Aliado de Heladio Ramírez demandaría a Nabor Ojeda

Jurídicamente resuelta, la disputa por el control de la CNC

Si persiste el conflicto es por motivos políticos: Celaya Luria

MATILDE PEREZ U.

La disputa por los bienes inmuebles y patrimonio de la Confederación Nacional Campesina (CNC) está finiquitada, asentaron los secretarios general, Jesús Morales Flores, y de Organización, Lino Celaya Luria, al confirmar que los magistrados de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal resolvieron, por unanimidad, declarar nulo el registro que demandó Nabor Ojeda Delgado.

"La sentencia es irrefutable. Este asunto está resuelto jurídicamente y si acaso existe inconformidad eso ya es de carácter político", acotó Celaya Luria. Heladio Ramírez López, abundó, es el presidente de la CNC y tiene el apoyo de los dirigentes estatales de la organización. "No pretendemos ningún acto de reconocimiento porque su legitimidad política proviene de las bases militantes, apego a los estatutos y programa de acción aprobados en el congreso constituyente de agosto de 2001".

En conferencia de prensa, ambos secretarios cenecistas puntualizaron que tampoco cuestionan la legitimidad de Roberto Madrazo Pintado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. La pugna la provocó Nabor Ojeda, pero por la CNC, no por la militancia priísta, asentaron.

Morales Flores advirtió que si Nabor Ojeda Delgado sigue presentándose como secretario general de la CNC, usurpando funciones y actuando al margen de la ley, "interpondré una denuncia penal en su contra en mi calidad de legítimo secretario de la CNC".

Los magistrados José Manuel Ancona Tellaeche, David Lorenzo García Mota y Socorro Díaz Mora resolvieron que no procedía la petición que realizó Nabor Ojeda ante el Registro Público de la Propiedad para que se le reconociera como el dirigente de la CNC.

Según Morales Flores y Celaya Luria, el diputado Nabor Ojeda tiene que enfrentar la demanda interpuesta por el director del Registro Público de la Propiedad, ya que el legislador sustrajo ilegalmente de esa institución el documento que había registrado. La Fiscalía de Servidores Públicos tiene a su cargo el asunto con el expediente FSP2346/01-10.