Más de cien muertos figuran en 66 años
de lucha de los comuneros de Tlaxiaco
Los políticos llevan a los pueblos a enfrentamientos
El presidente del comisariado de bienes de Santa Catarina
no descarta tomar las armas
MATILDE PEREZ U. /II Y ULTIMA ENVIADA
Tlaxiaco, Oax. Más de cien muertos, innumerables
heridos, robos de cosechas y ganado, incendios de casas y parcelas forman
parte de la lucha por la tierra que desde 1936 sostienen los comuneros
de Santa Catarina Yosonotú, municipio de Tlaxiaco, contra Santa
Lucía Monteverde, municipio de Putla de Guerrero. Ambos poblados
son mixtecos, pero los habitantes de Santa Lucía -afirman los de
Santa Catarina- son herederos del odio que los hacendados de Putla tenían
contra los indígenas de Tlaxiaco, sentimiento usado durante décadas
por políticos priístas y en el lustro pasado por dirigentes
de la Unión Campesina Democrática, organización a
la que identifican con el PRD.
Con esa carga, los mixes de Santa Catarina Yosonotú
acompañan al grupo de abogados, académicos, reporteros y
personal de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de
Derechos Humanos hasta el paraje El Mirador, sitio de la confrontación
más reciente. Entre árboles derribados y quemados para abrir
tierras al cultivo, Agustín Mendoza Morales, presidente del comisariado
de bienes comunales, asegura: "Son los políticos los que llevan
a los pueblos a los enfrentamientos. A ellos no les interesa que vivamos
en paz, sólo quieren votos y por eso hacen promesas que nunca van
a cumplir".
Explica
que los habitantes de Santa Catarina Yosonotú, cansados de los ataques
de gente armada de Santa Lucía Monteverde y la indiferencia de los
gobernantes de Oaxaca, han estado dispuestos a reconocer como comuneros
a las familias que invadieron sus tierras, pero "ellos quieren todas nuestras
hectáreas y se niegan a ser comuneros de Santa Catarina".
El 13 de diciembre de 1954, en el Diario Oficial
se publicó la resolución presidencial por la que se entregaron
3 mil 352 hectáreas a Santa Catarina Yosonotú; el 11 de julio
de 1970 se les dotó con 759 hectáreas más que también
disputaba como suyas Santa Lucía Monteverde. Los amparos que interpusieron
los habitantes de Santa Lucía fueron declarados improcedentes, negados
y sobreseídos.
Mendoza Morales -señalado como cobarde en las asambleas
comunales por pronunciarse en favor de una solución pacífica,
acorde con el marco legal- advierte que "no está distante la fecha
en que lleguemos al enfrentamiento, a tomar las armas", y de eso responsabiliza
a los gobiernos federal y estatal porque la comisión interinstitucional
es "sólo una burla más, porque no responde a la exigencia
de que desarmen al grupo de Santa Lucía ni aplican la justicia".
Pedro Bautista Aparicio, presidente del consejo de vigilancia,
baja los binoculares con los que observa a tres personas ocultas en el
lomerío y que presume son de Santa Lucía. "Hemos sido consecuentes,
tratamos de no llegar a los extremos, pero ellos (sus vecinos de Putla)
han extraído ilegalmente más de 60 mil metros cúbicos
de madera en rollo y destruido el renuevo con el que reforestamos. Las
denuncias no han sido atendidas por la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente", acusa.
Entre ese bosque de la sierra Madre del Sur que va perdiendo
su cabellera, las narraciones de las agresiones de los mixtecos tienen
la misma conclusión: "No queremos más despojos ni violencia.
No mentimos en nuestras denuncias; son las autoridades estatales las que
nos tienen en el olvido, el último gobernador que nos visitó
fue Pedro Vázquez Colmenares (1980-1985). ¿Para atendernos
tiene que pasar lo mismo que en el paraje de Agua Fría?" (el asesinato
de 27 campesinos de Santiago Xochiltepec, presuntamente por sus vecinos
de Santo Domingo Teojomulco).
SRA enfrenta a mixtecos con triquis
Autoridades comunales de San Miguel del Progreso -comunidad
que en 1923 poseía 9 mil 600 hectáreas, y en 1967, por resolución
presidencial, se le reconocieron y titularon únicamente 2 mil 42
hectáreas- acusa a la Secretaría de la Reforma Agraria de
profundizar las diferencias con sus vecinos de San José Xochixtlán,
quienes -mencionan- a cambio de aceptar el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) obtuvieron
el apoyo legal para interponer un amparo y ganar 60 hectáreas del
bosque de San Miguel del Progreso.
Fernando Gustavo Leocadio, comisariado de bienes comunales,
asegura que había una convivencia pacífica entre ambos pueblos,
pero en 1999, con el asunto del Procede y el amparo todo cambia. "Ambos
habíamos aceptado que los límites de nuestras tierras fueran
a lo largo del río, para que hubiera paz; cuando Xochixtlán
acepta el Procede, nosotros exigimos la verificación de las colindancias,
entonces comenzaron los problemas".
Asegura que los mixtecos no quieren pelearse con los triquis,
estamos dispuestos a una solución pacífica y para eso hay
que aceptar los trabajos topográficos para verificar las colindancias,
y eso es responsabilidad de las autoridades agrarias.
En cada una de las comunidades mixes visitadas, sus autoridades
y habitantes puntualizaron que es responsabilidad de los gobiernos federal
y estatal resolver los conflictos y no ocultarlos con el argumento de que
son producto de la pobreza, marginación u otros factores.
A su vez, el dirigente nacional de la Unión Campesina
Democrática (UCD), José Durán Vera, puntualizó
que desde hace tres años se terminó la relación con
Salomón Jara Cruz, quien actúa como "una corriente al interior
del PRD". Agregó que la UCD trabaja en algunas comunidades de la
mixteca -en el corredor Huajuapan-Putla de Guerrero- pero "no somos nosotros
quienes causamos los enfrentamientos, esas peleas son azuzadas por los
caciques que se están encubriendo con las autoridades".
Al diputado perredista Salomón Jara Cruz no se
le localizó en el Congreso local, ni en el PRD estatal ni en su
domicilio.
