PEMEXGATE

Es una "declaración de guerra" que hace peligrar la economía, sostienen

El chantaje al que se refiere Fox proviene del gobierno, afirman legisladores priístas

Preocupa el empantanamiento de las pesquisas sobre los Amigos de Fox mientras el Ejecutivo exige que no haya impunidad por el desvío de recursos en Pemex: PRD y PT

Ante las afirmaciones que realizó el martes el presidente Vicente Fox a la agencia Reuters, los legisladores priístas respondieron ayer y plantearon que el chantaje de que habla el mandatario proviene del gobierno, y lo convocaron a "no poner en riesgo la estabilidad del país; es una declaración de guerra que hace peligrar la economía".

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados del tricolor avanzaron en el calendario legislativo y advirtieron que la relación con las bancadas panista y perredista quedó "terriblemente deteriorada y tendrá que reconstruirse para aprobar el paquete económico de fin de año".

En contraste, legisladores de PRD y PT plantearon que es preocupante "el empantanamiento" de la investigación acerca de los recursos del extranjero que se canalizaron a la campaña de Fox Quesada, por conducto de la organización Amigos de Fox, mientras el Presidente de la República exige que no haya impunidad en el caso del Pemexgate.

En la Cámara de Senadores, el priísta Humberto Roque Villanueva manifestó que la amenaza, la presión y el chantaje provienen del gobierno. En tanto, su correligionaria Laura Alicia Garza Galindo señaló que Fox sólo pretende aniquilar a su principal adversario de 2003 para entregar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad a intereses extranjeros.

En contraparte, senadores del PAN consideraron que si bien el escenario de la huelga en Pemex sería desastroso, Fox debe seguir adelante, sin aceptar chantajes. "Sería muy penoso ceder ante la tentación inmediatista que siempre nos amenaza con los costos políticos y económicos", advirtió el panista Javier Corral.

Su compañero Jesús Galván resaltó que si Fox cede, perdería credibilidad y aparecería débil a los ojos de Acción Nacional y de cualquier ciudadano.

Al respecto, el secretario general del PRD, Carlos Navarrete, expuso que la transición democrática quedará inconclusa si no se aplica la justicia en forma igualitaria para el caso Pemexgate y el de Amigos de Fox. Si el Presidente cede, las consecuencias internas y, sobre todo, en el ámbito internacional, serían de funestas consecuencias, aseveró.

No pueden continuar las trabas legales en el caso Amigos de Fox, cuando se expone un discurso de transparencia y de apego al estado de derecho, dijo.

A su vez, el coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega, pidió mesura y responsabilidad al gobierno y al sindicato petrolero para no provocar desestabilización en el país.

Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, estableció que el verdadero propósito de Fox Quesada en el Pemexgate es apoderarse del sindicato para adelgazarlo y empezar la trasnacionalización de la industria. Hay una aplicación parcial de la justicia que arrastrará una enorme mancha si no se procede legalmente contra los líderes petroleros.

Menos beligerante, el Verde Ecologista mantuvo su actitud de rechazo a la integración de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, "porque propiciará la impunidad de los legisladores panistas que incurran en delitos". No obstante, anunciaron que los representantes de su grupo parlamentario en ese organismo "tendrán vía libre" para votar por el desafuero de los dirigentes del sindicato petrolero.

El priísta Florentino Castro manifestó que la alianza PAN-PRD es temporal: "Habremos de esperar al debate del presupuesto, y las reformas eléctrica y laboral". El gobierno foxista "tomó una decisión electoral con el argumento del combate a la corrupción", aseveró.

También la diputada por el PRI Lorena Beauregard aceptó que en la bancada de su partido persiste una sensación de la ilegalidad, porque "no se respetó el espíritu de la proporcionalidad y la equidad en la conformación de la Sección Instructora".

Por su parte, el perredista Tomás Torres Mercado respondió al tremendismo priísta: "la legalidad, las relaciones políticas y la economía nacional no se verán afectadas, como lo sugiere el PRI. Y el hecho de que se agote la posibilidad del acuerdo no se da a partir de las coyunturas, sino de las posiciones ideológicas y políticas".

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia -que la víspera se sumó a la alianza PAN-PRD- ratificó su discurso en tribuna: "necesitamos darle un mensaje a la sociedad de que los legisladores nos podemos poner de acuerdo. Y aceptamos el mandato de la sociedad para que se castigue a los parlamentarios que pudieran incurrir en algún delito". (CON INFORMACION DE ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO, CIRO PEREZ, JOSE GALAN Y RENATO DAVALOS)