El traslado de reos, un avance, mas no la solución, afirma el procurador de derechos humanos

Aún grave, la sobrepoblación en penales de Baja California, dice ombudsman local

Conviven hombres con mujeres acusados por delitos federales y del fuero común

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 19 de septiembre. La sobrepoblación carcelaria sigue siendo un problema grave en los penales de Baja California, pese a las dos últimas acciones policiacas y militares, mediante las cuales fueron reubicados 2 mil 200 reos del penal de La Mesa y 383 de la prisión La Ocho, quienes fueron llevados principalmente al nuevo centro penitenciario de El Hongo, municipio de Tecate.

Aunque en las cárceles de la entidad existen alrededor de 13 mil reos, para una capacidad de 8 mil, las autoridades penitenciarias han centrado su atención en el reclusorio de Ensenada, donde conviven hombres y mujeres acusados por delitos federales y del fuero común.

De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, en el penal de Ensenada hay más de mil 600 reos, cuando su capacidad es para apenas 350 internos, una sobrepoblación cercana a 500 por ciento.

Félix Vega, subprocurador de derechos humanos en el puerto, asegura que existen internos que duermen en el piso, a la intemperie y sin cobijo alguno en época de lluvias. Las mujeres se encuentran en un ala, aparte de la población masculina, pero existe contacto y algunas han declarado que han recurrido a la prostitución para obtener recursos que les permitan comprar comida, vestimenta y en algunos casos estupefacientes.

En dicho penal las autoridades ultimaron a balazos, hace menos de un año, a dos internos que pretendían escapar tras apoderarse de una metralleta.

Por ello el procurador de los derechos humanos en la entidad, Raúl Ramírez Bahena, afirma que la movilización de internos de los penales de La Mesa y La Ocho, en Tijuana, al nuevo penal de El Hongo es un avance, pero no la solución al problema.

"Yo veo un tanto incrédulo la información oficial de que se redujo la sobrepoblación de 300 a 60 por ciento, más bien eso es una matizada, ya que el caso de Ensenada es grave y en el penal de Tijuana siguen registrándose irregularidades muy importantes", dijo el ombudsman.

Este jueves, las autoridades penitenciarias mostraron la manera en que fueron reubicadas las 230 mujeres que se encontraban en el penal de La Ocho al de La Mesa. Se instalaron en una zona separada de la población masculina; sin embargo, para los promotores de los derechos humanos esta situación continúa siendo delicada, dados los altos niveles de corrupción en dicho lugar.

Raúl Ramírez informa de la existencia de una denuncia de una de las internas que asegura haber sido objeto de abuso sexual por uno de los internos luego del primer operativo de agosto. Asimismo, dijo, se tienen noticias de que la droga continúa ingresando al penal, "sólo que ahora es más cara".

Aun con las cifras oficiales, el problema de sobrepoblación en el penal de La Mesa sigue siendo grave, pues después del operativo de agosto la población penitenciaria quedó en 5 mil 200 cuando su capacidad es de mil 800 personas.

Con los recientes traslados de La Mesa y La Ocho, El Hongo llegó a 2 mil 600 presos; le quedan disponibles mil 80 espacios.

Piden juicio político contra alcalde de Ensenada

Por su parte, el presidente del Congreso local, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dio entrada a la demanda de juicio político entablada por un grupo de burócratas de Ensenada contra el presidente municipal de dicho puerto, el panista Jorge Catalán Sosa, a quien acusan del despido injustificado de trabajadores del sindicato de burócratas.

Encabezados por los dirigentes estatal y municipal del sindicato, Rosa Elena Flores Velarde y Francisco Cruz, los empleados acudieron a entregar el documento mediante el cual solicitan juicio político contra Catalán Sosa, así como del síndico Abelardo Antillón Macias y de los regidores Rogelio Haros Guzmán, Luis Fernando Valdez Carmona y Jesús Bernardo Gastelum Valenzuela.

Ruiz Uribe informó a los desempleados que su demanda sería turnada a las comisiones conjuntas de Legislación y de Trabajo, para su análisis jurídico.

Catalán Sosa dijo que no le inquieta otra denuncia, esta penal, presentada por los burócratas en su contra, y que en el desalojo de los sindicalizados de la explanada del palacio no se cometieron los delitos por los que se le acusa.

La toma de decisión para desalojar a los manifestantes el pasado fin de semana se dio después de los resultados negativos en las pláticas con los inconformes.

En cuanto a la averiguación previa, responderá por medio del departamento jurídico del gobierno municipal, indicó el alcalde de Ensenada.