El director administrativo deberá aclarar dudas sobre el manejo financiero

La Auditoría Superior de la Federación revisará ajustes presupuestales del IFE

ALONSO URRUTIA

A instancias de algunos consejeros, las readecuaciones presupuestales que se han realizado en el Instituto Federal Electoral (IFE), que alcanzan 221 millones de pesos, serán revisadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría Interna. De igual modo, el director ejecutivo de Administración, Alfonso Fernández Cruces, deberá responder, en un plazo de 30 días, todos los cuestionamientos sobre inconsistencias en el manejo financiero del organismo.

Entrevistado luego del desalojo realizado ayer en el IFE como parte de las acciones de protección civil, Fernández Cruces dijo que las readecuaciones se han realizado conforme a la normatividad vigente, y restó valor a acusaciones en el sentido de que existen graves irregularidades en la operación financiera del instituto. Atribuyó a "motivaciones personales" y a una "carga afectiva" las críticas que han realizado algunos consejeros, en especial el presidente de la Comisión de Administración, Jaime Cárdenas, a su desempeño.

Sin embargo, consideró "plausible" el hecho de que el IFE haya determinado dar vista a la Auditoría Superior de la Federación de las readecuaciones presupuestales que ha hecho la dirección a su cargo. Dijo estar confiado en que se han hecho bajo estricta legalidad y como una forma de reforzar aquellas áreas donde hay insuficiencias presupuestales.

El caso de los cheques clonados

Se refirió a la denuncia reciente sobre cheques apócrifos del IFE, caso que ya quedó aclarado y será Banamex quien reintegre esos recursos al organismo electoral, pues tras la investigación, y luego de una denuncia penal del instituto, se descubrió que dichos documentos fueron clonados por personal de la institución bancaria y habían sido pagados a Teléfonos de México.

Por otro lado, según un acuerdo entre el consejero presidente, José Woldenberg, y Cárdenas, se fijo un plazo de 30 días para revisar una serie de inconsistencias y cuestionamientos que existen en torno a la administración del IFE.

En el oficio enviado a Woldenberg que formaliza los cuestionamientos que deberá aclarar Fernández, destaca la realización de una auditoría al personal del organismo electoral, toda vez que hay dudas sobre número y funciones. "ƑSe trata de una confusión, vacantes o aviadores?", cuestiona Cárdenas en su oficio.

También se deberá reportar el tabulador de sueldos autorizados a nivel de oficinas centrales, delegacionales y subdelegacionales, pues se han conocido casos de sobresueldos no reglamentarios, entre ellos el del director de Recursos Financieros, que percibe 20 mil pesos de manera adicional a su salario nominal.

También deberán aclararse: reporte de afectaciones presupuestarias; disponibilidades señaladas como no ejercidas en el ejercicio de 2001; adecuaciones presupuestales realizadas y su justificación jurídica; reporte del ejercicio de las partidas sujetas a disposiciones de austeridad y racionalidad; informes sobre posibles déficits del organismo; reportes de colocaciones de disponibilidades financieras y saldo en instituciones bancarias; medidas aplicadas para racionalizar el uso de bienes muebles e inmuebles; informes de los procedimientos de incorporación y desincorporación, entre otras medidas.

De acuerdo con Cárdenas, existe un cúmulo de inconsistencias en el manejo de las finanzas del IFE que eventualmente podrían hacer peligrar los gastos del organismo hacia el final del año y que resultan preocupantes de cara al proceso electoral de 2003.

La visión de Fernández es diferente respecto a las dudas sobre el manejo financiero. Señaló que la reasignación de 221 millones de pesos se hizo con el consentimiento de las áreas afectadas, pues existían en algunas suficiencia presupuestal y se trasladaron los recursos a otros rubros con carencias. Del total, 180 millones se asignaron a servicios personales y el resto a juntas locales y distritales.

Dijo que este es un procedimiento normal que se realiza en el sector público y en empresas privadas, "es un meca-nismo reglamentado, pues en algunas áreas quizá la presupuestación fue excesiva y en otras insuficiente, lo cual, si bien genera dudas, se aclarará cuando intervenga la Auditoría Superior de la Federación.