La tradicional está erradicada en la dependencia, dice

La CDHDF y la procuraduría tienen diferentes conceptos de tortura: Bátiz

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Tras reiterar que la tortura para obtener confesiones está erradicada de la Policía Judicial del Distrito Federal, el procurador general de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, señaló que hay una controversia con la Comisión de Derechos Humanos del DF respecto del concepto de ese delito, entre el que señala el Código Penal vigente y el término empleado en sus recomendaciones por el ombudsman, que se basa en instrumentos internacionales.

El funcionario aseguró que a partir de que se prohibió admitir como prueba la confesión rendida ante policías judiciales por los detenidos, la tortura entendida como "obligar a las personas a que se declaren culpables ocasionándoles un daño físico o moral, puedo decir que ya no existe.

"Reitero lo que ya he manifestado al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza: que no tiene sentido ya la tortura, porque no sirve de nada una confesión ante la Policía Judicial", puntualizó el procurador.

Bernardo Bátiz aseguró que en muchos casos los delincuentes, cuando son detenidos en flagrancia o por denuncias que se presentan contra ellos, en venganza contra los policías judiciales que los detuvieron, o como estrategia de defensa, los acusan de tortura.

"Entonces, hay que distinguir entre un hecho de tortura real y las denuncias que hacen esas personas; nosotros hacemos la investigación, hacemos el análisis, pero no podemos consignar a nadie si el Ministerio Público no acredita el delito", explicó.

"No se trata de decir si la CDHDF dice la verdad o si la PGJDF está mintiendo. Se trata de puntos de vista distintos sobre un tema que puede ser discutible; yo creo que hay diferencia entre la tortura tradicional, a la que me refiero, y algunos otros hechos que pudieran parecerse, que tenemos que erradicar y que probablemente sí sigan presentes por ahí todavía, como resabios de otros tiempos", agregó.

La dependencia, de hecho, realiza una investigación a policías judiciales y personal del Ministerio Público, por una recomendación por tortura que emitió el ombudsman (5/2002) sobre hechos que ocurrieron unos meses antes de que concluyera la pasada administración.

En su respuesta a la CDHDF, la procuraduría refiere que se dará vista a las instancias correspondientes, para que resuelva respecto de la conductas de los servidores públicos. Lo que dejó pendiente la procuraduría es la colocación de cámaras de circuito cerrado en los sitios de detención, por el alto costo que esto representa.