Luis Hernández Navarro
México y el 11 de septiembre
El 11 de septiembre cerró en casi todo el mundo los espacios democráticos y redujo los derechos civiles. En el nombre de la lucha contra el terrorismo los gobiernos han ajustado cuentas con las oposiciones internas que se resisten a hacer de la política institucional el único terreno de su acción.
En México, por otras razones pero con el mismo espíritu, la Suprema Corte de Justicia rechazó las controversias constitucionales presentadas por más de 300 pueblos indígenas en contra de la reforma sobre derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso. Con esta decisión los tres poderes que integran el Estado mexicano le cerraron así la puerta a los pueblos originarios.
Si bien los indígenas son una de las víctimas más notables de la ola de derechización provocada por el 11 de septiembre, están lejos de ser las únicas. Entre las bajas más evidentes se encuentra una política exterior no alineada. La diplomacia mexicana es hoy mucho más cercana a los intereses de Washington de lo que estuvo con el PRI. En asuntos como el de las relaciones con Cuba, México se ha alineado a los intereses estadunidenses con verdadera convicción. Lejos de cuestionar el unilateralismo de la Casa Blanca, nuestro país lo ha aceptado prácticamente sin condiciones.
Ciertamente, este acercamiento no es producto exclusivo de los cambios surgidos en el mundo a raíz del ataque a las Torres Gemelas, pero los nuevos tiempos la han hecho aparecer como más natural. Entre los gobiernos conservadores y gerenciales de George W. Bush y Vicente Fox hay una identidad de largo aliento que se habría hecho patente en cualquier circunstancia, pero la nueva coyuntura internacional le ha dado a esta cercanía mayor legitimidad. El canciller Jorge G. Castañeda ha hecho de la subordinación a la política de Washington un instrumento para labrar su poder en México, pero el nuevo papel desempeñado por nuestros vecinos del norte le ha facilitado las cosas.
El ataque a las Torres Gemelas canceló la posibilidad de pactar un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, endureció las medidas policiacas en contra de los mexicanos que cruzan sin papeles la frontera y provocó graves problemas de tránsito y calidad de vida entre Tijuana y Matamoros. Tan sólo en los primeros seis meses de este año han muerto 175 migrantes mexicanos, contra 134 que fallecieron el año pasado. En 2001 el número de indocumentados detenidos fue 21 por ciento superior al de 1994, fecha en que se inaugura el operativo Guardián.
Esta creciente subordinación del nuevo equipo gobernante a Washington no es, sin embargo, bien vista dentro del país. Las genuinas expresiones de indignación y duelo que los ataques terroristas provocaron, trataron de ser aprovechadas desde Tlatelolco y Los Pinos para justificar el alineamiento incondicional con la política exterior estadunidense. La maniobra no tuvo éxito. Una encuesta de Gallup mostró cómo la opinión pública mexicana rechazaba las incursiones militares de sus vecinos del norte. El cambio de rumbo en las relaciones con Cuba ha tenido un costo político nada despreciable para Vicente Fox.
La intervención militar estadunidense revivió en círculos académicos de izquierda una visión clásica del antimperialismo. El sentimiento antiestadunidense sigue estando muy arraigado en muchos mexicanos, entre los que se incluyen aquellos con parientes en Estados Unidos o experiencia como migrantes. Sin embargo, no es una fuerza que movilice a la ciudadanía en las calles. Las manifestaciones contra la ofensiva bélica en Afganistán y por la paz fueron escasas y poco concurridas.
Lo mismo sucedió con la tentación gubernamental de subirse a la ola mundial "antiterrorista" para presionar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ciertamente, el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, advirtió a los rebeldes sobre las consecuencias negativas que en esas circunstancias representaba no regresar al diálogo, pero la velada amenaza no pasó a mayores. Los zapatistas acababan de realizar una enorme demostración de fuerza y habían mostrado una incuestionable legitimidad. La tentación de justificar una ofensiva en su contra en el contexto de la cruzada internacional contra el terror habría sido un enorme disparate político.
Absortos por los procesos de renovación de sus directivas nacionales, los partidos políticos desempeñaron un papel muy limitado en el análisis de los cambios ocurridos en el mundo desde el 11 de septiembre. El silencio de los zapatistas, probablemente la formación política que más reflexión teórica innovadora ha hecho en nuestro país sobre el neoliberalismo y las guerras, dejó un hueco analítico en la izquierda que no fue cubierto por ninguna otra fuerza.
El debate sobre el significado de este acontecimiento se concentró, sobre todo, en los medios de comunicación escritos. En La Jornada, intelectuales mexicanos como Pablo González Casanova, Adolfo Gilly o Carlos Montemayor (por citar sólo a algunos) compartieron sus reflexiones con los lectores mexicanos. Críticos y periodistas como Noam Chomsky, Robert Fisk, John Berger, Gore Vidal, Edward Said, James Petras e Immanuel Wallerstein (entre muchos más) ayudaron a informar y educar al público.
A un año del 11 de septiembre, la izquierda mexicana sigue teniendo una deuda pendiente con la sociedad y consigo misma. Si no es capaz de explicar(se) cómo ha cambiado el mundo no será capaz de transformarlo.
