Luis Linares Zapata
La hora fina del PRI
El poder decisorio del PRI ha quedado bien establecido aun después de la derrota experimentada en el 2000. La misma administración de Fox así lo reconoce y, con ella, gran parte de los ciudadanos de esta asediada República, hayan votado o no por ese partido. Toca ahora a sus dirigentes actuar a la altura de las responsabilidades que los acechan por estos días. Puede decirse, sin temor a exagerar, que el PRI se encamina a dirimir, en corto, el papel que habrá de jugar frente a la nación y de cara a sus atentos electores, que lo juzgarán por sus acciones.
Varios son los asuntos de gran importancia sobre los cuales los priístas deberán manifestarse y encontrar salidas adecuadas. Uno de ellos, quizá el sustantivo, es el de la reforma eléctrica, que sus legisladores tendrán que empujar. Pero no cualquier reforma, sino aquella que se pueda compaginar con los resolutivos de su asamblea y consejo. Una que implique modificaciones profundas en la CFE para que pueda renovar y ampliar sus instalaciones y mejore, en calidad y precio, los servicios que ofrece. Siempre bajo control total del Estado. Tendrán los priístas que enfrentar, por tanto, las maneras y montos requeridos para financiar tanto el crecimiento de la empresa como los requerimientos de la hacienda pública, que dejará de recibir las cuantiosas aportaciones que le hace la CFE. Como parte nuclear de la citada reforma, los legisladores tendrán que encarar, en forma racional y justiciera, los subsidios que el Estado otorga a muchos, a millones, de consumidores de energía en el país, para evitar que esos miles de millones de pesos sigan lastrando a la CFE. El gobierno de los gerentes ya cumplió, aunque tarde, con sus promesas de enviar una iniciativa al Senado. En ella queda plasmada su intención irrefrenable de abrir a la participación privada, fundamentalmente extranjera, el sector eléctrico, al tiempo que somete a la CFE a un proceso inmediato de deterioro para, si no asfixiarla, sí, cuando menos, limitar al mínimo sus operaciones e influencia. Toca ahora a los legisladores, en especial a los del PRI, hacer su parte, la final, la definitoria. Aquella que garantice el cacho de soberana vida productiva de México.
Pero la reforma eléctrica traerá aparejadas modificaciones en sus relaciones laborales, al afectar su autonomía de gestión e incrementarse el imperativo de operar con eficiencia. El Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana hace mucho quedó a la orilla de las decisiones que van definiendo a esa industria, que la adaptan al presente. Los pasivos laborales y los vicios que arrastran, incluyendo las poco claras relaciones político partidistas, no se compaginarán, tal y como ahora se desarrollan, con una sana vida de empresa pública de excelencia. Algunos de los dirigentes actuales del PRI están conscientes de tal problemática y no podrán escamotear entrarle de lleno a ese asunto y alentar una renovación sindical que modernice a ese gremio.
De similar manera, la pasada conducta irregular y hasta, posiblemente, ilegal, del liderazgo sindical petrolero, con Carlos Romero Deschamps a la cabeza, ejerce una presión indetenible sobre su vida sindical y, por añadidura derivada, en la conformación del PRI como un organismo que se mueve y trata de atraer a la mayor parte posible de la sociedad mexicana. Una sociedad que ha cambiado, de manera sustancial, sus paradigmas pasados, ajustándose a visiones cada vez más democráticas, reñidas con prácticas coercitivas, poco transparentes. Maneras corporativas de conducir los asuntos sindicales que no permiten el libre flujo de alternativas ni la formación de posturas e ideas que apoyen el ejercicio de los derechos y libertades individuales. Hay que recordar que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es, y ha sido, una institución no sólo afiliada orgánicamente al PRI sino una de sus fuentes de poder negociador con el gobierno en turno. Ya no puede seguir dándose tan promiscua forma de trabajar en conjunto. Así lo exige la sanidad de la República y los votantes sabrán penalizar en las urnas conductas reincidentes o poco claras al respecto.
Por estos días se especula, y hay bases objetivas para ello, con la petición de juicio de procedencia contra algunos de los más destacados líderes petroleros. El PRI no puede pretender defensas irresponsables y, menos aún, divorciadas de una visión del futuro que le espera como partido de ciudadanos. El recambio de dirigentes que se daría de manera obligada al interior del STPRM como resultado de tales consignaciones es un asunto que atañe a los mismos trabajadores. Pero, por su trayectoria priísta, involucra a ese partido de manera tal que sus resultados lo marcarán en lo sucesivo. Arreglar una sucesión sindical afín a los intereses de Pemex, máxime cuando hay un planteamiento de huelga para revisar salarios, por parte del gobierno y sus agentes políticos, es una tentación a la que hay que renunciar. No le corresponde al gobierno esa tarea, sino al priísmo y a los demás trabajadores que no son de esa afiliación.
