Piden ser "reasignados" los agentes acusados de vulnerar derechos de migrantes

Permanecen en México dos salvadoreños como testigos de presuntos abusos del Grupo Beta

ALONSO URRUTIA Y JORGE ALBERTO CORNEJO REPORTERO Y CORRESPONSAL

La permanencia en México de los salvadoreños Graciela Morales y Omar Castro -que ingresaron al país sin documentos con la intención de cruzar a Estados Unidos- obedece a la necesidad de mantenerlos como testigos de los presuntos abusos perpetrados por elementos del Grupo Beta destacamentados en Mexicali, que en su momento fueran denunciados por la organización Sin Fronteras, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Ambos centroamericanos denunciaron la semana pasada que habían sido vejados y amenazados con armas de fuego, junto con un grupo de más de 40 centroamericanos, al ser detectados por agentes del Grupo Beta cerca de la frontera con Estados Unidos.

El pasado lunes, Morales y Castro dijeron haber sido víctimas de represalias de las autoridades migratorias tras la denuncia que hicieron. Prueba de esto, según su versión, es que el resto de los indocumentados ya fueron deportados, excepto ellos, a quienes expresamente se les habría dicho que esto era consecuencia de haber externado sus inconformidades.

Sin embargo, el INM dio a conocer ayer que su presencia aquí obedece a la necesidad de darle seguimiento al caso, para lo cual es indispensable que los afectados ratifiquen sus quejas.

Al mismo tiempo, el INM confirmó que le fue enviada una carta por la organización Sin Fronteras, mediante la cual solicitan darle seguimiento a esta denuncia y pide que los testigos permanezcan en México.

Ambos ciudadanos salvadoreños están en custodia del instituto para cumplir con el propósito de que se investigue y se apliquen las sanciones a quienes resulten responsables del maltrato a migrantes.

"Los salvadoreños están en el Distrito Federal para garantizar su denuncia penal, y no como se dijo por haber denunciado que fueron violadas sus garantías individuales", dio a conocer la dependencia.

De igual forma, precisó que las investigaciones realizadas por el INM continúan y en su momento se darán a conocer los resultados.

Mientras tanto, en Mexicali dejaron de trabajar los agentes acusados de los abusos. Ahora sólo cuatro elementos del INM realizan recorridos en la zona del cruce fronterizo, informó el titular del Grupo Beta en la ciudad.

Los otros siete agentes, quienes son efectivos de la Policía Ministerial del estado y de la Policía Municipal de Mexicali, solicitaron a sus respectivas comandancias ser reasignados luego de las acusaciones en su contra.

El coordinador de la corporación en Mexicali, José Luis García Chavira, indicó que la problemática se inició después de la publicación de una nota periodística en La Jornada en la cual se denunciaba que los agentes habían maltratado y golpeado a migrantes centroamericanos.

"A ninguna de las personas rescatadas el 9 de septiembre se les golpeó o se violaron sus derechos humanos. Si los agentes los trajeron a la oficina fue por proteger sus vidas, y no por otra cosa", declaró el funcionario al diario local La Crónica.

García Chavira expresó que en ningún momento algún representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado se acercó a él para obtener más información sobre el caso, a pesar de haber buena relación entre ambos organismos.

El ombudsman bajacaliforniano, Raúl Ramírez Baena, informó que tomó conocimiento del caso de los centroamericanos y se turnó la queja al organismo no gubernamental denominado Sin Fronteras. "De que el maltrato ocurrió no hay duda, es un hecho contundente", dijo. Sostuvo que hay evidencias de ello.