Se requiere certidumbre para reactivar el crédito: CNA

Aumentó a $52 mil 133 millones la cartera vencida del agro desde 1999

MATILDE PEREZ U.

La cartera vencida del sector agropecuario aumentó a 52 mil 133 millones de pesos, 123 por ciento respecto al monto de 1999, por la reducción de 77 por ciento en términos reales del crédito en los tres años recientes, destacó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Armando Paredes Arroyo Loza. El campo requiere por lo menos 50 mil millones de pesos durante los próximos tres años para cubrir los vacíos de crédito, advirtió.

Por ello, propuso al gobierno transformar los programas de subsidios y apoyos al sector para dar garantías a la banca y animarla a retornar al campo. "Hay una falta de conocimiento profundo del sector, y en ocasiones los instrumentos y mecanismos de financiamiento no son los adecuados", apuntó.

Consideró que la única forma de dar esas garantías es la integración de las cadenas productivas, es decir, lograr una fuerte coordinación desde el productor hasta la salida al público para que los intermediarios financieros tengan percepción real del riesgo en el agro.

Indicó que el financiamiento al sector bajó de 68 mil 722 millones de pesos, en 1999, a 37 mil 634 millones, en 2001, mientras que la cartera vencida casi se duplicó en ese periodo. "El campo no se puede capitalizar por la reticencia de la banca comercial a otorgar créditos -ésta tiene 51.6 por ciento del índice de la cartera vencida- porque visualiza al sector como de alto riesgo. Es comprensible su actitud, y por eso urge una política agropecuaria estratégica que brinde certidumbre y asegure rentabilidad", dijo.

Para el presidente del CNA, la propuesta financiera rural que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la correcta, pero habrá que reformar el marco jurídico para agilizar la ejecución de las garantías, y tendrá que cubrir el costo de transacción en el otorgamiento de crédito a los pequeños productores.

Paredes Arroyo consideró que los cambios en el financiamiento también deben considerar los diferentes estratos de los productores agropecuarios; quizá las cajas de ahorro, que serán parte de la banca de segundo piso -Banrural- estén orientadas principalmente para 65 por ciento de los campesinos orientados al autoconsumo, y los otros mecanismos como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), adicionadas al retorno de la banca privada al campo, deben atender al restante 35 por ciento de los productores, ese segmento que participa activamente en el mercado y que tiene potencial productivo.

Paredes Arroyo aseguró que los agroempresarios tienen la fuerza económica para constituir una Sofol rural, misma que se requiere como un "intermediario financiero especializado y verdaderamente robusto, con la suficiente capacidad para operar un mercado especializado, como es el agropecuario".

También tendría que crearse un fideicomiso de garantía solidaria en el que participaran productores y gobiernos de los estados, el cual serviría como mecanismo de contingencia. Si bien la ley de capitalización del Procampo -que implica la entrega anticipada del subsidio para los próximos siete años- es un adelanto, la medida es insuficiente para impulsar la capitalización del sector.

A su vez, los apoyos deberán estar orientados a objetivos específicos, como reducción del costo de los insumos, entre ellos la energía eléctrica, y hay que aplicar una política similar a la que prevalece en Estados Unidos, donde se privilegia el respaldo al primer eslabón de la cadena productiva.