Piden a juez informe sobre supuestas presiones en proceso contra el ex dictador

Rechaza corte chilena la petición de desafuero de Augusto Pinochet por la justicia de Argentina

Catorce de los 21 magistrados denegaron el pedido porque "no hay sospechas fundadas"

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago de Chile, 10 de septiembre. En la víspera del 29 aniversario del golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy el pedido de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet hecho por la justicia argentina por el homicidio en Buenos Aires del ex jefe del ejército de Chile Carlos Prats González, mientras la Corte Suprema de Justicia pidió al juez especial Juan Guzmán un informe escrito sobre su denuncia de que fue presionado durante la tramitación del caso contra Pinochet.

Al término de la reunión durante la cual la Corte de Apelaciones votó sobre el pedido hecho por la jueza argentina María Servini de Cubría, el presidente de ese tribunal, Carlos Cerda, informó a la prensa que los magistrados votaron y llegaron a un acuerdo, pero precisó que la decisión no se hará pública mientras el fallo no esté redactado.

Sin embargo, fuentes judiciales y medios de prensa adelantaron que 14 de los 21 jueces rechazaron el pedido de desafuero del ex dictador de 86 años, argumentando su estado de salud, además de que no existen "sospechas fundadas" de su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del ejército y su esposa Sofía Cuthbert.

Una bomba puesta bajo el automóvil de la pareja estalló cuando ingresaban al edificio donde vivían en la capital argentina, donde se habían exiliado tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Hasta el momento el único condenado por ese caso es el ex agente de la disuelta policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Enrique Aran-cibia Clavel, quien cumple una condena de prisión perpetua en Argentina.

Michael Townley, ex agente estadunidense de la Dina, confesó en Estados Unidos que él puso la bomba en Buenos Aires por órdenes del entonces jefe de la policía secreta pinochetista, el hoy retirado general Manuel Contreras.

La querella de la familia Prats se extendió contra Pinochet, ya que en su calidad de jefe de Estado tenía el mando de la Dina y dicha entidad sólo obedecía sus órdenes, según indican documentos de la época.

El dictamen de la Corte de Apelaciones se inició menos de un mes después que la Corte Suprema lo sobreseyera definitivamente en un juicio contra Pinochet por asesinatos y secuestros, el pasado julio, al considerar que sus signos de "demencia" le impedían defenderse ante los tribunales.

Pinochet ya perdió una vez el fuero que lo protegía hace dos años, en el proceso que sobreseyó la Corte Suprema, por los 75 asesinatos y secuestros de la llamada caravana de la muerte, una comitiva militar que recorrió Chile en octubre de 1973.

Pero tras el sobreseimiento, el ex dictador recuperó la inmunidad, de la cual goza por su condición de ex gobernante.

Precisamente la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, pidió al juez que llevaba aquel caso que entregue un informe sobre sus recientes dichos, informa hoy la edición digital de El Mercurio.

Guzmán denunció públicamente el pasado 22 de agosto que en enero de 2001, cuando se sometió a exámenes mentales a Pinochet, fue conminado por el director del Servicio Médico Legal, Jorge Rodríguez, y por el jefe de gabinete del ministro de Justicia, Luis Horacio Orjas, para que no de-signara peritos adjuntos en los chequeos.

De acuerdo con El Mercurio, el máximo tribunal chileno también determinó llamarle la atención a Guzmán por filtraciones del cuaderno secreto de la causa que llevaba el magistrado. El alto tribunal no vio con buenos ojos que Guzmán insinuara que esa filtración se había producido probablemente cuando la Corte Suprema analizó el desafuero de Pinochet.

En este marco, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó hoy a la fuerza aérea por su "nula voluntad' para dar informaciones que permitan encontrar los cuerpos de detenidos desaparecidos, al tiempo que advirtió que si se confirman las denuncias sobre una rearticulación del co-mando conjunto, órgano represivo durante la dictadura militar, será "un grave golpe a la democracia en Chile".

Según reveló el diario La Nación el pasado domingo, miembros de ese comando se reagruparon en enero pasado, con la finalidad de obstaculizar los procesos legales relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Un ex integrante de ese grupo, que sólo se identificó como "Colmillo Blanco", relató al diario que el comando cuenta con la "protección" de la fuerza aérea "para hacer operativos, seguimientos, intervenciones telefónicas, amenazas, robos de papeles en tribunales, coimas (sobornos) y trabajos na-cionales e internacionales".

Sin embargo, el ministro del Interior, José Miguel Angel Insulza, aseguró que el go-bierno no tiene evidencias sobre un reagrupamiento del comando, a su vez que la fuerza aérea negó "categóricamente" estar im-plicada en un plan para obstaculizar procesos judiciales.

Mientras, de última hora el gobierno se hizo parte hoy en la investigación iniciada el lunes anterior para determinar la verdad de la denuncia sobre ese grupo represivo que tuvo una activa participación durante el régimen militar de Pinochet.

El comando conjunto lo integraban ex agentes provenientes de la Dirección de Inteligencia de la fuerza aérea, del Cuerpo de Carabineros y, en menor medida, de la marina y el ejército.

Es en este clima que Chile se prepara para recordar un nuevo aniversario del cruento golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Salvador Allende.

Pero en esta oportunidad las imágenes del bombardeo aéreo al palacio presidencial de La Moneda fueron desplazadas en los medios de comunicación por las de los ataques contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York.

Además, este vigesimonoveno aniversario llega con un Pinochet favorecido por decisiones judiciales que le han devuelto la inmunidad, y con la complacencia del go-bierno del presidente Ricardo Lagos por lo que llama "nueva era" en las relaciones entre civiles y militares.

El mandatario socialdemócrata asistirá este miércoles al acto oficial en memoria de las víctimas de las Torres Gemelas, en la embajada de Estados Unidos en Santiago, pero también,por primera vez desde que asumió el gobierno en marzo de 2000, asistirá a una misa en memoria de Allende.