Emilio Pradilla Cobos
Plebiscito fallido
El domingo pasado se llevó a cabo el plebiscito sobre la construcción de los segundos pisos de Periférico y Viaducto, con un resultado decepcionante. En la votación participó sólo 6.37 por ciento de los empadronados; los votos efectivos, a favor o en contra, representaron 6.32 por ciento. Los votos a favor de la construcción de la obra representan 65.85 por ciento del total de votos efectivos, pero sólo 4.16 por ciento del total de ciudadanos empadronados (Instituto Electoral del Distrito Federal, 23-09-2002, 15:30 horas). Estas cifras ponen en entredicho la representatividad de su resultado, el cual no será obligatorio para el jefe de Gobierno y deja a su voluntad la decisión final sobre el megaproyecto, invalidando el ejercicio democrático.
Las razones de esta escasa participación de la ciudadanía son conocidas y fueron señaladas por muchos analistas desde hace tiempo: el gobierno local no aportó la información necesaria, amplia y suficiente para que los votantes supieran sobre qué iban a votar; la negativa del jefe de Gobierno de aportar los recursos necesarios al Instituto Electoral del Distrito Federal impidió a éste desarrollar una campaña informativa amplia que motivara a la ciudadanía a participar; sólo algunos de los medios de comunicación impresos y electrónicos se interesaron un poco en la difusión de información y en promover algunos debates para sopesar los argumentos a favor y en contra; el único partido político que promovió el voto a favor, con una postura acrítica, subordinada y clientelar, fue el PRD, mientras PAN, PRI y PVEM, que estaban por el no, se limitaron a una tibia posición opuesta, en general, a la participación democrática; las organizaciones sociales -carentes de recursos- tuvieron una presencia muy discreta, con excepción de Fuerza Ciudadana, que llamó a votar en contra.
La gran perdedora en el plebiscito fue la democratización de la vida urbana, pues sus carencias deslegitiman este instrumento de la democracia por el cual luchamos durante más de una década. Se usó para tomar una decisión de carácter técnico que ameritaba otros procedimientos y tiempos de discusión; se lanzó luego de que el Ejecutivo había tomado la decisión; no se ofreció la información necesaria; se negaron voluntariamente los recursos para impulsarlo; no interesó a los medios de comunicación, y nos queda la duda de si el objetivo real era que fracasara.
Según una encuesta de salida, entre los votantes se encontró una parte muy importante de personas de la tercera edad (22 por ciento), de beneficiarios de programas del gobierno local (43 por ciento), de personas que laboran en el GDF o son sus familiares (21 por ciento), o de perredistas (38 por ciento); esta presencia del voto cautivo o inducido, en el marco de la abstención generalizada, explica posiblemente el resultado favorable a la obra vial.
El voto de propietarios de automóvil privado (31 por ciento) fue mucho mayor que el de usuarios del transporte colectivo: 16.1 por ciento (Reforma, 23-09-2002).
Si con base en este precario resultado el gobierno local toma la decisión de llevar a cabo la obra, a pesar de todas las razones en contra, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no estará obligada a otorgar los recursos presupuestales para realizarla, lo cual augura un permanente conflicto entre ambos poderes, al menos en la discusión del presupuesto de 2003, salvo si el partido en el gobierno -el PRD- logra una mayoría absoluta en ese órgano, en julio de 2003.
Con base en este fallido plebiscito, el jefe de Gobierno tiene la oportunidad de recapacitar y dar marcha atrás en su decisión inicial, equivocada y contraria a los intereses de la metrópoli y sus habitantes, demostrando así la vocación democrática de que hace gala; la mayoría de los capitalinos se lo agradeceremos. Si la decisión del jefe de Gobierno es continuar la obra, la otra perdedora será la zona metropolitana, y particularmente el Distrito Federal.
Durante los próximos cuatro años se gastará una parte mayoritaria del presupuesto para inversión en vialidad y transporte en una obra que beneficia a una pequeña minoría de los capitalinos -los de más altos ingresos del poniente- y que promueve el uso del auto privado; se habrá dejado de usar este presupuesto para mejorar y desarrollar el transporte colectivo no contaminante -que sirve a la mayoría de la población-, o en otras obras prioritarias para los sectores de más bajos ingresos; durante el periodo todos padeceremos el impacto congestionador, contaminante y desquiciante de la construcción, y habremos dado un paso más hacia la adopción del modelo estadunidense de urbanización y transportación. Lo contradictorio es que lo hará un gobierno que se califica a sí mismo como "de izquierda".