de Texcoco, entre otros cargos por privación ilegal de la libertad y robo de maquinaria, vehículos y radios de comunicación.

En aquella ocasión el procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, informó que los detenidos en el operativo habían sido consignados al juez primero de lo penal con sede en Texcoco e ingresados al penal de esa localidad, por delitos que iban desde robo calificado en agravio del gobierno estatal hasta motín y ataques a las vías de comunicación.

Como parte de las negociaciones posteriores al enfrentamiento se dictó auto de libertad para todos los detenidos, aunque tienen que asistir a firmar periódicamente.

También Ignacio del Valle y Adán Espinoza fueron liberados con las reservas de ley, pero el Ministerio Público apeló en los casos de privación ilegal de la libertad y daño en bienes, y existe la posibilidad de que la primera sala regional de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia revoque la resolución, lo que implicaría que el juez ordenara su inmediata reaprehensión. La determinación se dará a conocer en los próximos días.