Prepara reformas para sancionar a quienes den
o reciban gratificaciones
Busca Secodam abatir la corrupción en áreas
de compras gubernamentales
PATRICIA MUÑOZ RIOS
El secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
(Secodam), Francisco Barrio Terrazas, dijo ayer que la nueva Ley de Adquisiciones
y de Obra Pública -que se presentará al Poder Legislativo
en las próximas semanas- busca reducir la corrupción en áreas
de compras gubernamentales.
En el foro La instrumentación de la convención
anticorrupción, un grupo de expertos analizó ayer los
avances legales que se han dado en el combate al cohecho internacional.
Barrio
explicó que para atacar la corrupción, México ha llevado
a cabo diversas reformas legales y se preparan otras más, como la
que se dará a conocer oficialmente en materia de adquisiciones gubernamentales.
"Esta es una propuesta moderna e innovadora" cuya aprobación legislativa
se buscará en este mismo periodo de sesiones, expuso.
El secretario -quien en esta ocasión rehuyó
hablar con la prensa y abor- dar otros temas- planteó que no basta
con modificar la normatividad ni con diseñar mecanismos institucionales
en el ámbito nacional para combatir la corrupción en instancias
gubernamentales, sino que "se requiere también incluir la penalización
de conductas corruptas de empresas o de personas que en sus transaccio-
nes comerciales internacionales den gratificaciones a servidores públicos
con el fin de beneficiar su propios negocios".
A su vez, el director de Asuntos Fiscales y de Empresa
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Rainer Geiger, indicó que se buscará fijar medidas
más enérgicas para combatir el financiamiento ilícito
de los partidos políticos, fenómeno que ocurre a escala internacional.
Geiger, señaló en su intervención
que las metas de esta organización en materia anticorrupción
son: cesar el flujo de dinero de operaciones internacionales ilegales;
cortar el círculo vicioso de corrupción; involucrar a las
empresas en el combate al cohecho para que no utilicen argucias ni lagunas
legales y se desentiendan del problema cuando sus empleados incurren en
corrupción, y fortalecer el monitoreo de varios países en
este rubro.
Dijo que a escala internacional debe haber una política
de cero tolerancia contra la corrupción, así como una disposición
para utilizar todos los instrumentos administrativos y legales de un país
con ese objetivo.
A su vez, el fiscal especial para litigio internacional
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Philip Urofsky, advirtió
que muchas veces el soborno a funcionarios públicos se efectúa
mediante subsidiarias extranjeras, por lo que se han tenido que establecer
medidas legales para frenar esa situación. Explicó que en
Estados Unidos se han revisado diversas normatividades porque las empresas
han desarrollado formas de cohecho sin dejar huellas y hasta han creado
redes internacionales para poder realizar en un país lo que no pudieron
hacer en otro.
Por su parte, la directora del centro de la OCDE en México
para América Latina, Gabriela Ramos Patiño, explicó
que aun cuando no existe ninguna estadística confiable sobre los
niveles de corrupción en el mundo, este fenómeno ya es considerado
por el Banco Mundial como el principal obstáculo a la inversión
y como "el impuesto más alto" que pagan los países.
Datos de la Secodam proporcionados en el foro indican
que en México la corrupción representa 15 por ciento de costo
adicional para las empresas y que encarece 3 por ciento los créditos,
mientras en Estados Unidos alcanzó el año pasado una cifra
récord de 200 mil millones de dólares.
