Realizará magnas movilizaciones en Chiapas, advierte

Presiona el PRI para lograr la liberación de paramilitares

Fijará plazo a Pablo Salazar para firmar acuerdo político

Es inegable la existencia de esos grupos, afirma el PRD

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 19 de septiembre. Lejos de disiparse, la polvareda levantada por la detención de un grupo de dirigentes y miembros de Paz y Justicia este viernes 13, cada vez son mayores las contradicciones entre los partidos políticos, así como el enredo en que están metidos los funcionarios estatales. No obstante, tanto el gobierno como su principal opositor, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), coinciden en negar la existencia de grupos paramilitares. Mientras, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) local consideran "innegable" la existencia de tales grupos.

"Sorprende que funcionarios estatales, que tienen bajo su responsabilidad la gobernabilidad y la política interna, no reconozcan que hay grupos que actúan como paramilitares", declaró ayer el secretario de Movimientos Sociales del PRD, José Juan Ulloa Pérez.

Dado que los detenidos en Tila son miembros reconocidos del tricolor, el dirigente estatal, Aquiles Espinosa García, amenazó con realizar "magnas movilizaciones" en todo el estado, con bloqueos de calles y carreteras, "para demostrar que el PRI no se deja intimidar". Esto, si el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía no acepta una propuesta de "acuerdo político" que le será presentada el próximo martes, y para la cual los priístas le pondrán "un plazo", antes de iniciar sus protestas para la liberación de los paramilitares arraigados o presos.

"El gobierno del estado no reconoce a ningún grupo que actúe bajo la categoría de paramilitar", había declarado un día antes Gabriel Gutiérrez Avila, subsecretario de Gobierno. El funcionario, de origen perredista, aclaró este martes que los detenidos en Miguel Alemán y Tzaquil la semana pasada están acusados de portación ilegal de armas. "No es una acción política sino penal", dijo, y agregó que no fue la Secretaría de Gobierno, sino la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la que ejerció la acción penal.

En respuesta, Espinosa García acusó al gobierno de Chiapas de realizar acciones para dividir y desprestigiar al PRI. "Ningún grupo paramilitar está vinculado al PRI, ni solapamos grupos violentos, pues somos el partido más responsable que ha habido en la historia. Por eso nos da coraje que nos vinculen a hechos violentos".

Dando a entender que se trata de una estrategia prelectoral del gobierno contra el tricolor (habrá elecciones locales el año próximo), Espinosa volvió a reconocer, como lo hizo en días pasados, que "si hay grupos civiles armados en la entidad son de autodefensa, porque hay ausencia de la autoridad".

En cambio, Ulloa Pérez escribió ayer en el diario Expreso Chiapas: "No reconocer la existencia de grupos paramilitares que han causado dolor y tragedia en las comunidades indígenas es asumir la posición de los gobiernos priístas". El miembro del comité estatal perredista abundó: "Los anteriores gobiernos no reconocían la existencia de grupos paramilitares, y argumentaban que en Chiapas las autoridades no solapaban ni encubrían a grupos armados ilegales".

Ser o no ser, paramilitarmente hablando

Ante este panorama, surcado por puntos de vista tan encontrados, incluso los representantes del PAN en Tila se han sentido en la obligación de abrir la boca. José Augusto Abarca Velázquez, del comité municipal blanquiazul, aseguró que las aprehensiones del pasado viernes fueron "contra personas que violentan el estado de derecho", sin intención de afectar a ningún partido político. Los miembros de Paz y Justicia "han realizado cosas irregulares, y pese a quien le pese, tienen que pagar".

Por lo pronto, Carlos Torres López, ex alcalde priísta de Tila, fue arraigado ayer por las autoridades judiciales. Se presume que habría formado parte "de la red de funcionarios que con recursos públicos financiaron y fomentaron al presunto grupo paramilitar", según fuentes oficiales. La PGJE investiga.

Torrres López entregó a Desarrollo, Paz y Justicia "una amplia red de radios de telecomunicación, vehículos, gasolina y dinero". La Contraloría General del estado encontró una desviación de recursos de 3 millones 155 mil pesos por obras no realizadas (puentes, escuelas, etcétera) durante su periodo.

El gobierno zedillista, pertinaz apoyador de la organización productiva y contrainsurgente, en 1997 le entregó, por conducto de la Sedeso, 4 millones 600 mil pesos, teniendo como testigo de honor al entonces comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo Fernández. Esto ocurría al calor de la "guerra chol" que, sin tregua, sembró el terror y la violencia en la zona norte durante todo el sexenio anterior.

Ante la sostenida negativa oficial de las autoridades anteriores respecto de la existencia de "grupos civiles armados" (aquel eufemismo de la PGR para referirse a los "probables" paramilitares de Tila, Sabanilla, Altamirano, Chenalhó, Ocosingo, Chilón, Yajalón y El Bosque cuya existencia jamás se "demostró"), el perredista Ulloa Pérez acusa a los priístas de haber compartido con ellos "vínculos de control y poder, además de emplear las instalaciones de las fuerzas armadas y de seguridad pública para entrenarlos y dotarlos de pertrechos". Ante la evidencia de estos grupos violentos, reclama al actual gobierno, "que se ha comprometido a combatirlos", su insistencia, ahora, en que no existen.

"Compartiendo la demanda de la sociedad civil y las comunidades indígenas, los grupos paramilitares deben ser desarticulados, de igual manera que deben romperse las ligas que éstos tienen con los grupos de poder económico de la región", concluye Ulloa Pérez. "Es decir, debe combatirse por igual a los caciques que los financian y a los sectores policiacos que los promueven".

Juan González Esponda, comisionado para la Atención de Comunidades en Conflicto del gobierno estatal, de alguna manera rebasado por la reciente acción de la PGJE en Tila, recalcó que la comisión a su cargo ha logrado la firma de al menos 16 acuerdos en comunidades confrontadas. Acepta que "grupos de intereses políticos particulares obstaculizan dicho proceso", y subraya que sólo en la zona norte se han firmado ocho acuerdos, con quienes, "entre 1995 y 1997, participaron en la muerte de al menos un centenar de personas". (El lector reconocerá lo dispares que son las distintas cuentas respecto del número de víctimas de la violencia contrainsurgente. Esto revela a qué grado el asunto es una asignatura pendiente de las autoridades judiciales).

Como sea, a todos los actores institucionales se les ha complicado el panorama después de estas frágiles aprehensiones (que se mantienen a nivel de "arraigo" en casi todos los casos). Esta situación alcanza también a los actuales ediles priístas de Tila y Yajalón. A éste último, Fernando Méndez Argüello, sus propios correligionarios lo acusan de deslindarse ahora de Paz y Justicia, "olvidando que fue precisamente él quien fungió como primer coordinador municipal" de dicha agrupación, "misma que utilizó para acceder al poder que ahora ostenta". Los priístas señalan, para mayor claridad, que el cuarto regidor de Yajalón, Abraham López Ruiz, es miembro activo de Paz y Justicia.

En medio de todo esto, los delegados de Paz y Justicia del municipio de Palenque se deslindaron firmemente de cualquier relación con los actos violentos en que hayan incurrido Sabelino Torres y los demás detenidos por, hamletianamente, ser pero no ser los paramilitares que (todo indica) son.